/ jueves 28 de octubre de 2021

Fuera de Agenda | Le decían el fiscal de hierro

Su carrera en la PGR comenzó en 1973, el año de la creación de la DEA, cuando el entonces procurador Pedro Ojeda Paullada lo invitó como ministerio público federal. A partir de entonces cada episodio que a Javier Coello Trejo le tocó vivir como funcionario de la dependencia, podría ser una fotografía del álbum pérdido de la hoy Fiscalía General de la República

Las memorias de ex subprocurador encargado de la lucha contra el narcotráfico (1988-1990) en el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, son un documento cuyo valor reside en los pasajes desconocidos que aportan información para entender el origen del desastre que hoy vive la procuración de justicia en el país.

Coello tituló a sus memorias “El fiscal de Hierro”, mote que asegura se lo puso el presidente José López Portillo por su actitud que hoy sería poco ortodoxa para encarar las investigaciones ministeriales. El ex abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex acusado de diversos delitos, fija el momento de su relato en los años setenta en el despegue de una carrera como agente del ministerio público federal bajo el mando del procurador Oscar Flores Sánchez, quien ocupó la titularidad de la PGR durante el sexenio de Lopez Portillo.

En su texto reconoce el mérito de Flores Sánchez de haber separado el manejo político de la procuración de justicia, algo que ni por asomo sucede hoy día, porque “cuanto se mezcla la política con la justicia se termina el estado de derecho”.

El libro aporta detalles de diversos casos que por su relevancia conviene contrastar a la luz de la documentación que se ha liberado sobre algunos temas y personajes. El primero sería Flores Sánchez, el hombre nacido en Parral con quien Coello se desvive en elogios sin mencionar las redes de intereses con el narcotráfico desde su época de gobernador de Chihuahua. Documentos de la DFS señalan que en su paso como mandatario el jefe de la policía Ambrosio Gutiérrez y el procurador del estado Antonio Quezada Fornelli, protegían las redes de distribución de heroína que entraba por Ciudad Juárez a los Estados Unidos.

Pese a que habla en su libro del destacado papel que tuvieron sus investigaciones, con el respaldo presidencial y el apoyo incondicional del procurador, Coello menciona de forma muy superficial las relaciones de varios comandantes de la Policía Judicial Federal con los jefes del narco. Llama la atención que pasara por alto el golpe que significó para las redes de protección al interior de la PGR la muerte en 1978 de Pedro Avilés Pérez, el legendario “León de la Sierra”, a manos del grupo de agentes de la PJF que iban al mando del comandante Luis Huaracha López, quien tuvo que salir de emergencia de Sinaloa en aquella época ante la magnitud del caso en que se vio envuelto.

Coello queda a deber cuando habla del caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, a quien identifica como una “agente doble”, que trabajaba para el narco y para su gobierno.

Lo mismo sucede con la red de protección oficial alrededor de Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido por agentes bajo su mando en abril de 1989. Ni qué decir de Amado Carrillo Fuentes, una historia de la que se guardó la mejor parte.

Su carrera en la PGR comenzó en 1973, el año de la creación de la DEA, cuando el entonces procurador Pedro Ojeda Paullada lo invitó como ministerio público federal. A partir de entonces cada episodio que a Javier Coello Trejo le tocó vivir como funcionario de la dependencia, podría ser una fotografía del álbum pérdido de la hoy Fiscalía General de la República

Las memorias de ex subprocurador encargado de la lucha contra el narcotráfico (1988-1990) en el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, son un documento cuyo valor reside en los pasajes desconocidos que aportan información para entender el origen del desastre que hoy vive la procuración de justicia en el país.

Coello tituló a sus memorias “El fiscal de Hierro”, mote que asegura se lo puso el presidente José López Portillo por su actitud que hoy sería poco ortodoxa para encarar las investigaciones ministeriales. El ex abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex acusado de diversos delitos, fija el momento de su relato en los años setenta en el despegue de una carrera como agente del ministerio público federal bajo el mando del procurador Oscar Flores Sánchez, quien ocupó la titularidad de la PGR durante el sexenio de Lopez Portillo.

En su texto reconoce el mérito de Flores Sánchez de haber separado el manejo político de la procuración de justicia, algo que ni por asomo sucede hoy día, porque “cuanto se mezcla la política con la justicia se termina el estado de derecho”.

El libro aporta detalles de diversos casos que por su relevancia conviene contrastar a la luz de la documentación que se ha liberado sobre algunos temas y personajes. El primero sería Flores Sánchez, el hombre nacido en Parral con quien Coello se desvive en elogios sin mencionar las redes de intereses con el narcotráfico desde su época de gobernador de Chihuahua. Documentos de la DFS señalan que en su paso como mandatario el jefe de la policía Ambrosio Gutiérrez y el procurador del estado Antonio Quezada Fornelli, protegían las redes de distribución de heroína que entraba por Ciudad Juárez a los Estados Unidos.

Pese a que habla en su libro del destacado papel que tuvieron sus investigaciones, con el respaldo presidencial y el apoyo incondicional del procurador, Coello menciona de forma muy superficial las relaciones de varios comandantes de la Policía Judicial Federal con los jefes del narco. Llama la atención que pasara por alto el golpe que significó para las redes de protección al interior de la PGR la muerte en 1978 de Pedro Avilés Pérez, el legendario “León de la Sierra”, a manos del grupo de agentes de la PJF que iban al mando del comandante Luis Huaracha López, quien tuvo que salir de emergencia de Sinaloa en aquella época ante la magnitud del caso en que se vio envuelto.

Coello queda a deber cuando habla del caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, a quien identifica como una “agente doble”, que trabajaba para el narco y para su gobierno.

Lo mismo sucede con la red de protección oficial alrededor de Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido por agentes bajo su mando en abril de 1989. Ni qué decir de Amado Carrillo Fuentes, una historia de la que se guardó la mejor parte.