/ jueves 3 de enero de 2019

LOS AVATARES DE NUESTRO TIEMPO

El Presupuesto de Egresos 2019

Existen hechos políticos fundamentales emanados desde la institucionalidad del poder público, esa bien puede ser una definición del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado el pasado lunes y, en general, de todo el proceso presupuestario desde su formulación, discusión, aprobación, ejercicio y fiscalización. Sucintamente, el presupuesto que ejerce un gobierno es la síntesis de cómo se procesaron demandas y presiones para traducirse en soluciones en función de qué importancia tienen ciertos grupos de interés en la estructura de poder, o de qué tanta capacidad de incidir tienen en la toma de decisiones los distintos personajes y agrupaciones que, de facto, tienen el interés de colocar determinados temas en la agenda de atención del gobierno.

El proceso presupuestario en México, si bien se halla normado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras; también es real que, como lo ha demostrado el neoinstitucionalismo, existen reglas no escritas que fungen como determinantes y condicionantes de los procedimientos meramente formales; de ahí la complejidad para analizar el presupuesto, dado que sumado a la necesaria capacidad técnica para su elaboración también es sujeto, vectorialmente, de fuerzas políticas y sociales que inciden directamente en su conformación.

En este sentido resulta, por demás necesario, realizar un acercamiento a este hecho, sobre todo por la vorágine de cambios reales que se han gestado tras la entrada al poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El presupuesto para el siguiente año será, a todas luces, respondiente al discurso sostenido por el titular del ejecutivo en los últimos 20 años: el combate a la pobreza y la austeridad en el gobierno, lo cual es realmente un reto, pero un objetivo con altura de miras.

En lo personal, considera positivo que el gasto en política social vaya a incrementar por el grave problema de desigualdad que se sostiene en México; esa es precisamente una de las características del presupuesto del gasto del gobierno: su efecto multiplicador y su capacidad redistributiva por medio del ejercicio del gasto público. Sin embargo, resulta al menos curioso que la implementación de programas universales como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y algunos otros más que cuentan con la característica de la universalidad vayan a ser implementados con el menor gasto posible en su operatividad, es decir que las organizaciones se verán reducidas en recursos humanos y materiales para la implementación de dichos programas, lo que puede poner en duda su eficiencia y eficacia.

En fin, otro de los elementos que ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública y de los analistas del presupuesto es la significativa reducción a prácticamente todos los órganos autónomos del Estado mexicano, los cuales tienen responsabilidades tan importantes como: la generación de estudios estadísticos y censos para la toma de decisiones de gobierno, la regulación de las telecomunicaciones, la protección de los derechos humanos, garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales así como la organización de elecciones de representantes y gobernantes.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) enfrente una reducción de 500 millones de pesos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una disminución de 161.9 millones de pesos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ve disminuido su prepuesto por la cantidad de 280 millones y, quizás el que más llama la atención es, el del Instituto Nacional Electoral (INE) que sostiene una disminución de 950 millones de pesos.

Si bien es cierto que la política de austeridad parece haber permeado totalmente, y que es algo positivo, para evitar el despilfarro y el ejercicio irresponsable de los recursos públicos también es real que la implementación de programas y el desempeño de las funciones de las instituciones para cumplir con sus atribuciones requiere de recursos, aún más en actividades que requieren de despliegue territorial como lo es la organización de las elecciones.

Lo positivo del Presupuesto de Egresos de la Federación es la enorme capacidad mostrada para generar cambios en la repartición del dinero público en los distintos sectores, acción que anteriormente parecía sumamente improbable dado el falso mito de que prácticamente la totalidad del presupuesto estaba comprometido con elementos irrenunciables como lo son: el pago de la deuda pública, las aportaciones y contribuciones a Estados y municipios, así como el sostenimiento de las cifras para pensiones y en general para seguridad social. Otra característica positiva es la tendencia a tratar de generar eficiencia para lograr hacer más con menos, aunque con la salvedad de que hay actividades gubernamentales en que no se deben escatimar recursos y donde las reducciones poco consideradas pueden afectar en demasía a instituciones sustantivas del Estado.

