/ martes 23 de julio de 2019

Golpe brutal a la Constitución Política de México

  • Un recuento histórico muestra ejemplos emblemáticos sobre la tentación de permanecer por años en el poder: Antonio López de Santa Anna, dictador vitalicio que se hacía llamar "Alteza Serenísima"; Benito Juárez García, que buscaba un tercer período presidencial y fallece el 18 de julio de 1872; Porfirio Díaz, quien paradójicamente se sublevó contra Benito Juárez.

"Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales", artículo 105, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En un país que se precie de ser democrático, es fundamental que los actores políticos acepten y respeten el resultado de la voluntad popular, porque de antemano conocieron y estuvieron de acuerdo con las reglas acordadas y pactadas para competir. El titular del Poder Ejecutivo (federal o local), así como los representantes de los congresos, son elegidos por el voto universal, libre, secreto y directo de los electores, para un periodo determinado. Pretender cambiar, so pretexto de una mayoría representativa, el período del cargo, sencillamente es un fraude a los electores y una violación al orden constitucional.

La recién votada reforma en Baja California para que el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez -petista, morenista y, por cierto, cobijado, por acción u omisión, por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y por partidos locales, el de Baja California y Transformemos-, ejerza el cargo por cinco años y no por dos, como ya estaba estipulado, es una muestra de cinismo y falta de respeto a las instituciones. Como candidato, ya había intentado empujar la modificación constitucional, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad electoral, no aceptó la ampliación del mandato y resolvió, el pasado 29 de mayo, que la duración de la gestión del mandatario estatal, electo el 2 de junio, sería de dos años.

Lamentable es que militantes de Acción Nacional, que llegaron al congreso por y para representar al partido, hayan faltado a su ética, honorabilidad y dignidad, ¡qué pronto olvidaron que fueron arropados por nuestro instituto político y por él, ocuparon cargos importantes! El hecho de que se haya iniciado el proceso de expulsión de estos "morenistas" disfrazados de "panistas", obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad del PAN de tomar medidas drásticas para sancionar a todos los militantes que lo traicionen y para hacer que todos vivamos en estricta congruencia a sus principios y valores de doctrina.

La gestión bianual no es nueva y es consecuencia de una reforma en 2014 para empatar elecciones locales con las federales; en Puebla y Veracruz se realizaron modificaciones a las constituciones locales -previas a sus procesos electorales-, para tal efecto. El respeto a la Constitución, por parte de los actores políticos, debe ser en todo momento. No valen las interpretaciones a modo o las justificaciones falaces en nombre de la elección del candidato y no del período. Es absurdo decir que como Morena arrasó y la correlación de fuerzas políticas cambió, entonces hay que cambiar la Constitución local. Vaya manera en la que se justifica esta forma de fraude electoral, esta silenciosa pero evidente complicidad entre el gobernador electo y los legisladores de todos los partidos políticos, al desconocer la voluntad del pueblo bajacaliforniano, que votó por un gobernador de dos años.

Las reglas fueron claras desde el principio; si no se estaba de acuerdo con ellas, ¿para qué se postuló en 2019? El cambio constitucional solo deja ver la imposición, el autoritarismo y la simulación de los representantes de la 4t. Estamos frente a la arbitrariedad del poder político y la falta de respeto a la ley, síntomas que pueden reproducirse en otros estados.

Afortunadamente, la norma jurídica tiene mecanismos para evitar excesos en el ejercicio del poder político, es decir, contempla medios de control constitucional para limitar ese poder dentro del Estado; para vigilar que haya correspondencia entre el poder político ejercido y lo mandatado por la Constitución. Dice Miguel Covián Andrade, en su texto de Teoría Constitucional, que “...debe haber un control de constitucionalidad del poder político en cuanto a su origen, a su ejercicio y a sus fines”, lo cual significa que si esta reforma llegara a publicarse en el periódico oficial de la entidad, se tiene la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad (que se precisa en el artículo 105, fracción II, de nuestra Carta Magna: cuando “...tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”).

A sabiendas de que puede ejercerse dicha facultad, la Comisión Permanente se manifestó en contra de la decisión del Congreso de Baja California de reformar su Constitución -bajo el decreto número 112- para ampliar el mandato de gobierno de dos a cinco años y exhortó tanto al gobierno como a los ayuntamientos, a dejar sin efecto la reforma aprobada el pasado 8 de julio.

Reconozco la sensatez, congruencia y apego al marco constitucional del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien propuso la disolución de poderes en Baja California y calificó de "gravísima e insólita" dicha reforma.

Entre este proceso de ampliación y reelección, la línea es muy delgada. Ampliar un período de gobierno, sin ser resultado de una contienda electoral, es una reelección impuesta. Perpetuarse en el poder público es una tentación constante para los actores políticos, más cuando alardean de una supuesta mayoría de electores que les autoriza a hacer, deshacer y desconocer la norma.

