/ jueves 6 de septiembre de 2018

Los avatares de nuestro tiempo

La próxima Fiscalía General

¿Se puede construir una institución totalmente autónoma? ¿Es posible encaminar las decisiones de las organizaciones públicas única y exclusivamente por los razonamientos más técnicos posibles? Estas son preguntas, por demás sugerentes e inquietantes. En el marco de la discusión sobre la autonomía de la próxima Fiscalía General de la República (hoy PGR), estas interrogantes cobran doble relevancia porque tal institución, encargada de operar como acusador público en nombre del Estado y de realizar la persecución penal, es una de las vértebras más importantes para consolidar la vida democrática en México, apegado al valor fundamental de la justicia.

Dado este contexto, la semana pasada tuve la gran oportunidad de asistir al Congreso Internacional “Nuevo Modelo de Fiscalía. Hacia la gestión eficiente de la Justicia Penal”, evento organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) cuya intención fue la de generar un punto de encuentro de las ideas de expertos en el tema y de reflexión en torno a la procuración de justicia, como una de las tareas pendientes de reforma y mejora por parte del Estado mexicano.

Por supuesto que la temática del Congreso no está exenta de las consideraciones que la coyuntura precipita, con posicionamientos del próximo Presidente de la República y de diferentes actores relevantes en la escena nacional. He de señalar que el evento fue plural, muchos de los participantes manifestaron su posición a favor de dotar de total autonomía a la Fiscalía, mientras que otros tantos, expresaron su preocupación de la discusión se esté centrando en un tema de poder y no en la necesidad de fortalecer las capacidades instaladas de la procuraduría.

La confrontación de estas dos posiciones se da porque, mientras un bloque concibe a la autonomía como un elemento primigenio para contar con un ministerio público imparcial y eficiente; el otro grupo lo considera algo accesorio o al menos intrascendente frente a la urgencia de nuestro país por contar con un plan de persecución penal real que, consecuentemente, logré disminuir los altos niveles de impunidad, que internacionalmente se han documentado.

Una de las ideas que quedaron sobre la mesa, fue puesta a reflexión por el Dr. Luis María Diez Picazo quien funge como Magistrado del Tribunal Supremo de España, al señalar lo siguientes: “la estructura de la fiscalía debe responder a las funciones y no a la inversa”; derivado de este inquietante planteamiento, bien conviene pensar si de verdad estamos pensando en una estructura que responda a las atribuciones y funciones de la Fiscalía otorgadas, incluso, constitucionalmente. Por ello, se llegó también a la discusión sobre si de verdad la investigación debe ser una de las funciones de la organización o, como pasa en los países más desarrollados del mundo, la investigación de los delitos cometidos debe estar a cargo del sistema policial. Esto, al día de hoy, dados los recursos limitados y la falta de elementos técnicos, parece improbable, solamente por no emplear el término “imposible”.

El debate anterior, sobre cuáles deben ser realmente las funciones de la Fiscalía surgen por la idea de que ésta no debe estar saturada en sus atribuciones. Al día de hoy, en los diarios de los debates se tienen registros de argumentaciones escuetas sobre las funciones de la nueva institución encargada, esencialmente, de la persecución penal y de fungir como acusador público; en efecto, la atención se ha centrado tanto en “autonomía sí” o “autonomía no”, una construcción maniquea que resultará, a todas luces, improductiva.

Lo realmente importante me parece se dice en una sola frase, señalada por el Dr. Pedro Rubens David: “sin buenos fiscales, no hay justicia”. Pero ¿Qué es ser un buen fiscal? Esa no es una pregunta imprudente, por el contrario, me parece que es fundamental y debe ser fundacional de las reformas a la fiscalía. El camino correcto, desde mi punto de vista, es el de mejorar las condiciones en que se desarrolla la organización y en incrementar sus recursos humanos, tecnológicos, etc.


Una de las herramientas exploradas es la generación de un servicio profesional de carrera. Además, para garantizar el ejercicio imparcial del Fiscal General se tiene que optar por la reforma al procedimiento de cómo se elige y de las características que debe tener pare evitar conflictos de interés. Las legislaturas entrantes y el próximo gobierno federal deben optar por la apertura al diálogo y la toma de posturas firmes con los diferentes grupos de la sociedad civil interesada en el tema.

