Hace apenas un mes y días, el informe del Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU presentó los resultados de su estudio “código rojo”, donde advierte sobre los efectos del calentamiento global, y las consecuencias que ha tenido para la humanidad, como lo es la acelerada subida del nivel del mar, el derretimiento del hielo del planeta y la cada vez más constante presencia de fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas.
Le siguió el informe del Banco Mundial (BM-“Oleada”), donde se exponen con detalles las consecuencias del cambio climático en México y particularmente en Latinoamérica: las conclusiones del informe son alarmantes.
De inicio, se estima que en los próximos años al menos 4 millones de personas en México y Centroamérica podrían tener que migrar por el calentamiento global. Para ser más concretos, el estudio afirma que existe un “Corredor Seco en Centroamérica” (Guatemala, El Salvador y Honduras), que está a la deriva por la crisis medioambiental que agrava la pobreza, alienta a los desplazamientos humanos y tiene un impacto negativo en los derechos humanos en general.
En otras palabras, de continuar el deterioro medioambiental en el planeta y particularmente en América Latina, México sería uno de los más afectados por las migraciones masivas que ya iniciaron y que se intensificarán hacia el año 2030: pues estamos ante la era de los “migrantes climáticos” (BM).
En este mes de la patria, no deja de ser simbólica la realización de la CELAC en México (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), donde las posturas políticas ahí convocadas dieron origen al planteamiento de dos puntos en común “ante el eventual abismo”, como lo son: la creación de un fondo regional para desastres naturales (15 millones de dólares) y el compromiso de un solo posicionamiento regional ante la cumbre climática COP26 (noviembre de 2021).
Y en ese punto, habrá que tenerlo claro, México se convierte en un puente entre la sed de Centroamérica, y el abismo migratorio hacia los Estados Unidos donde hoy, a manera de ejemplo, la frontera sur en Chiapas representa el punto de origen de “un pueblo sin piernas pero que camina”, en tanto que, Ciudad Acuña, Coahuila, podría representar el punto de destino de la crisis humanitaria del siglo que ya inició y para la cual no estamos preparados.
Sin embargo, los otros datos nos llevan a señalar que la política interna de nuestro país requiere también con urgencia un replanteamiento de cara a la crisis humanitaria y medioambiental de la región: por una parte, como país nos enfrentamos a una oleada de inseguridad sin precedentes, donde la apropiación de los recursos naturales a manos del crimen organizado es tan grave que, hoy México es considerado el segundo país más peligroso del planeta para ser un defensor medioambiental, solo superados por Colombia.
Ante ello, los datos: del total de 227 defensores del medio ambiente asesinados en 2020, México registró 30, lo que significa un aumento de 67% respecto de 2019. Donde tristemente registramos el nivel de impunidad más alto: “Hasta 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal”.
Por otro lado, y de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2021-2035, la política energética planteada por la actual administración no alcanzará 31% de la generación de energía con fuentes limpias (hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear), quedando por debajo de la meta del 35% de generación con fuentes limpia para 2024, a lo que nos comprometimos como nación en el acuerdo de París en 2016.
O bien, de la urgencia de realizar una auditoría correctiva al programa Sembrado Vidas que ha causado el efecto contrario al esperado con deforestaciones en zonas ejidales del sur de Chetumal; y ni que decir de la urgente revisión de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FODEN).
- *Analista Político. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204
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