Un recuento histórico muestra ejemplos emblemáticos sobre la tentación de permanecer por años en el poder: Antonio López de Santa Anna, dictador vitalicio que se hacía llamar "Alteza Serenísima"; Benito Juárez García, que buscaba un tercer período presidencial y fallece el 18 de julio de 1872; Porfirio Díaz, quien paradójicamente se sublevó contra Benito Juárez -por la intentona de seguir en el cargo presidencial- y se queda tres décadas en Palacio Nacional.

Los procesos para lograr la reelección (directa o indirecta) han sido varios. Álvaro Obregón logró modificar la Constitución, al derogar la prohibición de reelección (gana las elecciones y ya como presidente electo, fue asesinado en la Ciudad de México). Cuenta la historia que Plutarco Elías Calles, en el período conocido como el "Maximato", gobernó de facto hasta que ganó el General Lázaro Cárdenas del Río, quien lo sacó una noche de su casa -en pijama-, lo subió a un avión y lo mandó a Estados Unidos.

En los años setentas, la ambición transexenal de Luis Echeverría obligó al entonces presidente José López Portillo (su amigo de la infancia) a enviarlo al exterior como embajador ante Australia y Nueva Zelanda. Y ya en la etapa neoliberal, se ubican los "experimentos" para perpetuarse indirectamente en el poder, de Carlos Salinas de Gortari, con Gonzalo Martínez Corbalá, en San Luis Potosí; Ernesto Zedillo, con Víctor Cervera Pacheco, en Yucatán, y otros casos bajo la activa participación de ex Primeras Damas.

Nuestro papel como oposición es exigir el cumplimiento de la ley para impedir los abusos del poder, denunciar las simulaciones y frenar las tentaciones de la autoridad para violentar la voluntad popular. Una y otra vez tenemos que evidenciar que a esta 4t lo que menos le importa es el interés superior de las y los mexicanos. Morena se niega a reconocer la corrupción que priva en su interior; la corrupción en Morena tiene otra cara y le llaman "transformación". No existe el cambio que ofrecieron, pues sí han mentido y robado. El tiempo acomodará las cosas tal cual son.

También es nuestro deber señalar la deslealtad, falta de ética e irresponsabilidad de todos esos legisladores que, en un afán mercenario, imperan en todos los partidos políticos. No podemos permitirnos bajar la guardia.

SEAMOS SERIOS

“La ampliación del mandato obedece a una petición de la ciudadanía...”, declaración de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena para justificar lo ética y legalmente injustificable, la acción inconstitucional del Congreso de Baja California. Muestra inequívoca de no respetar ni la ley ni a las instituciones. Evidencia del fraude de la 4t. Seamos serios.


  • Un recuento histórico muestra ejemplos emblemáticos sobre la tentación de permanecer por años en el poder: Antonio López de Santa Anna, dictador vitalicio que se hacía llamar "Alteza Serenísima"; Benito Juárez García, que buscaba un tercer período presidencial y fallece el 18 de julio de 1872; Porfirio Díaz, quien paradójicamente se sublevó contra Benito Juárez.

"Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales", artículo 105, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En un país que se precie de ser democrático, es fundamental que los actores políticos acepten y respeten el resultado de la voluntad popular, porque de antemano conocieron y estuvieron de acuerdo con las reglas acordadas y pactadas para competir. El titular del Poder Ejecutivo (federal o local), así como los representantes de los congresos, son elegidos por el voto universal, libre, secreto y directo de los electores, para un periodo determinado. Pretender cambiar, so pretexto de una mayoría representativa, el período del cargo, sencillamente es un fraude a los electores y una violación al orden constitucional.

La recién votada reforma en Baja California para que el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez -petista, morenista y, por cierto, cobijado, por acción u omisión, por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y por partidos locales, el de Baja California y Transformemos-, ejerza el cargo por cinco años y no por dos, como ya estaba estipulado, es una muestra de cinismo y falta de respeto a las instituciones. Como candidato, ya había intentado empujar la modificación constitucional, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad electoral, no aceptó la ampliación del mandato y resolvió, el pasado 29 de mayo, que la duración de la gestión del mandatario estatal, electo el 2 de junio, sería de dos años.

Lamentable es que militantes de Acción Nacional, que llegaron al congreso por y para representar al partido, hayan faltado a su ética, honorabilidad y dignidad, ¡qué pronto olvidaron que fueron arropados por nuestro instituto político y por él, ocuparon cargos importantes! El hecho de que se haya iniciado el proceso de expulsión de estos "morenistas" disfrazados de "panistas", obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad del PAN de tomar medidas drásticas para sancionar a todos los militantes que lo traicionen y para hacer que todos vivamos en estricta congruencia a sus principios y valores de doctrina.