Indudablemente, el siguiente año es clave para el nuevo gobierno que optó, políticamente acertado, por comenzar a hacer cambios en un hecho político fundamental como lo es el Presupuesto de Egresos de la Federación.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

El Presupuesto de Egresos 2019

Existen hechos políticos fundamentales emanados desde la institucionalidad del poder público, esa bien puede ser una definición del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado el pasado lunes y, en general, de todo el proceso presupuestario desde su formulación, discusión, aprobación, ejercicio y fiscalización. Sucintamente, el presupuesto que ejerce un gobierno es la síntesis de cómo se procesaron demandas y presiones para traducirse en soluciones en función de qué importancia tienen ciertos grupos de interés en la estructura de poder, o de qué tanta capacidad de incidir tienen en la toma de decisiones los distintos personajes y agrupaciones que, de facto, tienen el interés de colocar determinados temas en la agenda de atención del gobierno.

El proceso presupuestario en México, si bien se halla normado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras; también es real que, como lo ha demostrado el neoinstitucionalismo, existen reglas no escritas que fungen como determinantes y condicionantes de los procedimientos meramente formales; de ahí la complejidad para analizar el presupuesto, dado que sumado a la necesaria capacidad técnica para su elaboración también es sujeto, vectorialmente, de fuerzas políticas y sociales que inciden directamente en su conformación.

En este sentido resulta, por demás necesario, realizar un acercamiento a este hecho, sobre todo por la vorágine de cambios reales que se han gestado tras la entrada al poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El presupuesto para el siguiente año será, a todas luces, respondiente al discurso sostenido por el titular del ejecutivo en los últimos 20 años: el combate a la pobreza y la austeridad en el gobierno, lo cual es realmente un reto, pero un objetivo con altura de miras.

En lo personal, considera positivo que el gasto en política social vaya a incrementar por el grave problema de desigualdad que se sostiene en México; esa es precisamente una de las características del presupuesto del gasto del gobierno: su efecto multiplicador y su capacidad redistributiva por medio del ejercicio del gasto público. Sin embargo, resulta al menos curioso que la implementación de programas universales como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y algunos otros más que cuentan con la característica de la universalidad vayan a ser implementados con el menor gasto posible en su operatividad, es decir que las organizaciones se verán reducidas en recursos humanos y materiales para la implementación de dichos programas, lo que puede poner en duda su eficiencia y eficacia.

En fin, otro de los elementos que ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública y de los analistas del presupuesto es la significativa reducción a prácticamente todos los órganos autónomos del Estado mexicano, los cuales tienen responsabilidades tan importantes como: la generación de estudios estadísticos y censos para la toma de decisiones de gobierno, la regulación de las telecomunicaciones, la protección de los derechos humanos, garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales así como la organización de elecciones de representantes y gobernantes.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) enfrente una reducción de 500 millones de pesos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una disminución de 161.9 millones de pesos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ve disminuido su prepuesto por la cantidad de 280 millones y, quizás el que más llama la atención es, el del Instituto Nacional Electoral (INE) que sostiene una disminución de 950 millones de pesos.

Si bien es cierto que la política de austeridad parece haber permeado totalmente, y que es algo positivo, para evitar el despilfarro y el ejercicio irresponsable de los recursos públicos también es real que la implementación de programas y el desempeño de las funciones de las instituciones para cumplir con sus atribuciones requiere de recursos, aún más en actividades que requieren de despliegue territorial como lo es la organización de las elecciones.

Lo positivo del Presupuesto de Egresos de la Federación es la enorme capacidad mostrada para generar cambios en la repartición del dinero público en los distintos sectores, acción que anteriormente parecía sumamente improbable dado el falso mito de que prácticamente la totalidad del presupuesto estaba comprometido con elementos irrenunciables como lo son: el pago de la deuda pública, las aportaciones y contribuciones a Estados y municipios, así como el sostenimiento de las cifras para pensiones y en general para seguridad social. Otra característica positiva es la tendencia a tratar de generar eficiencia para lograr hacer más con menos, aunque con la salvedad de que hay actividades gubernamentales en que no se deben escatimar recursos y donde las reducciones poco consideradas pueden afectar en demasía a instituciones sustantivas del Estado.

Indudablemente, el siguiente año es clave para el nuevo gobierno que optó, políticamente acertado, por comenzar a hacer cambios en un hecho político fundamental como lo es el Presupuesto de Egresos de la Federación.


Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz