El pasado 14 de marzo, en la Cámara de Diputados, el bloque mayoritario -encabezado por Morena-, aprobó el dictamen de reforma constitucional relativo a la revocación de mandato y consulta popular, con 328 votos a favor, 153 en contra y 02 abstenciones.
Según el dictado presidencial, la revocación de mandato será puesta a consideración de los electores en la misma fecha en que se llevará a cabo el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados. Muchos cuestionan a la oposición el por qué no está de acuerdo, en dónde está la trampa, como si se desconociera que el ejercicio del poder no tuviera impacto en los procesos electorales. Otros señalan que cuál es la inquietud ante una posible reelección, si lo que se va a consultar es sobre su permanencia o no en el cargo. Son preguntas que se entienden desde la lógica de la buena fe, pero que son contrarias a la lógica del poder de la persona de López Obrador.
Por desgracia, en distintas oportunidades y espacios, el hoy titular del Poder Ejecutivo Federal ha manifestado que no intentará perpetuarse en el poder público, porque va en contra de sus "principios" y del orden jurídico, lo que la interpretación de ello -en espacio y tiempo-, signifique para él.
La terca realidad, las contradicciones y la corta memoria sobre los dichos y hechos del presidente, no de ahora sino desde que aspiraba a la Jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal, dan pie para dudar de sus palabras, porque si algo lo caracteriza es el cálculo político electoral y el incumplimiento de normas cuando son contrarias a sus propósitos.
Abundantes son los ejemplos de las incongruencias, de los cuales por cuestión de espacio solo mencionaré algunos en las distintas etapas de su paso en la vida política de este país:
Cuando aspiraba a ser el candidato del PRD para Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sin reunir el requisito establecido en la fracción II del artículo 53 del Estatuto de Gobierno, que establece que para ser jefe de Gobierno se requiere “tener una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección, si es originario del Distrito Federal, o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad”. La residencia la acreditó con la dirección del partido, Monterrey 50, Colonia Roma, y mencionó que era una controversia artificial para dejarlo fuera. No omito señalar que ya había sido candidato al gobierno de su natal Tabasco en 1988 y 1994.
En el ejercicio de gobierno en el año 2000, comenzó con las conferencias matutinas, eje central de la estrategia de promoción y difusión de su persona -desde la capital política de la república-, para alcanzar su siguiente objetivo, la candidatura presidencial del partido que había dirigido entre 1996 y 1999. ¿Cómo olvidar la frase "denme por muerto", cuando se le preguntaba sobre sus aspiraciones presidenciales?
Pero al margen del anecdotario sobre las pretensiones personales, recordemos la narrativa de permanente destrucción de todo aquello que no naciera de su pensar y actuar político, y constante oposición a todas las propuestas, programas y proyectos del gobierno en turno. Todo lo realizado y propuesto era parte de la Mafia del Poder, que es a lo que hemos regresado a la vuelta de los años.
¿Y en sus acciones en contra de la corrupción? ¿Recuerdan Las Vegas y Gustavo Ponce; el maletín con fajos de dólares de René Bejarano; las bolsas de plástico de Carlo Imaz? Todos con algo en común: recursos económicos producto de la corrupción destinados a la causa del hoy presidente, el supuesto desconocimiento en ese entonces del Jefe de Gobierno, es decir, lo hicieron porque querían apoyar el movimiento pero el beneficiario no sabía nada, una causa ajena para salvar a la México. Muy parecido a la justificación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando hicieron trampa en las elecciones de Chihuahua (1986): fraude patriótico.
Luego se dieron los periplos electorales de 2006 y 2012, en el que se negó a reconocer los resultados electorales porque no le favorecían y mandó al diablo las instituciones. Por cierto, el INE, antes IFE, fue la instancia responsable de conducir el proceso electoral de 2018, prácticamente con el mismo Servicio Profesional Electoral. La conducción, de principio a fin, del proceso electoral 2018, es tan válido, legítimo y definitivo como los que ha realizado el IFE-INE desde 1991.
Y lo menciono porque una de las principales preocupaciones de la oposición y de la sociedad civil en la década de los noventa fue la posible perpetuación del equipo tecnócrata, encabezado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Se podía terminar con el mandato constitucional, sí. Pero eso no necesariamente significaría que la figura de un expresidente no estuviera presente en las decisiones públicas.
