/ lunes 22 de julio de 2024

La otra cara de la moneda / Avanzar en la construcción de la paz desde la persecución del delito

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha hecho una importante contribución a la modernización de las instituciones del estado, al impulsar nuevas leyes que responden a las necesidades actuales de la población tlaxcalteca, especialmente, en materias sensibles para su desarrollo y bienestar, como son la seguridad y la justicia, para avanzar en la construcción de la paz.

Una de ellas es la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado que estableció las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad de las personas que habitan y transitan en Tlaxcala, con un enfoque de respeto a los derechos humanos. Y en esa línea, su gobierno trabaja en la iniciativa de Ley de Protección Ciudadana contra el Uso Indebido de las Tecnologías de Información y Comunicación para el Estado, para prevenir y sancionar las conductas ilícitas que se registran en el ciberespacio, mediante la tipificación de estos delitos que afectan a la ciudadanía.

Sin embargo, mención aparte merece la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual, como su nombre lo dice, fija la organización y funcionamiento de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como órgano dotado de autonomía Constitucional que se encargará de la investigación y persecución de los delitos de su competencia a través de los agentes del Ministerio Público.

Con esta nueva legislación, aprobada por el Congreso local, la titular del Poder Ejecutivo planteó un giro en la actuación de la institución responsable de la conducción de la investigación de los delitos que se cometan en la entidad, a fin de garantizar el ejercicio de la acción penal y combatir la impunidad. De este modo, se ha dado un paso importante en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, al generar condiciones, tanto legislativas como institucionales, para mejorar las técnicas en los procesos de investigación e integración de las carpetas correspondientes y establecer un modelo integral para la atención de las víctimas, promoviendo la cultura de la denuncia, así como el uso de esquemas de coordinación efectiva para agilizar los trámites, mejorar la comunicación interinstitucional y elevar la calidad de los servicios que la ciudadanía reclama.

En ese entendido, será fundamental la decisión que la actual legislatura estatal tome en torno a la designación de la persona titular de la FGJE, a partir de la terna propuesta por la gobernadora, compuesta por perfiles con probada experiencia, como Soledad Reyes Zambrano, quien ha hecho carrera como Agente del Ministerio Público y estuvo encargada de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Trata de Personas; Ernestina Carro Roldán, quien ha sido Procuradora de Justicia, pero también Magistrada y Jueza en el Tribunal Superior de Justicia; y José Eduardo Morales Sánchez, con y trayectoria en el Poder Judicial y la academia.

El reto no es sencillo. Emprender la construcción de la paz es una política gubernamental que exige fortificar el sistema de procuración de justicia y la resolución de conflictos, a fin de mejorar las condiciones de certeza jurídica en el Estado, y elevar la confianza de la ciudadanía y de los representantes de los sectores sociales.

Pero el trabajo conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo está sentando las bases para coordinar de manera interinstitucional y normativa a los actores que participan en integrar, agilizar y sancionar los delitos en el estado, con proyectos normativos dirigidos a hacer eficiente el desarrollo de la procuración de justicia.

Ciertamente, se requiere desarrollar capacidades institucionales para robustecer las investigaciones a través de profesionalización de ministerios públicos, policías de investigación y peritos; procurar el debido proceso en la investigación del delito, proceso penal y juicio oral; y consolidar el Sistema Penal Acusatorio, además de disminuir el rezago en materia de investigación e integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación, aumentar la inversión en equipamiento, infraestructura y capacitación para optimizar operatividad de la nueva Fiscalía, y fortalecer el capital humano de la procuraduría, con la revisión de perfiles y controles de confianza, para erradicar la corrupción. Pero con la designación del mejor perfil para ocupar la titularidad de la FGJE, a más tardar el 31 de julio, y con la próxima operación de la Fiscalía, a partir del 01 de agosto, Tlaxcala estará en vías de mejorar la atención a la ciudadanía con base en las directrices marcadas en el plan de gobierno.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha hecho una importante contribución a la modernización de las instituciones del estado, al impulsar nuevas leyes que responden a las necesidades actuales de la población tlaxcalteca, especialmente, en materias sensibles para su desarrollo y bienestar, como son la seguridad y la justicia, para avanzar en la construcción de la paz.

Una de ellas es la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado que estableció las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad de las personas que habitan y transitan en Tlaxcala, con un enfoque de respeto a los derechos humanos. Y en esa línea, su gobierno trabaja en la iniciativa de Ley de Protección Ciudadana contra el Uso Indebido de las Tecnologías de Información y Comunicación para el Estado, para prevenir y sancionar las conductas ilícitas que se registran en el ciberespacio, mediante la tipificación de estos delitos que afectan a la ciudadanía.

Sin embargo, mención aparte merece la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual, como su nombre lo dice, fija la organización y funcionamiento de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como órgano dotado de autonomía Constitucional que se encargará de la investigación y persecución de los delitos de su competencia a través de los agentes del Ministerio Público.

Con esta nueva legislación, aprobada por el Congreso local, la titular del Poder Ejecutivo planteó un giro en la actuación de la institución responsable de la conducción de la investigación de los delitos que se cometan en la entidad, a fin de garantizar el ejercicio de la acción penal y combatir la impunidad. De este modo, se ha dado un paso importante en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, al generar condiciones, tanto legislativas como institucionales, para mejorar las técnicas en los procesos de investigación e integración de las carpetas correspondientes y establecer un modelo integral para la atención de las víctimas, promoviendo la cultura de la denuncia, así como el uso de esquemas de coordinación efectiva para agilizar los trámites, mejorar la comunicación interinstitucional y elevar la calidad de los servicios que la ciudadanía reclama.

En ese entendido, será fundamental la decisión que la actual legislatura estatal tome en torno a la designación de la persona titular de la FGJE, a partir de la terna propuesta por la gobernadora, compuesta por perfiles con probada experiencia, como Soledad Reyes Zambrano, quien ha hecho carrera como Agente del Ministerio Público y estuvo encargada de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Trata de Personas; Ernestina Carro Roldán, quien ha sido Procuradora de Justicia, pero también Magistrada y Jueza en el Tribunal Superior de Justicia; y José Eduardo Morales Sánchez, con y trayectoria en el Poder Judicial y la academia.

El reto no es sencillo. Emprender la construcción de la paz es una política gubernamental que exige fortificar el sistema de procuración de justicia y la resolución de conflictos, a fin de mejorar las condiciones de certeza jurídica en el Estado, y elevar la confianza de la ciudadanía y de los representantes de los sectores sociales.

Pero el trabajo conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo está sentando las bases para coordinar de manera interinstitucional y normativa a los actores que participan en integrar, agilizar y sancionar los delitos en el estado, con proyectos normativos dirigidos a hacer eficiente el desarrollo de la procuración de justicia.

Ciertamente, se requiere desarrollar capacidades institucionales para robustecer las investigaciones a través de profesionalización de ministerios públicos, policías de investigación y peritos; procurar el debido proceso en la investigación del delito, proceso penal y juicio oral; y consolidar el Sistema Penal Acusatorio, además de disminuir el rezago en materia de investigación e integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación, aumentar la inversión en equipamiento, infraestructura y capacitación para optimizar operatividad de la nueva Fiscalía, y fortalecer el capital humano de la procuraduría, con la revisión de perfiles y controles de confianza, para erradicar la corrupción. Pero con la designación del mejor perfil para ocupar la titularidad de la FGJE, a más tardar el 31 de julio, y con la próxima operación de la Fiscalía, a partir del 01 de agosto, Tlaxcala estará en vías de mejorar la atención a la ciudadanía con base en las directrices marcadas en el plan de gobierno.