/ jueves 9 de abril de 2020

Fuera de Agenda | Sin cuarentena

La preocupación por el fuerte impacto sanitario y económico del Covid-19 en el país, ha colocado en segundo plano de manera momentánea la violencia criminal que por estos días añadió un ingrediente más de intraquilidad al interior del gabinete de seguridad.

En al menos 11 entidades del país se han reportado saqueos en supermercados y tiendas departamentales. Las imágenes de algunos municipios del Estado de México no son únicas, hay reportes de otros lugares donde el origen de los llamados se atribuyó a la delincuencia organizada. En algunos casos fueron ataques coordinados, alentados vía redes sociales, donde aprovecharon los tumultos de gente para ir por electrodomésticos y enseres fáciles de comercializar.

Estos sucesos alertaron a la Guardia Nacional que reaccionaron con despliegues de disuación en algunos sitios. Sin embargo, varios analistas ya alertaron que las condiciones para un deterioro en la seguridad en México están dadas por la emergencia sanitaria que acentuó el desempleo, aceleró la premura económica de familias de ingreso medio que ya enfrentan carestía y falta de circulante.

Cada día crecen los reclamos desesperados de miles de pequeños y medianos comerciantes en todo el territorio nacional, ya que la cuarentena los mandó a la quiebra total.

El crecimiento de la delincuencia común es un factor de riesgo que ya está presente en los reportes oficiales que se han generado desde hace semanas, cuando hubo un cambio en la percepción presidencial sobre el impacto del Covid-19.

El crimen organizado trae su propia agenda y quedó demostrado en Tamaulipas el sábado paado cuando un grupo que se identificó como parte del llamado Cartel del Golfo repartió despensas con productos básicos a la población de algunas colonias de Ciudad Victoria. El hecho, en medio de la crisis sanitaria, fue visto como un desafío de un grupo armado de Matamoros contra sus adversarios en esta zona del estado.

La cuarentena no ha impedido que las facciones armadas de organizaciones criminales con sede en Ciudad Juárez, y sus enemigos en Sonora y Sinaloa, dejen de pelear por territorios. La lectura detrás del asesinato de 19 individuos el viernes pasado en un aparente choque entre La Línea y los Salazar, socios de los sinaloenses, en la zona serrana del municipio chihuahuaense de Madera, fue por tratar de controlar un paso estratégico para el trasiego de droga en esta parte del país.

Sin embargo el hecho que más preocupa en este momento por las implicaciones que tendrá en la agenda binacional, es el ataque a tiros y persecución del que fue objeto el jefe en El Paso, Texas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el pasado 30 de marzo en Ciudad Juárez.

Lo más delicado del asunto es que quienes persiguieron al funcionario estadounidense fueron policías muicipales. Se sabe de tiempo atrás que este tipo de cuerpos policiacos son vistos por los estadounidenes como la primera línea del crimen organizado en México.

El último reporte sobre el caso es que el FBI y el Departamento de Estado ya investigan el asunto, el cual aparentemente intentó ocultar el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez.

La preocupación por el fuerte impacto sanitario y económico del Covid-19 en el país, ha colocado en segundo plano de manera momentánea la violencia criminal que por estos días añadió un ingrediente más de intraquilidad al interior del gabinete de seguridad.

En al menos 11 entidades del país se han reportado saqueos en supermercados y tiendas departamentales. Las imágenes de algunos municipios del Estado de México no son únicas, hay reportes de otros lugares donde el origen de los llamados se atribuyó a la delincuencia organizada. En algunos casos fueron ataques coordinados, alentados vía redes sociales, donde aprovecharon los tumultos de gente para ir por electrodomésticos y enseres fáciles de comercializar.

Estos sucesos alertaron a la Guardia Nacional que reaccionaron con despliegues de disuación en algunos sitios. Sin embargo, varios analistas ya alertaron que las condiciones para un deterioro en la seguridad en México están dadas por la emergencia sanitaria que acentuó el desempleo, aceleró la premura económica de familias de ingreso medio que ya enfrentan carestía y falta de circulante.

Cada día crecen los reclamos desesperados de miles de pequeños y medianos comerciantes en todo el territorio nacional, ya que la cuarentena los mandó a la quiebra total.

El crecimiento de la delincuencia común es un factor de riesgo que ya está presente en los reportes oficiales que se han generado desde hace semanas, cuando hubo un cambio en la percepción presidencial sobre el impacto del Covid-19.

El crimen organizado trae su propia agenda y quedó demostrado en Tamaulipas el sábado paado cuando un grupo que se identificó como parte del llamado Cartel del Golfo repartió despensas con productos básicos a la población de algunas colonias de Ciudad Victoria. El hecho, en medio de la crisis sanitaria, fue visto como un desafío de un grupo armado de Matamoros contra sus adversarios en esta zona del estado.

La cuarentena no ha impedido que las facciones armadas de organizaciones criminales con sede en Ciudad Juárez, y sus enemigos en Sonora y Sinaloa, dejen de pelear por territorios. La lectura detrás del asesinato de 19 individuos el viernes pasado en un aparente choque entre La Línea y los Salazar, socios de los sinaloenses, en la zona serrana del municipio chihuahuaense de Madera, fue por tratar de controlar un paso estratégico para el trasiego de droga en esta parte del país.

Sin embargo el hecho que más preocupa en este momento por las implicaciones que tendrá en la agenda binacional, es el ataque a tiros y persecución del que fue objeto el jefe en El Paso, Texas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el pasado 30 de marzo en Ciudad Juárez.

Lo más delicado del asunto es que quienes persiguieron al funcionario estadounidense fueron policías muicipales. Se sabe de tiempo atrás que este tipo de cuerpos policiacos son vistos por los estadounidenes como la primera línea del crimen organizado en México.

El último reporte sobre el caso es que el FBI y el Departamento de Estado ya investigan el asunto, el cual aparentemente intentó ocultar el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez.