/ jueves 20 de diciembre de 2018

Los avatares de nuestro tiempo

El combate a la corrupción

La crisis bajo la que parece estar sumergida la democracia liberal es una realidad, no es solamente un artilugio discursivo de sus principales detractores y de los propios vaivenes del ejercicio del poder y las confrontaciones que se generan; por el contrario, síntomas como la falta de confianza a las instituciones públicas así como pérdida de credibilidad o, incluso legitimidad, de los representantes y gobiernos, nos sitúa en la innegable encrucijada de intentar resolver una problemática severa.

Este entorno de duda, escepticismo y desconfianza hacia las instituciones de gobierno no es exclusivo de México, más bien, parece ser algo generalizado en varias latitudes del mundo. Quizás, el principal detonante de esta crisis es la corrupción de la que han sido objeto los gobiernos y, de la formación de regímenes para la defensa perpetua o permanente de los intereses privados a costa del interés común de las sociedades.

Ejemplos para el caso latinoamericano, en donde la crisis de confianza y consecuente el debilitamiento de las instituciones han alcanzado el punto más alto son: Venezuela, donde las manifestaciones en contra de su actual gobierno (encabezado por Nicolás Maduro) no han cesado y donde, incluso la crisis política ha hallado asidero en el ámbito económico; Brasil, donde la entonces presidenta Dilma Rousseff enfrentó un proceso de impeachment (destitución); otro caso es el de Perú donde el entonces presidente Pedro Kuczynski tuvo que abandonar el cargo; o en Guatemala donde el expresidente Otto Pérez fue acusado por corrupción.

Este entorno ha dictado a la clase política, así como a los propios gobiernos poner especial atención y énfasis en la generación de políticas e instituciones que fragüen con apego a Derecho el combate a la corrupción. Para el caso de México, las elecciones de julio pasado instalaron en el debate público el tema, quizá como nunca y, el ganador lo fue en buena medida por la presunción de cambio y de la eliminación de la corrupción.

Por lo anterior, resulta indispensable para el nuevo gobierno federal, sentar las bases de la política nacional anticorrupción, es decir, llegar a la definición de las dependencias, entidades y órganos autónomos responsables de la dirección del combate a la corrupción. Además, es menester actual lograr el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción sobre todo con prácticas de participación ciudadana que fortalezcan el paradigma de la gobernanza y de la corresponsabilidad pública, así como aliviar la tendencia de que instituciones de gobierno funjan como juez y parte en procesos de observancia y prevención de actos de corrupción.

El día 18 de diciembre de 2018 la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentaron la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, como resultado de un proceso iniciado en junio de 2017 con la realización de una Consulta Pública Nacional. Dicha propuesta considera como ejes fundamentales: la coordinación de las instituciones públicas, los derechos humanos, la apertura de las instituciones del Estado, así como el desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico.

Los ejes, así como las líneas de acción me parecen acertados en un contexto en que, reitero, una de las principales exigencias de los ciudadanos es la de eliminar o reducir el impacto del fenómeno de la corrupción. Sin embargo, así como creo que el surgimiento de instituciones sólidas para el combate a la corrupción debe necesariamente darse, también es cierto que no puede optarse por la burocratización de esta política, por demás fundamental para el desarrollo de México.

La crisis de confianza a las instituciones de gobierno está a espera de reducirse o agudizarse, el gobierno de la República, además de optar por dar el “buen ejemplo” debe apostar por la formación de instituciones, por un adecuado control interno de la implementación de políticas y programas para que impida la desviación de recursos o, simplemente la pérdida de mira hacia el bienestar común. El reto está ahí, y a todos nos interesa lograr un eficiente combate de la corrupción.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC

El combate a la corrupción

La crisis bajo la que parece estar sumergida la democracia liberal es una realidad, no es solamente un artilugio discursivo de sus principales detractores y de los propios vaivenes del ejercicio del poder y las confrontaciones que se generan; por el contrario, síntomas como la falta de confianza a las instituciones públicas así como pérdida de credibilidad o, incluso legitimidad, de los representantes y gobiernos, nos sitúa en la innegable encrucijada de intentar resolver una problemática severa.

Este entorno de duda, escepticismo y desconfianza hacia las instituciones de gobierno no es exclusivo de México, más bien, parece ser algo generalizado en varias latitudes del mundo. Quizás, el principal detonante de esta crisis es la corrupción de la que han sido objeto los gobiernos y, de la formación de regímenes para la defensa perpetua o permanente de los intereses privados a costa del interés común de las sociedades.

Ejemplos para el caso latinoamericano, en donde la crisis de confianza y consecuente el debilitamiento de las instituciones han alcanzado el punto más alto son: Venezuela, donde las manifestaciones en contra de su actual gobierno (encabezado por Nicolás Maduro) no han cesado y donde, incluso la crisis política ha hallado asidero en el ámbito económico; Brasil, donde la entonces presidenta Dilma Rousseff enfrentó un proceso de impeachment (destitución); otro caso es el de Perú donde el entonces presidente Pedro Kuczynski tuvo que abandonar el cargo; o en Guatemala donde el expresidente Otto Pérez fue acusado por corrupción.

Este entorno ha dictado a la clase política, así como a los propios gobiernos poner especial atención y énfasis en la generación de políticas e instituciones que fragüen con apego a Derecho el combate a la corrupción. Para el caso de México, las elecciones de julio pasado instalaron en el debate público el tema, quizá como nunca y, el ganador lo fue en buena medida por la presunción de cambio y de la eliminación de la corrupción.

Por lo anterior, resulta indispensable para el nuevo gobierno federal, sentar las bases de la política nacional anticorrupción, es decir, llegar a la definición de las dependencias, entidades y órganos autónomos responsables de la dirección del combate a la corrupción. Además, es menester actual lograr el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción sobre todo con prácticas de participación ciudadana que fortalezcan el paradigma de la gobernanza y de la corresponsabilidad pública, así como aliviar la tendencia de que instituciones de gobierno funjan como juez y parte en procesos de observancia y prevención de actos de corrupción.

El día 18 de diciembre de 2018 la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentaron la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, como resultado de un proceso iniciado en junio de 2017 con la realización de una Consulta Pública Nacional. Dicha propuesta considera como ejes fundamentales: la coordinación de las instituciones públicas, los derechos humanos, la apertura de las instituciones del Estado, así como el desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico.

Los ejes, así como las líneas de acción me parecen acertados en un contexto en que, reitero, una de las principales exigencias de los ciudadanos es la de eliminar o reducir el impacto del fenómeno de la corrupción. Sin embargo, así como creo que el surgimiento de instituciones sólidas para el combate a la corrupción debe necesariamente darse, también es cierto que no puede optarse por la burocratización de esta política, por demás fundamental para el desarrollo de México.

La crisis de confianza a las instituciones de gobierno está a espera de reducirse o agudizarse, el gobierno de la República, además de optar por dar el “buen ejemplo” debe apostar por la formación de instituciones, por un adecuado control interno de la implementación de políticas y programas para que impida la desviación de recursos o, simplemente la pérdida de mira hacia el bienestar común. El reto está ahí, y a todos nos interesa lograr un eficiente combate de la corrupción.


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