Ayer, un grupo de diputados salió a fijar un posicionamiento respecto a las observaciones que el Ejecutivo estatal hizo al decreto de Presupuesto de Egresos 2019; sin embargo, en su afán de justificar diversos recortes ofreció más dudas que certezas.
En el documento leído ante los medios se omitieron temas importantes que deberían ser aclarados, porque se contraponen a las expectativas de la ciudadanía y a las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En primer lugar, no dijeron que la actual legislatura local es una de varias en el país -controladas por Morena y sus aliados- que desafió las políticas de austeridad del Presidente de México, pues avaló que el presupuesto del Congreso se disparara para 2019, al pasar de 178 millones a 235 millones de pesos, como lo exhibieron publicaciones periodísticas a nivel nacional.
Hablamos de un aumento de 31 por ciento, siguiendo la tendencia de Hidalgo, donde los legisladores también aumentaron su gasto 62 por ciento, o Morelos, que lo hicieron en 25 por ciento, contrario a la “política de estado” que el Ejecutivo federal pretende se logre en todo el país.
Por otro lado, no comentaron que la creación del Fondo para el Fortalecimiento a la Autonomía Municipal contraviene directamente una petición del Presidente López Obrador, quien el pasado 18 de enero, en su conferencia matutina, abordó el caso de Sinaloa para recordar que ha solicitado a los diputados locales que el presupuesto no se condicione a la entrega de recursos o a la creación de bolsas especiales para que no haya “moches”.
La recomendación del Ejecutivo federal fue que, en general, los presupuestos locales no estuvieran sujetos a negociaciones en función de los intereses personales de los legisladores, que son representantes populares. Y en el caso de Tlaxcala, el fondo para obras invade competencias del Ejecutivo, porque la emisión y aprobación de las reglas de operación corresponderían al Legislativo, y el seguimiento de la fiscalización de recursos se delegaría al Órgano de Fiscalización, ambos, sin contar con facultades expresas para llevar a cabo dichas funciones.
Además, la asignación de recursos a los municipios beneficiados fue arbitraria y discrecional, y carente de criterios de proporcionalidad y equidad, porque se contemplaron sólo 51 de las 60 comunas, situación que se presta a que los legisladores impulsores del fondo soliciten a los alcaldes recursos para ser considerados, o asignen empresas contratistas para la realización de las mismas obras.
Finalmente, los diputados no abordaron lo relativo a la violación de los principios de división de poderes y supremacía constitucional y, en consecuencia, no hablaron de los errores que, desde la óptica jurídica, contiene el decreto presupuestal que aprobaron, al trastocar las facultades y competencias de los otros poderes.
Queda claro que la actual legislatura comandada por Morena no solo se burla de los tlaxcaltecas, sino que le juega las contras al Presidente y a las premisas de su partido en materia de austeridad. Y lamentablemente, en un nuevo gesto de intolerancia, los diputados no aceptaron las preguntas de la prensa para disipar dudas en este tema, en oposición a la apertura y paciencia demostrada a los medios de comunicación por el Presidente López Obrador.
En vano fueron los llamados de Martí Batres, Presidente del Senado, y de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que exigieron a las legislaturas locales ajustarse a la política de Estado en materia de austeridad. Son sus propios legisladores estatales los que se resisten a cumplir con uno de sus principales compromisos de campaña.
