/ lunes 26 de marzo de 2018

Inexplicable tibieza de la autoridad política del estado ante el ataque al orden legal vigente del IAIP-Tlaxcala


  • Alzamiento con matices machistas contra Marlene Alonso, la presidenta legítimamente electa
  • El libre acceso a la información, eficaz arma contra la opacidad de las administraciones públicas
  • ¿A quien o a quienes interesa dejar al órgano garante de la transparencia en manos de dos golpistas?


Donde rige el Derecho -así, con la primera letra de la palabra escrita con mayúscula- los asuntos de la gobernabilidad han de resolverse en el ámbito del más estricto acatamiento a la ley. Empero, si quienes tienen la obligación de observarla la ignoran o la transgreden entonces es la política la que ha de tomar los dichos asuntos bajo su responsabilidad, actuando en consecuencia, con prudencia sí, pero con firmeza, oportunidad y determinación. Valga este preámbulo como introducción a un tema que lleva meses sin solucionarse y que -no sé si para bien o para mal- ha puesto al descubierto los muchos vicios que desde hace lustros se vienen arrastrando en Tlaxcala.


ACIERTO DEMOCRÁTICO DE FOX

Voy a referirme a la anárquica situación que se vive al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el IAIP-Tlax por sus siglas abreviadas, pero antes de entrar en materia permítaseme un breve comentario sobre el derecho que asiste a los mexicanos de tener acceso a los documentos que se generan en los distintos niveles de la administración pública. Ese derecho es de vigencia reciente y se debe -todo hay que decirlo- a una iniciativa de Vicente Fox, a la sazón presidente de la República. La decisión del mandatario de la primera alternancia fue la única agradecible que tomó a lo largo de todo el sexenio que tuvo en su manos la conducción política del país.


INTEGRACIÓN DEL CONSEJO EN TLAXCALA

En Tlaxcala, el Instituto de Acceso a la Información Pública está gobernado por un Consejo General integrado por tres comisionados. De acuerdo con el decreto del Congreso local publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 30 de diciembre de 2016, los consejeros elegidos fueron, por un periodo de siete años, Marlene Alonso Meneses; de cinco, Francisco José Morones Servín, y de tres, José David Cabrera Canales. Conforme a lo mandado por tal decreto la consejera Alonso Meneses deberá desempeñarse como presidenta por el periodo para el que fue elegida. Tales disposiciones del órgano legislador eran conocidas por los consejeros, y con arreglo a ellas protestaron sus cargos.


¿GARANTE DE IMPARCIALIDAD?

Es de interés citar las palabras que pronunciara Lincoln Rodríguez, el diputado que en la pasada legislatura fungió como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, en ocasión de la designación de los consejeros. Al referirse al método seguido para su selección, dijo: “…se llevó al cabo con total transparencia...”. Luego, sin que nadie se lo preguntara, enfatizó: “…ninguno de los diputados tuvo intereses ajenos (sic) en el proceso…”. Y aún añadió “…no existió compromiso con nadie, con ningún partido, ni se trató de pago de cuotas, por lo que seremos respetuosos de la capacidad y experiencia de los aspirantes…”.


APROBACIÓN CONGRESIONAL

Vale señalar que al último tramo de ese proceso concurrieron quince postulantes, los que hubieron de presentar un examen escrito y otro oral, conducido este último por dos sinodales externos: Alejandro Romero Gudiño, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en la misma disciplina por la Universidad Panamericana, y Juan Pablo Aguirre Quezada, también doctor en Derecho y miembro del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El dictamen de la comisión legislativa competente -la presidida por Lincoln Rodríguez- se basó en las calificaciones emitidas por el sínodo. La propuesta fue sometido a la consideración del pleno del Congreso cuyos miembros la aprobaron por unanimidad.


AL FRENTE, UNA ABOGADA SIN MÁCULA

Repare usted, estimado lector, en el siguiente punto. Lo destaco porque es posible que, si no toda, buena parte del conflicto en el que actualmente está enmarañado el organismo se halle afectado por una cuestión de género. Pero me adelanto y no quiero confundir el relato. La consejera presidenta, así investida por el Congreso, asumió sus responsabilidades y las empezó a ejercer conforme a las normas de la institución. Llegaba al cargo la abogada Alonso Meneses sin compromisos y de esa forma actuó, tomando decisiones ahí donde tenía que hacerlo sin atender al pago de facturas que, de existir, no eran suyas. Era pues previsible que sobre ella se viniera todo un aluvión de presiones de la más variada naturaleza.


LOS CONSEJEROS VARONES

Al ver cómo las actuaciones apegadas a derecho de la presidenta frustraban sus afanes por apoderarse del instituto para usarlo en provecho propio, los consejeros Morones Servín y Cabrera Canales -más señaladamente este que aquel- acordaron asociarse para urdir el equivalente a un golpe de estado técnico, sin mirar que tergiversaban los términos de sus respectivas designaciones y que violentaban flagrantemente la legalidad. Todo, ante la pasividad cómplice de los miembros de la Comisión respectiva de la actual legislatura presidida -¿lo adivinó usted?- por el diputado Enrique Padilla Sánchez, el mismo personaje que condujo el proceso parlamentario que terminó dando luz verde al lamentablemente fallido y disfuncional Sistema Estatal Anticorrupción.