La gestión bianual no es nueva y es consecuencia de una reforma en 2014 para empatar elecciones locales con las federales; en Puebla y Veracruz se realizaron modificaciones a las constituciones locales -previas a sus procesos electorales-, para tal efecto. El respeto a la Constitución, por parte de los actores políticos, debe ser en todo momento. No valen las interpretaciones a modo o las justificaciones falaces en nombre de la elección del candidato y no del período. Es absurdo decir que como Morena arrasó y la correlación de fuerzas políticas cambió, entonces hay que cambiar la Constitución local. Vaya manera en la que se justifica esta forma de fraude electoral, esta silenciosa pero evidente complicidad entre el gobernador electo y los legisladores de todos los partidos políticos, al desconocer la voluntad del pueblo bajacaliforniano, que votó por un gobernador de dos años.

Las reglas fueron claras desde el principio; si no se estaba de acuerdo con ellas, ¿para qué se postuló en 2019? El cambio constitucional solo deja ver la imposición, el autoritarismo y la simulación de los representantes de la 4t. Estamos frente a la arbitrariedad del poder político y la falta de respeto a la ley, síntomas que pueden reproducirse en otros estados.

Afortunadamente, la norma jurídica tiene mecanismos para evitar excesos en el ejercicio del poder político, es decir, contempla medios de control constitucional para limitar ese poder dentro del Estado; para vigilar que haya correspondencia entre el poder político ejercido y lo mandatado por la Constitución. Dice Miguel Covián Andrade, en su texto de Teoría Constitucional, que “...debe haber un control de constitucionalidad del poder político en cuanto a su origen, a su ejercicio y a sus fines”, lo cual significa que si esta reforma llegara a publicarse en el periódico oficial de la entidad, se tiene la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad (que se precisa en el artículo 105, fracción II, de nuestra Carta Magna: cuando “...tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”).

A sabiendas de que puede ejercerse dicha facultad, la Comisión Permanente se manifestó en contra de la decisión del Congreso de Baja California de reformar su Constitución -bajo el decreto número 112- para ampliar el mandato de gobierno de dos a cinco años y exhortó tanto al gobierno como a los ayuntamientos, a dejar sin efecto la reforma aprobada el pasado 8 de julio.

Reconozco la sensatez, congruencia y apego al marco constitucional del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien propuso la disolución de poderes en Baja California y calificó de "gravísima e insólita" dicha reforma.

Entre este proceso de ampliación y reelección, la línea es muy delgada. Ampliar un período de gobierno, sin ser resultado de una contienda electoral, es una reelección impuesta. Perpetuarse en el poder público es una tentación constante para los actores políticos, más cuando alardean de una supuesta mayoría de electores que les autoriza a hacer, deshacer y desconocer la norma.

Un recuento histórico muestra ejemplos emblemáticos sobre la tentación de permanecer por años en el poder: Antonio López de Santa Anna, dictador vitalicio que se hacía llamar "Alteza Serenísima"; Benito Juárez García, que buscaba un tercer período presidencial y fallece el 18 de julio de 1872; Porfirio Díaz, quien paradójicamente se sublevó contra Benito Juárez -por la intentona de seguir en el cargo presidencial- y se queda tres décadas en Palacio Nacional.

Los procesos para lograr la reelección (directa o indirecta) han sido varios. Álvaro Obregón logró modificar la Constitución, al derogar la prohibición de reelección (gana las elecciones y ya como presidente electo, fue asesinado en la Ciudad de México). Cuenta la historia que Plutarco Elías Calles, en el período conocido como el "Maximato", gobernó de facto hasta que ganó el General Lázaro Cárdenas del Río, quien lo sacó una noche de su casa -en pijama-, lo subió a un avión y lo mandó a Estados Unidos.

En los años setentas, la ambición transexenal de Luis Echeverría obligó al entonces presidente José López Portillo (su amigo de la infancia) a enviarlo al exterior como embajador ante Australia y Nueva Zelanda. Y ya en la etapa neoliberal, se ubican los "experimentos" para perpetuarse indirectamente en el poder, de Carlos Salinas de Gortari, con Gonzalo Martínez Corbalá, en San Luis Potosí; Ernesto Zedillo, con Víctor Cervera Pacheco, en Yucatán, y otros casos bajo la activa participación de ex Primeras Damas.

Nuestro papel como oposición es exigir el cumplimiento de la ley para impedir los abusos del poder, denunciar las simulaciones y frenar las tentaciones de la autoridad para violentar la voluntad popular. Una y otra vez tenemos que evidenciar que a esta 4t lo que menos le importa es el interés superior de las y los mexicanos. Morena se niega a reconocer la corrupción que priva en su interior; la corrupción en Morena tiene otra cara y le llaman "transformación". No existe el cambio que ofrecieron, pues sí han mentido y robado. El tiempo acomodará las cosas tal cual son.

También es nuestro deber señalar la deslealtad, falta de ética e irresponsabilidad de todos esos legisladores que, en un afán mercenario, imperan en todos los partidos políticos. No podemos permitirnos bajar la guardia.

SEAMOS SERIOS

“La ampliación del mandato obedece a una petición de la ciudadanía...”, declaración de Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena para justificar lo ética y legalmente injustificable, la acción inconstitucional del Congreso de Baja California. Muestra inequívoca de no respetar ni la ley ni a las instituciones. Evidencia del fraude de la 4t. Seamos serios.


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