La evaluación del desempeño: una medida anticorrupción insustituible

El principal acierto del próximo gobierno fue que, el candidato y en conjunto su equipo, marcaron la agenda y el ritmo del debate político con el tema de la corrupción en el sector público. Definitivamente el hecho de que este problema haya sido ampliamente discutido ha abierto la puerta a más grupos de la sociedad para opinar y proponer, sobre todo porque algunas de las propuestas de solución presentadas tienen retos que enfrentar y éstas han abordado, casi de manera unánime, la antigua definición de corrupción íntimamente ligada a lo económico.

Las ideas y concepciones generales que rodearon, durante bastante tiempo, el concepto de corrupción, casi siempre, lo habían limitado en un sentido económico; desde esa visión sumamente limitada o reduccionista es que se asocia la corrupción en el gobierno a los grandes desfalcos y desvíos de recursos públicos. Sin embargo, en la actualidad se ha comenzado a observar el fenómeno de la corrupción desde una óptica mucho más amplia y, consecuentemente, hoy se le asocia no de manera exclusiva al dinero, sino a sustantivos como influencias, conflicto de interés, la acción de gobierno orientada a interés particular y no público, la omisión en el servicio público y, agregaría, la deficiencia –o, dicho de otra forma, el mal desempeño- de la gestión y las políticas públicas.

Actualmente se entiende a las deficiencias de la administración y las políticas públicas, como actos atribuidos al sustantivo de la corrupción. En este contexto, es que deseo destacar la figura de la “evaluación del desempeño” de los programas implementados por las instituciones públicas; una idea que surge a la par de la concepción de la gestión orientada a resultados (GpR) en medio del cambio de paradigma desde la Administración Pública Tradicional hacia la Nueva Gestión Pública que, en esencia, recupera muchos de los procesos, acciones y estrategias de la administración privada para insertarlos en la dinámica de las organizaciones públicas gubernamentales.

En México, la evaluación del desempeño como proceso se acentúo con la creación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), teniendo la intención de verificar qué políticas cumplen y cuáles no sus objetivos y metas para, en función de estos resultados, definir su vigencia, permanencia o desaparición. Fue en el año 2008 cuando la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 111 señala la existencia de este sistema de evaluación y, en sus artículos transitorios urge a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la Secretaría de la Función Pública a concluir la implantación del SED.

A partir de ese momento histórico se define al SED como: “el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos”. En esencia, dado el propósito de este sistema, se concibe como una medida anticorrupción para lograr evitar que los recursos públicos se ejerzan de manera ineficiente y por tiempo indefinido.

Sin embargo, uno de los retos más importantes es que las evaluaciones al desempeño de los programas presupuestarios deben tener carácter vinculatorio, en el sentido de que sus conclusiones deben, verdaderamente, tener incidencia en la supresión de programas que, después de la verificación de su grado de cumplimiento y objetivos, han demostrado tener un mal desempeño.

El problema de la corrupción también halla su asidero en la omisión desde el servicio público, por mejorar la gestión y políticas públicas. Sin tener un sistema de evaluación del desempeño lo suficientemente sólido (con rigor metodológico para la generación de indicadores adecuados, vinculación con la determinación de permanencia y supresión de programas presupuestarios, entre otras cualidades) existirá la posibilidad de que se sostengan políticas ineficientes en la atención de los problemas públicos.

Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz