El pasado lunes, decenas de transportistas se manifestaron en la Plaza de la Constitución de la capital del estado.
Colocaron unidades del servicio colectivo y taxis en las inmediaciones de Palacio de Gobierno para demandar una audiencia, a fin de exigir la suspensión de las plataformas digitales para la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la entidad, y del servicio de mototaxis que se presta irregularmente en varias municipalidades, así como mejorar la seguridad pública en favor de los conductores y los usuarios.
Las autoridades locales no se cerraron al diálogo. Ese mismo día, en una reunión, representantes de las secretarías de Gobierno, de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Ciudadana, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conocieron las necesidades de los quejosos, a quienes llamaron a privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien, no solo a ellos, sino a los usuarios.
De este encuentro, resulta importante, además del compromiso de reforzar las acciones de seguridad en los 60 municipios para prevenir el robo de unidades de transporte público, la coincidencia en torno a regular el uso de plataformas digitales en el estado.
Actualmente, se ha extendido en el mundo el uso de plataformas digitales para que usuarios contraten el servicio de transporte tipo taxi. El tema obedece a la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, la legislación estatal vigente en materia de comunicaciones y transporte se creó en 1983, y no ha sufrido modificaciones sustantivas. De hecho, su reglamento se expidió la década pasada, por lo que es evidente que adolece de preceptos anacrónicos que no se ajustan ya a la realidad.
Lo preocupante en todo este asunto es que los propios trasportistas se resisten a reconocer que el modelo de negocio del transporte público ya evolucionó, y que no se prepararon para este salto tecnológico que, aunque lo nieguen, es inevitable.
Pedir que el gobierno cancele su operación implica, en el fondo, negarle al estado la oportunidad de ser más competitivo, y al usuario el derecho a elegir el servicio que más se ajuste a sus necesidades. Esa es la principal razón por la que, en las redes sociales, pululan los comentarios en contra de los trasportistas tradicionales, porque han usufructuado una concesión para obtener ingresos, pero sin invertir en capacitación, mejores unidades y calidad en el servicio.
Tlaxcala tiene un transporte público caro, ineficiente e inseguro. Y esa circunstancia la han sabido aprovechar muy bien empresas como Uber, Cabify o Pronto, porque han sabido atender esas expectativas del usuario. Lamentablemente, las que operan en la entidad, lo hacen utilizando los vacíos legales que hay, debido a que el Congreso del Estado no ha concretado una reforma que derive, incluso, en una nueva ley, a efecto de no poner en desventaja a los transportistas tradicionales.
Sin duda, la regulación de este tipo de servicio exige la actualización de la normatividad en la materia, con el propósito de contar con un marco legal acorde a los tiempos actuales, en los que los usuarios exigen una transportación segura, ágil y con precios competitivos.
El Gobierno del Estado debe lograr que el servicio de transporte en todas sus modalidades sea más competitivo, y la mejor manera de lograrlo es que los diputados locales se pongan a trabajar para meter orden en un sector que ya no puede regirse por los monopolios ni las intransigencias.
Lo anterior va también para los mototaxis, que no están contemplados en la ley, pero que, por sus características, no ofrecen seguridad a los usuarios.
Ojalá el Poder Legislativo no postergue más su responsabilidad en este asunto.
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