El tema de la revocación de mandato es relevante para la vida democrática de México. Preocupa el manejo del aparato estatal, que niega la posibilidad de crítica y decide cubrirse con un manto, en teoría de transformación, cuando en el fondo repite las prácticas autoritarias y de imposición que tanto criticó desde la oposición. Ahora pretende reeditar modelos populistas -Venezuela, Bolivia, Unión Soviética- que han sido probadamente ineficaces en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero efectivos en el terreno electoral por la popularidad de sus gobernantes.
La revocación de mandato, bajo estas reglas, es la posibilidad de mantener en campaña permanente (¿más?) al Presidente. No son suficientes las conferencias matutinas, ni el adoctrinamiento en los canales de comunicación del gobierno.
No. Ahora los electores -parte del pueblo bueno y sabio, beneficiarios de programas sociales, con cuentas de Banco Azteca- tendrán que decidir quién los representará en el Congreso de la Unión, más los procesos electorales locales y valorar la permanencia del Presidente en el 2021 que estará en campaña electoral.
Una cosa es poder evaluar el desempeño de un presidente, de un gobernador o de cualquier servidor público y decidir si se elige nuevamente. Estaremos ante la evaluación de una política de interés personal del presidente sobre el interés real de política pública eficiente, que contribuya a solucionar los problemas sociales y elevar la calidad de vida de los mexicanos. No se debe confundir popularidad con buena política pública.
La revocación significa que si en tres años se vé que no ha sido efectivo tu trabajo, se opta porque no siga en el cargo. Pudiera parecer una figura muy loable, pero el planteamiento de fondo es una trampa. Primero, porque una revocación no se hace al revés, es decir, no la pide el propio presidente y segundo, porque en los hechos, López Obrador ha demostrado que se cumplen sus decisiones ya tomadas. Bajo la piel de cordero, simula consultar, preguntar al pueblo bueno; aparenta interés en lo que la gente opine pero, las decisiones ya están tomadas. Son consultas a modo.
Ahora bien, es importante señalar algunas de las promesas incumplidas ya como jefe del Poder Ejecutivo, que llegó con una mayoría importante a las Cámaras Legislativas para bajar, por ejemplo, el precio de la gasolina -que en junio de 2018 (antes del proceso electoral del 01 de julio) era de $17.92 la Magna y $19.40 la Premium-, en el presupuesto de 2019 rebasa los $20.60. Se comprometió a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y ahora tendremos una Guardia Nacional que será entrenada y capacitada por militares.
Las interpretaciones e incumplimiento de las normas ha sido la constante en la vida del otrora candidato y hoy Presidente. La desobediencia de la ley no implica ningún beneficio, por el contrario, refleja el nivel de respeto que se tiene al cumplimiento de la misma, la facilidad para evadirla y la consecuente impunidad.
El ejercicio del poder público requiere de controles y límites. Como la primera fuerza de oposición tenemos claro que tenemos enfrente el reto de organizarnos para evitar abusos de la autoridad que inhiban nuestros derechos y libertades. Quizás desde la Presidencia y como dirigente de facto en los Grupos Parlamentarios de Morena y de su propio partido, la visión sea distinta cuando se tiene un proyecto transexenal. La terca realidad y la memoria son nuestras evidencias.
SEAMOS SERIOS
Ante tantos asuntos de interés nacional que merecen atención especial y urgente, como pudiera ser resolver las dinámicas de chantaje que paralizan el trabajo legislativo, el Gobierno Federal está empeñado con la absurda persecución política en contra de intelectuales como Enrique Krauze, célebre autor del ingenioso distintivo del Presidente, “mesías tropical”.
Ahora resulta que Santiago Nieto actúa por sí solo, para perseguir el financiamiento del documental "Populismo en América Latina"; lamentable ataque contra la libertad de expresión. Bien señalan que el poder público sirve para cobrar venganza. La prioridad del gobierno es perseguir a voces que están en su contra, y en la paradoja, ofrecer perdón y olvido a delincuentes. Seamos serios.
*Diputada federal
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