El reto para el nuevo gobierno es atemperar la desigualdad; seis de cada 10 mexicanos en zona rural son pobres, y cuatro de cada 10 lo son en zona urbana, el gran reto de López Obrador es asegurar ingreso, derechos y libertades de 60 millones de mexicanos, para liberarlos de la pobreza, que padecen carencias que miden la pobreza como: educación, salud, vivienda, ingreso, seguridad social.
Se ha atacado la pobreza extrema, pero aumenta la pobreza en general, los ingresos son precarios y no alcanza para comer decorosamente.
Cualquier política pública que el nuevo régimen instrumente deberá disminuir los indicadores y carencias para probar su eficacia como gobierno, esta responsabilidad la tendrán en particular los delegados de programas integrales de desarrollo estatales y regionales, recién nombrados, que coordinarán los esfuerzos y trabajos de todas las entidades estatales, por cierto, falta ver la propuesta a los ajustes al federalismo actual.
Se suspenderán los programas asistenciales, clientelares, de asignación discrecional que han vulnerado derechos, restringiendo libertades democráticas.
Para el nuevo presidente de la República la atención al campo es prioritaria y las políticas públicas para este sector mostrarán el cambio a campesinos y productores.
El presidente electo ha decidido encargar la nueva Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Aimentación, al ingeniero Víctor Manuel Villalobos Arámbula para rescatar a un sector olvidado, corrompido y abandonado. Villalobos, doctor en morfogénesis vegetal en Calgary, Canadá, tiene una larga carrera de profesor, investigador y servidor público en Agricultura y Semarnat.
La estrategia agropecuaria dividida en cuatro vertientes: La primera, fortalecer la canasta básica. Segunda “Crédito a la palabra” en el tema de ganadería. Tercera, rescatar la producción, abasto de fertilizante. Cuarta, “La autosuficiencia en productos básicos”, para no volver a importar productos básicos cuando podemos producirlos y garantizar la autonomía alimentaria, para no pagar altos costos para importar nuestro alimento.
Sobre el rescate del fertilizante, nunca debimos haber cerrado nuestras plantas, tuvimos que importar fertilizante y pagar a costos muy altos, estos errores no debemos repetirlos.
Una de las estrategias para dar paso a estos cuatro objetivos, es la fusión de Liconsa con Diconsa y que, por cierto, estará a cargo de Ignacio Ovalle Fernández, quien fuera secretario particular del expresidente Luis Echeverría, estigmatizado por el sector privado y algunos medios nacionales, pero de quien se pueden rescatar varios ejemplos, si de nacionalismo y apoyo al sector social se trata. Otras experiencias de Ignacio Ovalle: encabezó la Conasupo y fue titular del Instituto Nacional Indigenista.
A la prensa tradicional le gusta meterse en recovecos y presentar con enfoque más sensacionalista sus notas, Ovalle Fernández es un político serio y responsable, es quien más conoce del sector alimentario, por ello, fue llamado en varios sexenios, en el último, por cierto, fue diplomático, será quien garantice resultados.
La Subsecretaría de Agricultura estará a cargo del Dr. Miguel García Winder, en autosuficiencia alimentaria estará Víctor Suárez Carrera, en la comisión de pesca Raúl Elenas Angulo, David Monreal coordinará ganadería y Salvador Fernández Rivera Desarrollo Rural.
Los objetivos transversales del sector financiero del campo; Crear un Nuevo Sistema de Financiamiento Rural para Modernizar la estructura operativa de la Banca de Desarrollo, organizando con una visión integral incluyente, los apoyos al sector y Ordenar la operatividad de los recursos que cada secretaría destina al financiamiento y evitar duplicidades.
Desplegar diez líneas de acción; democratizar el acceso al financiamiento, fortalecer y profundizar la atención al sector, transformar la banca de desarrollo rural, coordinación con las dependencias que ofrecen incentivos y subsidios a la población rural para actividades agropecuarias, multianualidad en la asignación presupuestal de programas e impulsar la formación de un sistema nacional de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo entre otras.
Apoyar a campesinos de autoconsumo con fertilizante y garantizar a campesinos precios de garantía y que toda la población tenga para comer dignamente.
Con ello se pretende la democratización del financiamiento, lograr la inclusión financiera y el acceso al crédito productivo para la mayoría de actores rurales.
Es deseable que, no el INAES, sino el Banco de México y la CNBV ejerzan un papel de árbitro cuando las tasas de interés reflejen un margen de ganancias extraordinarias.
Sobre el sistema de ahorro y crédito popular a traves de cooperativas, desde 2001 entró en vigor la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades de Ahorro y Préstamo, este sistema atiende a 9.5 millones de mexicanos pero debe llegar a los campesinos más pobres del país.
Esta amplia propuesta se irá conformando con la opinión y participación de todos los actores del sector agropecuario y seguramente se enriquecerá.
