- Uno de los problemas más arraigados en el gobierno mexicano y en la sociedad es sin duda la corrupción, ahora, sobredimensionado por la impunidad que deja sin castigo las malas prácticas, las incrementa y las cobija.
Cómo entender la nueva acción del gobierno federal ante la corrupción, después de un cambio histórico, derivado de la decisión de la sociedad por medio del voto y el alineamiento de los tres poderes públicos federales, el Ejecutivo tiene todo el respaldo para encabezar la tarea para cumplir el mandato ciudadano, atacar la corrupción, la medicina es amarga, pero sanará el ejercicio gubernamental.
Para muestra un botón, el robo de combustible al interior de las refinerías, en el manejo y control de ductos, pero también el que se lleva a cabo en altamar, alterando los despachos en los distribuidores marítimos de la empresa, que fuera quien aportara casi el 40 % del gasto del gobierno federal hasta que le metieron la mano con las reformas estructurales, en la actualidad el aporte de Pemex al erario es menor a la mitad.
Muchas presiones han debido soportar el gobierno desde los medios, desde las redes y con dificultad va construyendo su estrategia desde el interior de la empresa en donde ya hay detenidos.
El SAT ya congeló cuentas bancarias relacionadas, en Salamanca encontraron una línea de abasto directo de la refinería a un despacho de gasolina clandestino a tres kilómetros de la refinería.
Esta irregularidad y otras más, llegaban a costarle a Pemex por el saqueo de combustible 10 millones de dólares diarios o el equivalente a 600 pipas diarias, significan en total 60 mil millones de pesos al año.
El saqueo, se daba afuera con la complicidad de los operarios y directivos de Pemex, incluyendo algunos representantes sindicales, no ajeno a este punto el secretario general del sindicato petrolero busca un amparo contra cualquier tipo de detención, pero ya colabora con la acción del gobierno.
En los periodos de los presidentes Fox había 213 tomas clandestinas, con Calderón aumentaron a mil 635, en el gobierno de Peña Nieto llegaron a existir 10 mil 365 puntos de extracción ilegal.
Lo que empezó con perforaciones improvisadas terminó con conexiones profesionales que solo con ayuda de expertos pueden instalar, incluso, barcos de alto calado están involucrados.
Otro esqueje de la corrupción es justamente las sanciones a los delitos, y las procuradurías se han cansado de abrir carpetas de investigación, pero la mayoría no concluye ni en sanción o exculpar a los involucrados.
Un hilo más es incrementar las sanciones sobre el huachicol desde el Congreso, parece que está en camino para sancionar de manera oficiosa este delito, no sería justo que solo se castigue el último eslabón, el de la distribución y se deje libre a los altos mandos de la empresa, el aparato de justicia, seguridad pública y el empresariado involucrados.
Hilvanar estos puntos podría perfilarnos hacia la decisión de cero tolerancia en materia de corrupción, el trabajo es para varias décadas pero la mano debe ser firme con visión y efectos integrales, tocando y enderezando todos los puntos relacionados.
Este solo es un hilo de la madeja, la tarea es de titanes y el presidente López Obrador ha dispuesto confrontarlo.
Se critica la corrupción casi generalizada de los ministerios públicos que requieren un cambio radical en su funcionamiento, pero pensemos también que, ocho mil ministerios públicos no pueden atender tres millones de delitos en el país, de 42 mil casos pendientes en el nuevo sistema penal, solo 90 son del crimen organizado.
Con policías que no tienen regulada su limitada actuación, debe cambiarse todo, el sistema, la ley, los perfiles, las funciones de policías y ministerios públicos, esta institución está totalmente colapsada y es la que permite la impunidad.
Una vez retirado el transitorio quinto de la nueva ley general del sistema nacional de seguridad pública, la guardia nacional dependerá ya de una autoridad civil, con esta razón, el cambio en los ministerios públicos es urgente, deben ingresar abogados nuevos, limpios de estas prácticas y con valores, implantar nuevos sistemas de atención en los que podamos poner una demanda vía electrónica “Bajo Protesta de decir verdad” y que se aligeren los procedimientos para lograr mayor eficacia.
No digamos del siguiente nivel, el de los jueces, quienes no hemos vivido o padecido la corrupción de los juzgadores, aunque con honrosas excepciones, pero casi todos tuercen la ley para otorgar la justicia al mejor postor.
Si hablamos del poder legislativo, analicemos el anterior congreso en el que se repartían dádivas desde el ejecutivo para comprar votos de todas las fracciones políticas, desprendidos de convicción o de compromiso social, lo último que se tomaba en cuenta por los diputados era los intereses de la sociedad que los había elegido.
No se diga del órgano del congreso que revisa las cuentas públicas municipales o de los gobiernos estatales, que dejaban pasar todo de manera hasta burda, muchos millones de pesos se malversaron en gobiernos estatales y municipales autorizados por los congresos validando sus cuentas públicas a cambio de dádivas a los diputados.
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Se critica la corrupción casi generalizada de los ministerios públicos que requieren un cambio radical en su funcionamiento, pero pensemos también que, ocho mil ministerios públicos no pueden atender tres millones de delitos en el país, de 42 mil casos pendientes en el nuevo sistema penal, solo 90 son del crimen organizado
