Desde el interior del Ejército los rumores aumentan en torno a que entre el generalato, no todo es tan impoluto y virtuoso, como observa desde su mirada facciosa y su discurso demagógico el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las señales sobre los malos manejos en las adjudicaciones de contratos en las obras públicas encomendadas a la secretaría de la Defensa Nacional, y el discurso político partidista del pasado 20 de noviembre del general Luis Crescencio Sandoval González, han marcado un antes y un después en la credibilidad e institucionalidad de quienes encabezan la dependencia.
Las evidencias de prácticas corruptas detrás de la construcción del aeropuerto “Felipe Angeles” en Santa Lucía, han puesto en el reflector a dos generales que han estado al frente de la Oficialía Mayor en la primera mitad del sexenio. El primero el divisionario en retiro David Córdoba Campos, y el segundo el actual subsecretario de la Sedena, el general Agustín Radilla Suástegui, que en septiembre pasado dejó el cargo. Se suma el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable del proyecto al mando de los ingenieros militares. Los tres en diferentes momentos han sido los encargados de la autorización y manejo de los recursos para la realización de esta obra.
Una revisión de 966 contratos para la construcción del nuevo aeropuerto hecha por la reportera Isabella González del portal Latinus, encontró que siete de cada 10 fueron adjudicados de manera directa, omitiendo controles para evitar actos ilegales. Aparecieron empresas fantasma con direcciones inexistentes, como el caso de Eficaren Eficiencia y Calidad en Rentas S de RL de CV, a la que se le dieron cinco contratos por cinco millones de pesos.
Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dado a conocer hace unos días, registró que en 2020 la Sedena otorgó contratos por 199 millones de pesos a empresas que tenían menos de un año de existencia, algunas de ellas creadas ex profeso. El caso modelo es el de Distribuidora Yovic, creada en junio y que recibió 10 contratos por un total de un millón 900 mil pesos para adquisición de refacciones para maquinaria pesada. Llama la atención que la dirección fiscal que proporcionó no existe y el contrato lo recibió 22 días después de creada.
Entre los militares se sabe que el cargo de titular de la Sedena es un cargo político. Respaldar el proyecto del presidente en turno ha sido moneda de cambio, antes lo hicieron Hermenegildo Cuenca Díaz con Luis Echeverría y Félix Galván López con José López Portillo. Ambos como López Obrador usaron para sus fines la disciplina, lealtad y el secreto que caracteriza a las fuerzas armadas a un costo muy alto para la institución. Un decreto para considerar de seguridad nacional y reservar la información de las obras emblemáticas del sexenio abona a ello.
Fe de erratas
La columna pasada “Generales a mitad de sexenio” decía que el general Armando Montaño Ponce era jefe de Estado Mayor en la décima región militar, el cargo lo dejó el año pasado es el actual subjefe de doctrina militar del EMDN. El general Pablo Alberto Lechuga Orta es comandante de la cuarta región militar en Monterrey, NL. y no de Inspector y Contralor General del Ejército como se publicó.
