/ martes 29 de septiembre de 2020

La decepción por la mentira, el robo y la traición

El servicio público exige honrar el cargo, la responsabilidad y el compromiso para servir. No debe haber honor más alto que cumplir y hacer cumplir la ley para trabajar por el bien común en salud, economía, seguridad, educación y justicia para la comunidad, el estado, el país.

Todo funcionario está obligado a responder por sus actos y omisiones, más allá de las “lealtades a ciegas“ que buscan, en nombre del supuesto proyecto, el beneplácito del hombre en el poder. Esto no lo ha entendido el Gobierno de Morena, para el cual los colaboradores deben ser incondicionales y fanáticos floreros decorativos que se mueven a capricho y voluntad presidencial.

En este gabinete, alrededor de 15 personas, en un acto de congruencia, se han resistido a ser comparsas de esta debacle. Las renuncias no han hecho más que evidenciar dos cosas: por un lado, la decepción de los que dimitieron, al comprobar que siguen los mismos abusos y vicios del poder, y por el otro, que la corrupción, tan denunciada como el cáncer de la ambición política, está metida en la entraña misma de esta administración.

Tres renuncias en especial demuestran que la corrupción en lo administrativo, lo financiero y lo normativo es la mano que mueve la política pública. Dos de ellas presagiaron las crisis económica y sanitaria que vivimos, y la más reciente, desnuda los males y las complicidades de un gobierno también corrupto.

El 21 de mayo de 2019, el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares renunció, por el control excesivo de recursos y lo que llamó la “injerencia perniciosa” de la Secretaría de Hacienda en el ámbito de la seguridad social. En su carta, describió que esta intervención se tradujo en “ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo” que el “encargo”… los contratos y convenios de servicios se rezagan… las compras de equipamiento paradas… y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo…“. A poco más de un año de estas denuncias, el sistema de salud pública está colapsado y ha cobrado muchas vidas no solo por la pandemia: desaparecieron el Seguro Popular y el Insabi no ha funcionado; cancelación de servicios en varios centros hospitalarios; faltan medicamentos para mujeres, niñas y niños con cáncer y no hay una distribución oportuna de medicinas para otras enfermedades; administración de medicamentos caducos; desabasto de insumos médicos para el personal de salud encargado de atender a los enfermos de Covid-19; compras a sobreprecio de cubrebocas y respiradores.

El 9 de julio de 2019, Carlos Manuel Urzúa Macías dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por discrepancias en materia economía. Vislumbró los riesgos de llevar a cabo una política pública sin planeación ni sustento; renunció a ser parte de la catástrofe económica que se avecinaba y a dejarse presionar por funcionarios impuestos sin idea de lo que es la hacienda pública, pero con “un patente conflicto de interés“. En pocas palabras evidenció, además de la manipulación, la corrupción y la ineficiencia de este gobierno que se presume distinto.

El 22 de septiembre de este 2020, la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, es muestra inefable de la incongruente lucha del presidente contra la corrupción. La bandera de Robin Hood, para “dar a los necesitados”, no es más que una cortina que pretende ocultar la “Cueva de Ali Baba”, en la que muchos están decididos a saquear dinero y joyas para quitarle al pueblo lo recuperado.

Las descalificaciones al pasado quedan disminuidas por lo que sucede dentro del clan de Palacio Nacional; de nada sirvieron tantos años de campaña contra actos corruptos en las más altas esferas de poder, algunos reales y otros creados, que hoy en el huerto de las manzanas, las hay más podridas que sanas.

Por más que lo quieran negar, mentir, robar y traicionar son ahora los signos distintivos del Gobierno de Morena; en él no caben las mentes pensantes, libres y eficientes.

El servicio público exige honrar el cargo, la responsabilidad y el compromiso para servir. No debe haber honor más alto que cumplir y hacer cumplir la ley para trabajar por el bien común en salud, economía, seguridad, educación y justicia para la comunidad, el estado, el país.

Todo funcionario está obligado a responder por sus actos y omisiones, más allá de las “lealtades a ciegas“ que buscan, en nombre del supuesto proyecto, el beneplácito del hombre en el poder. Esto no lo ha entendido el Gobierno de Morena, para el cual los colaboradores deben ser incondicionales y fanáticos floreros decorativos que se mueven a capricho y voluntad presidencial.

En este gabinete, alrededor de 15 personas, en un acto de congruencia, se han resistido a ser comparsas de esta debacle. Las renuncias no han hecho más que evidenciar dos cosas: por un lado, la decepción de los que dimitieron, al comprobar que siguen los mismos abusos y vicios del poder, y por el otro, que la corrupción, tan denunciada como el cáncer de la ambición política, está metida en la entraña misma de esta administración.

Tres renuncias en especial demuestran que la corrupción en lo administrativo, lo financiero y lo normativo es la mano que mueve la política pública. Dos de ellas presagiaron las crisis económica y sanitaria que vivimos, y la más reciente, desnuda los males y las complicidades de un gobierno también corrupto.

El 21 de mayo de 2019, el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares renunció, por el control excesivo de recursos y lo que llamó la “injerencia perniciosa” de la Secretaría de Hacienda en el ámbito de la seguridad social. En su carta, describió que esta intervención se tradujo en “ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo” que el “encargo”… los contratos y convenios de servicios se rezagan… las compras de equipamiento paradas… y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo…“. A poco más de un año de estas denuncias, el sistema de salud pública está colapsado y ha cobrado muchas vidas no solo por la pandemia: desaparecieron el Seguro Popular y el Insabi no ha funcionado; cancelación de servicios en varios centros hospitalarios; faltan medicamentos para mujeres, niñas y niños con cáncer y no hay una distribución oportuna de medicinas para otras enfermedades; administración de medicamentos caducos; desabasto de insumos médicos para el personal de salud encargado de atender a los enfermos de Covid-19; compras a sobreprecio de cubrebocas y respiradores.

El 9 de julio de 2019, Carlos Manuel Urzúa Macías dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por discrepancias en materia economía. Vislumbró los riesgos de llevar a cabo una política pública sin planeación ni sustento; renunció a ser parte de la catástrofe económica que se avecinaba y a dejarse presionar por funcionarios impuestos sin idea de lo que es la hacienda pública, pero con “un patente conflicto de interés“. En pocas palabras evidenció, además de la manipulación, la corrupción y la ineficiencia de este gobierno que se presume distinto.

El 22 de septiembre de este 2020, la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, es muestra inefable de la incongruente lucha del presidente contra la corrupción. La bandera de Robin Hood, para “dar a los necesitados”, no es más que una cortina que pretende ocultar la “Cueva de Ali Baba”, en la que muchos están decididos a saquear dinero y joyas para quitarle al pueblo lo recuperado.

Las descalificaciones al pasado quedan disminuidas por lo que sucede dentro del clan de Palacio Nacional; de nada sirvieron tantos años de campaña contra actos corruptos en las más altas esferas de poder, algunos reales y otros creados, que hoy en el huerto de las manzanas, las hay más podridas que sanas.

Por más que lo quieran negar, mentir, robar y traicionar son ahora los signos distintivos del Gobierno de Morena; en él no caben las mentes pensantes, libres y eficientes.

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