MONTONEROS Y DESLEALES

La estrategia de Morones y de Cabrera careció no solo de la más elemental decencia, sino también de sustento jurídico. Se basó en su supuesto derecho de destituir a la consejera presidenta mayoriteándola en el Consejo. ¡Y cómo no lo iban a conseguir los ínclitos varoncitos si eran dos contra una! No obstante lo grosero de su arbitrariedad, sin atender razones y sin disposición a ventilar racionalmente sus inconformidades, Morones y Cabrera consumaron el golpe y hasta se adueñaron de las oficinas del instituto. Ante el atropello, la presidenta Alonso hizo las denuncias correspondientes, obteniendo en todos los casos -no podía ser de otra manera- resoluciones favorables. Sé que no se sorprenderá usted si le digo que las dubitaciones corrieron por cuenta de los diputados, renuentes a someter a juicio político a los transgresores, privándolos del fuero que evita que sean tratados como lo que son, unos delincuentes comunes.


PERJUICIO A LA SOCIEDAD

Pese a que la presión mediática obligó a los consejeros sublevados a deponer su postura, los dos han insistido en entorpecer las funciones del IAIP-Tlax, privando con su actitud a la ciudadanía de los servicios que el instituto debe prestarle. El hecho no es cosa menor y revela que en Tlaxcala a los violadores de la ley no siempre se les aplica la penalidad que merecen. Vuelvo aquí al inicio de este artículo, concretamente al párrafo donde escribí: “…si quienes tienen la obligación de observar la ley la ignoran o la transgreden entonces es la autoridad política la que ha de tomar los dichos asuntos bajo su responsabilidad, actuando en consecuencia, con prudencia sí, pero con firmeza, oportunidad y determinación…”.


HORA DE INTERVENIR

Cuando los conflictos no se resuelven en las instancias que corresponden -en este caso el Congreso del Estado- toca a la Secretaría de Gobierno intervenir antes de que crezcan, afecten y contagien a otras instancias del engranaje institucional del estado. Y la solución de ninguna manera puede ser la disolución del Consejo, como algunos desinformados han apuntado; sería injusto con una mujer que ha defendido la legitimidad de su nombramiento, así como todas y cada una de las medidas que tomó como presidenta del organismo. Veremos y diremos.


  • Alzamiento con matices machistas contra Marlene Alonso, la presidenta legítimamente electa
  • El libre acceso a la información, eficaz arma contra la opacidad de las administraciones públicas
  • ¿A quien o a quienes interesa dejar al órgano garante de la transparencia en manos de dos golpistas?


Donde rige el Derecho -así, con la primera letra de la palabra escrita con mayúscula- los asuntos de la gobernabilidad han de resolverse en el ámbito del más estricto acatamiento a la ley. Empero, si quienes tienen la obligación de observarla la ignoran o la transgreden entonces es la política la que ha de tomar los dichos asuntos bajo su responsabilidad, actuando en consecuencia, con prudencia sí, pero con firmeza, oportunidad y determinación. Valga este preámbulo como introducción a un tema que lleva meses sin solucionarse y que -no sé si para bien o para mal- ha puesto al descubierto los muchos vicios que desde hace lustros se vienen arrastrando en Tlaxcala.


ACIERTO DEMOCRÁTICO DE FOX

Voy a referirme a la anárquica situación que se vive al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el IAIP-Tlax por sus siglas abreviadas, pero antes de entrar en materia permítaseme un breve comentario sobre el derecho que asiste a los mexicanos de tener acceso a los documentos que se generan en los distintos niveles de la administración pública. Ese derecho es de vigencia reciente y se debe -todo hay que decirlo- a una iniciativa de Vicente Fox, a la sazón presidente de la República. La decisión del mandatario de la primera alternancia fue la única agradecible que tomó a lo largo de todo el sexenio que tuvo en su manos la conducción política del país.


INTEGRACIÓN DEL CONSEJO EN TLAXCALA

En Tlaxcala, el Instituto de Acceso a la Información Pública está gobernado por un Consejo General integrado por tres comisionados. De acuerdo con el decreto del Congreso local publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 30 de diciembre de 2016, los consejeros elegidos fueron, por un periodo de siete años, Marlene Alonso Meneses; de cinco, Francisco José Morones Servín, y de tres, José David Cabrera Canales. Conforme a lo mandado por tal decreto la consejera Alonso Meneses deberá desempeñarse como presidenta por el periodo para el que fue elegida. Tales disposiciones del órgano legislador eran conocidas por los consejeros, y con arreglo a ellas protestaron sus cargos.


¿GARANTE DE IMPARCIALIDAD?