Las condiciones actuales en el país, exigen de la mayor seriedad en las propuestas sobre el tema y, sobre todo la toma de decisiones en el corto plazo para evitar que la indeterminación afecte el funcionamiento cotidiano de la Fiscalía y su tarea, por demás trascendente para la consolidación de una Estado democrático de Derecho.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz


Twitter: @bermdez_Cv21

La próxima Fiscalía General

¿Se puede construir una institución totalmente autónoma? ¿Es posible encaminar las decisiones de las organizaciones públicas única y exclusivamente por los razonamientos más técnicos posibles? Estas son preguntas, por demás sugerentes e inquietantes. En el marco de la discusión sobre la autonomía de la próxima Fiscalía General de la República (hoy PGR), estas interrogantes cobran doble relevancia porque tal institución, encargada de operar como acusador público en nombre del Estado y de realizar la persecución penal, es una de las vértebras más importantes para consolidar la vida democrática en México, apegado al valor fundamental de la justicia.

Dado este contexto, la semana pasada tuve la gran oportunidad de asistir al Congreso Internacional “Nuevo Modelo de Fiscalía. Hacia la gestión eficiente de la Justicia Penal”, evento organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) cuya intención fue la de generar un punto de encuentro de las ideas de expertos en el tema y de reflexión en torno a la procuración de justicia, como una de las tareas pendientes de reforma y mejora por parte del Estado mexicano.

Por supuesto que la temática del Congreso no está exenta de las consideraciones que la coyuntura precipita, con posicionamientos del próximo Presidente de la República y de diferentes actores relevantes en la escena nacional. He de señalar que el evento fue plural, muchos de los participantes manifestaron su posición a favor de dotar de total autonomía a la Fiscalía, mientras que otros tantos, expresaron su preocupación de la discusión se esté centrando en un tema de poder y no en la necesidad de fortalecer las capacidades instaladas de la procuraduría.

La confrontación de estas dos posiciones se da porque, mientras un bloque concibe a la autonomía como un elemento primigenio para contar con un ministerio público imparcial y eficiente; el otro grupo lo considera algo accesorio o al menos intrascendente frente a la urgencia de nuestro país por contar con un plan de persecución penal real que, consecuentemente, logré disminuir los altos niveles de impunidad, que internacionalmente se han documentado.

Una de las ideas que quedaron sobre la mesa, fue puesta a reflexión por el Dr. Luis María Diez Picazo quien funge como Magistrado del Tribunal Supremo de España, al señalar lo siguientes: “la estructura de la fiscalía debe responder a las funciones y no a la inversa”; derivado de este inquietante planteamiento, bien conviene pensar si de verdad estamos pensando en una estructura que responda a las atribuciones y funciones de la Fiscalía otorgadas, incluso, constitucionalmente. Por ello, se llegó también a la discusión sobre si de verdad la investigación debe ser una de las funciones de la organización o, como pasa en los países más desarrollados del mundo, la investigación de los delitos cometidos debe estar a cargo del sistema policial. Esto, al día de hoy, dados los recursos limitados y la falta de elementos técnicos, parece improbable, solamente por no emplear el término “imposible”.

El debate anterior, sobre cuáles deben ser realmente las funciones de la Fiscalía surgen por la idea de que ésta no debe estar saturada en sus atribuciones. Al día de hoy, en los diarios de los debates se tienen registros de argumentaciones escuetas sobre las funciones de la nueva institución encargada, esencialmente, de la persecución penal y de fungir como acusador público; en efecto, la atención se ha centrado tanto en “autonomía sí” o “autonomía no”, una construcción maniquea que resultará, a todas luces, improductiva.

Lo realmente importante me parece se dice en una sola frase, señalada por el Dr. Pedro Rubens David: “sin buenos fiscales, no hay justicia”. Pero ¿Qué es ser un buen fiscal? Esa no es una pregunta imprudente, por el contrario, me parece que es fundamental y debe ser fundacional de las reformas a la fiscalía. El camino correcto, desde mi punto de vista, es el de mejorar las condiciones en que se desarrolla la organización y en incrementar sus recursos humanos, tecnológicos, etc.


Una de las herramientas exploradas es la generación de un servicio profesional de carrera. Además, para garantizar el ejercicio imparcial del Fiscal General se tiene que optar por la reforma al procedimiento de cómo se elige y de las características que debe tener pare evitar conflictos de interés. Las legislaturas entrantes y el próximo gobierno federal deben optar por la apertura al diálogo y la toma de posturas firmes con los diferentes grupos de la sociedad civil interesada en el tema.

Las condiciones actuales en el país, exigen de la mayor seriedad en las propuestas sobre el tema y, sobre todo la toma de decisiones en el corto plazo para evitar que la indeterminación afecte el funcionamiento cotidiano de la Fiscalía y su tarea, por demás trascendente para la consolidación de una Estado democrático de Derecho.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz


Twitter: @bermdez_Cv21