/ jueves 31 de mayo de 2018

Los avatares de nuestro tiempo

¡Todos a participar!

La premisa fundamental para argumentar que hoy sostenemos un régimen democrático (desde la mirada de la democracia procedimental), es que en México se organizan periódicamente elecciones para decidir quiénes serán nuestros representantes en el Congreso de la Unión, así como el titular de la Administración Pública Federal y Jefe del Estado mexicano; si además de esta argumentación primigenia agregamos que contamos con una institución constitucionalmente autónoma encargada de la organización electoral y que, además, la ciudadanía participa en el desarrollo de la jornada electoral, casi podríamos decir que vivimos en una democracia plena.

Sin embargo, algunos estudios serios como el Índice Democrático del año 2017, generado por The Economist, arrojan como resultado a la democracia mexicana con el calificativo “imperfecta” o, incluso, “deficiente”. Dicho informe generó un listado en función de la calificación obtenida por país, México obtuvo el lugar 66 de un total de 167, y en el lugar 15 de 24 en la región de Latinoamérica, superado incluso por países como Filipinas y Ghana.

El contexto descrito por el informe de The Economist es alarmante, nos arroja un diagnóstico que tras la construcción institucional de un nuevo Estado mexicano no supusimos contar. Uno de los elementos que, a decir del índice o informe, ha desgastado la incipiente democracia mexicana es la baja participación de la ciudadanía en las elecciones, que han derivado en déficits de confianza en las instituciones, pérdida paulatina de legitimidad sobre las acciones emanadas desde el poder público, diversos conflictos que imposibilitan la gobernabilidad, el aumento de la crítica feroz y exacerbada sobre la democracia, así como la desconfianza hacia “la política” y por supuesto, por “lo político”.

Basta revisar los niveles de participación de las elecciones federales en México en la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, para identificar que este es realmente un problema. En la elección intermedia de 1991 existió un abstencionismo del 34.03 % respecto del total de electores; la elección presidencial del año 1994 sostuvo niveles de abstencionismo del 22.84 %; posteriormente en el año 1997 un 42.31 % de electores decidió no participar en las elecciones, para el año 2000 pasaron a el 36.03 % de ciudadanos que no votaron, en 2003 creció hasta el 58.32 %, para el 2006 del 40 % y finalmente para el año 2012 (la elección presidencial más reciente) cerró el abstencionismo en 38.03 %

Este escenario, frente a la elección del 1 de julio de este 2018, representa un reto enigmático; según cifras del Instituto Nacional Electoral 89.3 millones de mexicanos podrán votar, de los cuales el 48.1 % son hombres y el 51.8 % hombres. La responsabilidad de los gobiernos locales y federal está en logar que el día de la jornada electoral se desarrolle en paz, orden y tranquilidad, para que la participación de los ciudadanos sea normalizada y extendida.

La responsabilidad de la ciudadanía está en ejercer su derecho al sufragio, para consolidar el proyecto de modernidad más importante: la Democracia, sustantivo en ciernes para nuestra realidad mexicana. Por en esta elección ¡todos a participar!, sobre todo de manera informada; en tanto logramos mejorar los niveles de participación, así como la consolidación de instituciones públicas dispuestas a abrir espacios a la participación ciudadana, podremos enfrentar de mejor manera los problemas que aquejan a nuestro México.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

¡Todos a participar!

La premisa fundamental para argumentar que hoy sostenemos un régimen democrático (desde la mirada de la democracia procedimental), es que en México se organizan periódicamente elecciones para decidir quiénes serán nuestros representantes en el Congreso de la Unión, así como el titular de la Administración Pública Federal y Jefe del Estado mexicano; si además de esta argumentación primigenia agregamos que contamos con una institución constitucionalmente autónoma encargada de la organización electoral y que, además, la ciudadanía participa en el desarrollo de la jornada electoral, casi podríamos decir que vivimos en una democracia plena.

Sin embargo, algunos estudios serios como el Índice Democrático del año 2017, generado por The Economist, arrojan como resultado a la democracia mexicana con el calificativo “imperfecta” o, incluso, “deficiente”. Dicho informe generó un listado en función de la calificación obtenida por país, México obtuvo el lugar 66 de un total de 167, y en el lugar 15 de 24 en la región de Latinoamérica, superado incluso por países como Filipinas y Ghana.

El contexto descrito por el informe de The Economist es alarmante, nos arroja un diagnóstico que tras la construcción institucional de un nuevo Estado mexicano no supusimos contar. Uno de los elementos que, a decir del índice o informe, ha desgastado la incipiente democracia mexicana es la baja participación de la ciudadanía en las elecciones, que han derivado en déficits de confianza en las instituciones, pérdida paulatina de legitimidad sobre las acciones emanadas desde el poder público, diversos conflictos que imposibilitan la gobernabilidad, el aumento de la crítica feroz y exacerbada sobre la democracia, así como la desconfianza hacia “la política” y por supuesto, por “lo político”.

Basta revisar los niveles de participación de las elecciones federales en México en la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, para identificar que este es realmente un problema. En la elección intermedia de 1991 existió un abstencionismo del 34.03 % respecto del total de electores; la elección presidencial del año 1994 sostuvo niveles de abstencionismo del 22.84 %; posteriormente en el año 1997 un 42.31 % de electores decidió no participar en las elecciones, para el año 2000 pasaron a el 36.03 % de ciudadanos que no votaron, en 2003 creció hasta el 58.32 %, para el 2006 del 40 % y finalmente para el año 2012 (la elección presidencial más reciente) cerró el abstencionismo en 38.03 %

Este escenario, frente a la elección del 1 de julio de este 2018, representa un reto enigmático; según cifras del Instituto Nacional Electoral 89.3 millones de mexicanos podrán votar, de los cuales el 48.1 % son hombres y el 51.8 % hombres. La responsabilidad de los gobiernos locales y federal está en logar que el día de la jornada electoral se desarrolle en paz, orden y tranquilidad, para que la participación de los ciudadanos sea normalizada y extendida.

La responsabilidad de la ciudadanía está en ejercer su derecho al sufragio, para consolidar el proyecto de modernidad más importante: la Democracia, sustantivo en ciernes para nuestra realidad mexicana. Por en esta elección ¡todos a participar!, sobre todo de manera informada; en tanto logramos mejorar los niveles de participación, así como la consolidación de instituciones públicas dispuestas a abrir espacios a la participación ciudadana, podremos enfrentar de mejor manera los problemas que aquejan a nuestro México.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz