Dos de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son también base fundamental tanto de la declaración de principios de Morena como de la Cuarta Transformación de México, son el combate a la corrupción y la austeridad republicana.
No es secreto que la vida política e institucional de nuestro país ha estado marcada por los excesos y la impunidad. Existía un sistema de oprobio que permitió el agravamiento de problemas como la inseguridad y la pobreza, que tanto lastiman a los mexicanos.
Por eso, desde Morena, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, buscamos la transformación democrática de México, para generar un cambio político, económico, social y cultural, que defienda el patrimonio colectivo, la justicia, la dignidad y el bienestar del pueblo.
Es importante hacer esta reflexión para entender por qué es trascendente la reciente aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y de la Ley Federal de Austeridad Republicana, por parte del Senado de la República.
El Artículo 22 de nuestra Constitución federal regula la extinción de dominio, que es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes considerados de su propiedad, como consecuencia de una sentencia de la autoridad judicial.
Con la nueva ley, se establece el procedimiento correspondiente, al igual que los mecanismos para que las autoridades administren y moneticen los bienes sujetos a dicho proceso, que busca mermar la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia y el crimen organizado en el país.
La extinción de dominio aplicará para los bienes que sean adquiridos a través de la actividad delictiva relacionada con el secuestro, el huachicol, el robo de vehículos, la extorsión, la venta de drogas, la trata de personas, los delitos por hechos de corrupción y encubrimiento, o los delitos cometidos por servidores públicos.
Ahora, los delincuentes que adquieran propiedades con recursos de procedencia ilícita podrán perderlos, incluso sus herederos, por lo que esta ley cimbrará al crimen y a la corrupción como lo pedían los mexicanos, que exigían que se castigara a los delincuentes donde más les duele para acabar con la impunidad.
Por otra parte, la Ley Federal de Austeridad Republicana establece medidas para generar ahorros y canalizarlos al desarrollo productivo de México, pero además elimina los privilegios de los funcionarios públicos.
Con esta norma, se busca terminar con el uso discrecional del gasto público para que el dinero del presupuesto tenga un verdadero fin social, de modo que los ahorros que generen las dependencias deberán canalizarse al reforzamiento de sus programas institucionales para cumplir con los objetivos de los planes de desarrollo y satisfacer así necesidades generales de la población.
Asimismo, se pretende que los servidores públicos no hagan mal uso de los recursos humanos, materiales o financieros institucionales a su alcance, ni aprovechen su responsabilidad pública para hacer acuerdos con particulares.
Por esa razón quedó prohibido que los funcionarios de primer nivel ocupen puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Estimados paisanos: en Morena queremos que al gobierno vuelva una ética democrática y la vocación de servicio a los demás.
Con estas nuevas leyes se fortalecerán las capacidades institucionales del Estado Mexicano para avanzar en el combate iniciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del crimen organizado, la corrupción y el despilfarro.
Gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.
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