El necesario servicio de salud universal

Si el nuevo gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, realmente busca instaurar una transformación en la vida pública del país, debe ubicar como menester el combate a la desigualdad o, como se identifica, en la literatura francesa “las desigualdades” por medio de políticas públicas progresistas que eviten lo inequitativo, lo irreal y lo injusto.

Estadísticamente existe una correlación estrecha entre nivel socioeconómico y los niveles de calidad de vida, comenzando por el grado de satisfacción de necesidades para acceder a una vida saludable. El estado actual de la sociedad, caracterizada por las enormes desigualdades también se ve reflejada en las posibilidades con que las personas cuentan para acceder a servicios de salud del sector público o el sector privado. Además, en México como en muchas otras partes del mundo, los servicios de salud pública han estado asociados de manera intrínseca con la formalidad de las fuentes laborales, es decir que las instituciones públicas de salud han sido oferentes para aquellas personas que cuentan con una fuente de empleo formal y, consecuentemente de seguridad social y, no se ha optado por la construcción de un sistema de salud universal.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) solamente el aproximado al 49% de la población en México cuenta con derechohabiencia en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado o los Sistemas de PEMEX o el especial para la población miembro de las Fuerzas Armadas; esta cifra deja a prácticamente la mitad de la población total en estado de indefensión. Derivado de estas condiciones, el programa de “Seguro Popular” ha sido una herramienta para salir del paso, hasta cierto punto eficiente, dado que para el año 2015 el 49.9% de la población ya contaba con la posibilidad de recibir servicios de salud en tal sistema.

Este planteamiento del problema es de tal magnitud que, en países como Estados Unidos, se han implementado programas como el “Obama care”, una iniciativa que intentó convertirse en un sistema de salud para los más necesitados, aquellos que estaban en condición de vulnerabilidad por la imposibilidad económica de acceder a servicios de salud privados y que el Estado, a través del gobierno, no aún no garantizaba su derecho a la salud.

Para el caso específico de México, el reto es también importante, sobre todo porque pareciera que está inserto en un círculo vicioso de indudables repercusiones negativas, como la acentuación de las desigualdades. Ese círculo vicioso es: la existencia de altos niveles de informalidad o empleo por cuenta propia; eso desemboca en la generación de programas sociales para trabajadores formales sin calidad necesaria; menores niveles de inversión pública; menor productividad y evasión de las contribuciones. Estas condiciones no han abonado a la generación de esquemas de seguridad social robustos y proporcionales a la cantidad de población con la que cuenta México.

Sin embargo, la seguridad social abarca, además de servicios de salud, sistemas de pensiones y jubilaciones, seguro de desempleo temporal, entre otros elementos; por lo que lo factible para el nuevo gobierno es generar un sistema universal de salud de calidad.

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