Para el gobierno lograr apaciguar la violencia que azota al país es necesario fortalecer al sector social de la economía (cooperativas, talleres familiares, micro empresas) en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios, y auspiciar su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones, así como asegurar un pleno respeto y promoción de los derechos humanos.
La tentación de restablecer la legalidad con métodos violatorios de los derechos humanos es absurda, moralmente inaceptable y contraproducente por diversas razones. Una autoridad que pretenda imponer la ley por medios ilegales incurre en una contradicción flagrante y pierde rápidamente el respeto y la credibilidad entre sus gobernados. La infracción a los derechos de la población por parte del poder público genera cinismo social, impulsa las conductas delictivas que se pretendía combatir y siembra las semillas de la ingobernabilidad.
Las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetuan en la impunidad. Cada atropello no esclarecido, sancionado y reparado fomenta la repetición y la expansión de la arbitrariedad, el abuso de autoridad, la extralimitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la población y el rencor hacia las instituciones.
Es necesario, por ello, realizar las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos de recomendaciones de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos y garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales.
Asimismo, se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de Derechos Humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno.
Se pondrá en libertad, en observancia de las formalidades legales que correspondan, a todas aquellas personas que, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, y se buscarán las vías para dejar sin efecto imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de protesta legal y pacífica.
Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder, y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.
OTRO PUNTO RELEVANTE ES LA REGENERACIÓN ÉTICA DE LA SOCIEDAD
En el ciclo neoliberal el poder público no sólo abandonó a su suerte a la población para ponerse al servicio de las grandes fortunas nacionales y extranjeras sino que, en conjunto con los poderes económicos, emprendió desde hace tres décadas un sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia y el éxito material como valores morales supremos, en detrimento de la organización gregaria, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad que han caracterizado a la población mexicana y que hunden sus raíces históricas en el modelo civilizatorio mesoamericano.
Particularmente entre los jóvenes, la exaltación del dinero y las posesiones materiales y superfluas, aunadas a un entorno que les niega espacios educativos y plazas laborales, ha generado frustración y facilitado actitudes antisociales.
La crisis de valores y de convivencia que constituye uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad se origina a su vez, en buena medida, en el resentimiento social a causa de la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de realización que se deriva de la supresión de mecanismos de movilidad social.
El estilo de vida inducido por la cultura neoliberal y consumista, propuesto como una forma de vida para todos los mexicanos reiterada en los medios masivos de comunicación, en el que lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo, ha generado frustración social, particularmente en los jóvenes, quienes en forma desbordada buscan ese estatus y terminan por orientar sus anhelos apoyados en la delincuencia.
Esa crisis se ha ahondado como consecuencia de la contraproducente estrategia de persecución y represión de la delincuencia, en la cual autoridades de los tres niveles de gobierno han usado el “combate al narcotráfico” como justificación para minimizar y soslayar, si no es que promover, actos ilegales y violaciones a los derechos humanos.
Ante este panorama, la regeneración moral es al mismo tiempo un medio y un propósito de la Cuarta Transformación.
Más allá de encargar la redacción de una Constitución Moral que proponga nuevas actitudes en la relación entre individuos y entre éstos y el colectivo, además de enfatizar la cultura cívica y ética en los programas de estudio y en la comunicación oficial, la regeneración ética será la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior; será, asimismo, una convocatoria permanente a toda la sociedad para retomar principios gregarios y remontar el grave deterioro del tejido social.