Es de interés citar las palabras que pronunciara Lincoln Rodríguez, el diputado que en la pasada legislatura fungió como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, en ocasión de la designación de los consejeros. Al referirse al método seguido para su selección, dijo: “…se llevó al cabo con total transparencia...”. Luego, sin que nadie se lo preguntara, enfatizó: “…ninguno de los diputados tuvo intereses ajenos (sic) en el proceso…”. Y aún añadió “…no existió compromiso con nadie, con ningún partido, ni se trató de pago de cuotas, por lo que seremos respetuosos de la capacidad y experiencia de los aspirantes…”.


APROBACIÓN CONGRESIONAL

Vale señalar que al último tramo de ese proceso concurrieron quince postulantes, los que hubieron de presentar un examen escrito y otro oral, conducido este último por dos sinodales externos: Alejandro Romero Gudiño, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en la misma disciplina por la Universidad Panamericana, y Juan Pablo Aguirre Quezada, también doctor en Derecho y miembro del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El dictamen de la comisión legislativa competente -la presidida por Lincoln Rodríguez- se basó en las calificaciones emitidas por el sínodo. La propuesta fue sometido a la consideración del pleno del Congreso cuyos miembros la aprobaron por unanimidad.


AL FRENTE, UNA ABOGADA SIN MÁCULA

Repare usted, estimado lector, en el siguiente punto. Lo destaco porque es posible que, si no toda, buena parte del conflicto en el que actualmente está enmarañado el organismo se halle afectado por una cuestión de género. Pero me adelanto y no quiero confundir el relato. La consejera presidenta, así investida por el Congreso, asumió sus responsabilidades y las empezó a ejercer conforme a las normas de la institución. Llegaba al cargo la abogada Alonso Meneses sin compromisos y de esa forma actuó, tomando decisiones ahí donde tenía que hacerlo sin atender al pago de facturas que, de existir, no eran suyas. Era pues previsible que sobre ella se viniera todo un aluvión de presiones de la más variada naturaleza.


LOS CONSEJEROS VARONES

Al ver cómo las actuaciones apegadas a derecho de la presidenta frustraban sus afanes por apoderarse del instituto para usarlo en provecho propio, los consejeros Morones Servín y Cabrera Canales -más señaladamente este que aquel- acordaron asociarse para urdir el equivalente a un golpe de estado técnico, sin mirar que tergiversaban los términos de sus respectivas designaciones y que violentaban flagrantemente la legalidad. Todo, ante la pasividad cómplice de los miembros de la Comisión respectiva de la actual legislatura presidida -¿lo adivinó usted?- por el diputado Enrique Padilla Sánchez, el mismo personaje que condujo el proceso parlamentario que terminó dando luz verde al lamentablemente fallido y disfuncional Sistema Estatal Anticorrupción.


MONTONEROS Y DESLEALES

La estrategia de Morones y de Cabrera careció no solo de la más elemental decencia, sino también de sustento jurídico. Se basó en su supuesto derecho de destituir a la consejera presidenta mayoriteándola en el Consejo. ¡Y cómo no lo iban a conseguir los ínclitos varoncitos si eran dos contra una! No obstante lo grosero de su arbitrariedad, sin atender razones y sin disposición a ventilar racionalmente sus inconformidades, Morones y Cabrera consumaron el golpe y hasta se adueñaron de las oficinas del instituto. Ante el atropello, la presidenta Alonso hizo las denuncias correspondientes, obteniendo en todos los casos -no podía ser de otra manera- resoluciones favorables. Sé que no se sorprenderá usted si le digo que las dubitaciones corrieron por cuenta de los diputados, renuentes a someter a juicio político a los transgresores, privándolos del fuero que evita que sean tratados como lo que son, unos delincuentes comunes.


PERJUICIO A LA SOCIEDAD

Pese a que la presión mediática obligó a los consejeros sublevados a deponer su postura, los dos han insistido en entorpecer las funciones del IAIP-Tlax, privando con su actitud a la ciudadanía de los servicios que el instituto debe prestarle. El hecho no es cosa menor y revela que en Tlaxcala a los violadores de la ley no siempre se les aplica la penalidad que merecen. Vuelvo aquí al inicio de este artículo, concretamente al párrafo donde escribí: “…si quienes tienen la obligación de observar la ley la ignoran o la transgreden entonces es la autoridad política la que ha de tomar los dichos asuntos bajo su responsabilidad, actuando en consecuencia, con prudencia sí, pero con firmeza, oportunidad y determinación…”.


HORA DE INTERVENIR

Cuando los conflictos no se resuelven en las instancias que corresponden -en este caso el Congreso del Estado- toca a la Secretaría de Gobierno intervenir antes de que crezcan, afecten y contagien a otras instancias del engranaje institucional del estado. Y la solución de ninguna manera puede ser la disolución del Consejo, como algunos desinformados han apuntado; sería injusto con una mujer que ha defendido la legitimidad de su nombramiento, así como todas y cada una de las medidas que tomó como presidenta del organismo. Veremos y diremos.