/ jueves 21 de febrero de 2019

Los avatares de nuestro tiempo

En defensa de los organismos autónomos

LUIS ENRIQUE BERMÚDEZ

Las acciones de gobierno están sujetas a tensión en un plano tridimensional, que bien pueden identificarse por los ejes de la búsqueda de: eficiencia, eficacia y legitimidad.

Resulta innegable que, en un régimen democrático, en que el ejercicio del poder público no es permanente en los gobernantes, sino que se renueva periódicamente, es sumamente atractivo buscar la aceptación plena entre la población y consecuentemente altos índices de legitimidad en la toma de decisiones para garantizar la estabilidad y perdurabilidad de ciertos proyectos, políticas y programas. Por esta razón, el gobierno y en general las instituciones del Estado deben realizar previsiones políticas y, sobre todo, técnicas, que garanticen los elementos de legitimidad, eficiencia y eficacia.

Sin embargo, esta búsqueda de legitimidad, en muchos casos suele distorsionarse hasta el punto de buscar lograr el mantenimiento de grupos políticos en el poder o de ciertos intereses (sean económicos o políticos) en el seno de las instituciones del gobierno y su accionar. En este sentido, la tendencia de crear organismos autónomos encargados de algunos de los temas más sensibles para la vida pública del país parece lógica para lograr “garantizar una suerte de blindaje político mediante cierto distanciamiento o grado de autonomía respecto del gobierno central, asegurando que la toma de decisiones se lleve a cabo mediante criterios estrictamente técnicos”.

La autonomía constitucional que, al día de hoy, ostentan varias instituciones del Estado mexicano en función de sus atribuciones y responsabilidades trascendentales, como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) ceñido a los derechos políticos y organización de procesos electorales sustentado en el artículo 41, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar el derecho de acceso a la información en el artículo 6, entre otros; son el resultado de grandes discusiones en torno a cuáles son los tópicos sobre los que el gobierno debe sostener una posición de respeto a las decisiones autónomas.

La autonomía de estas instituciones sobre temas tan relevantes para la vida nacional tiene una importancia política para evitar la filtración de la vida partidista en la cotidianidad de estas organizaciones y, de esa forma, brindarle estabilidad ante los vaivenes políticos. Además, dicha autonomía constitucional, tiene importancia funcional para lograr dirigir políticas públicas alineadas a decisiones técnicas y a la responsabilidad del Estado de garantizar el ejercicio de derechos por parte de la población.

Además, las experiencias de casi todos los organismos autónomos han sido exitosas; sobre todo porque la mayor parte de las funciones y atribuciones de estos, en antaño se encontraban en la administración pública federal, y algunos otros surgieron para cumplir con necesidades gubernamentales, por ejemplo:

-La regulación y supervisión de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión: antes la unidad responsable era la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, tras la reforma en la materia del año 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones agrupo tales funciones.

-La generación de información estadística para la toma de decisiones: en 1983 se creó mediante decreto presidencial el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para lograr la generación de información estadística confiable para tomar decisiones de gobierno más acertadas.

-La organización de procesos electorales: desde 1973 y hasta la elección de 1988 la Comisión Federal Electoral, dirigida por la Secretaría de Gobernación, era la encargada de la organización de las elecciones; para el año 1990 tras la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se crea el Instituto Federal Electoral y para el año 2014 dicha institución adquiere el carácter nacional como Instituto Nacional Electoral. Dichas transformaciones garantizaron el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y consecuentemente de la democracia, que en tantas ocasiones (1988 y 2006 sobre todo) se había puesto en predicamento.

El rasgo distintivo de cada uno de los organismos autónomos es que se han constituido como una válvula de escape para el Estado mexicano y, en general, para las instituciones del sector público, para recuperar y aliviar la tensión descrita inicialmente: la eficiencia, la eficacia y la legitimidad. La defensa de estas instituciones es la protección de luchas históricas y de una organización de las instituciones del Estado que ha dado resultados.

Facebook:

Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter:

@EnriqueBermC

En defensa de los organismos autónomos

LUIS ENRIQUE BERMÚDEZ

Las acciones de gobierno están sujetas a tensión en un plano tridimensional, que bien pueden identificarse por los ejes de la búsqueda de: eficiencia, eficacia y legitimidad.

Resulta innegable que, en un régimen democrático, en que el ejercicio del poder público no es permanente en los gobernantes, sino que se renueva periódicamente, es sumamente atractivo buscar la aceptación plena entre la población y consecuentemente altos índices de legitimidad en la toma de decisiones para garantizar la estabilidad y perdurabilidad de ciertos proyectos, políticas y programas. Por esta razón, el gobierno y en general las instituciones del Estado deben realizar previsiones políticas y, sobre todo, técnicas, que garanticen los elementos de legitimidad, eficiencia y eficacia.

Sin embargo, esta búsqueda de legitimidad, en muchos casos suele distorsionarse hasta el punto de buscar lograr el mantenimiento de grupos políticos en el poder o de ciertos intereses (sean económicos o políticos) en el seno de las instituciones del gobierno y su accionar. En este sentido, la tendencia de crear organismos autónomos encargados de algunos de los temas más sensibles para la vida pública del país parece lógica para lograr “garantizar una suerte de blindaje político mediante cierto distanciamiento o grado de autonomía respecto del gobierno central, asegurando que la toma de decisiones se lleve a cabo mediante criterios estrictamente técnicos”.

La autonomía constitucional que, al día de hoy, ostentan varias instituciones del Estado mexicano en función de sus atribuciones y responsabilidades trascendentales, como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) ceñido a los derechos políticos y organización de procesos electorales sustentado en el artículo 41, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar el derecho de acceso a la información en el artículo 6, entre otros; son el resultado de grandes discusiones en torno a cuáles son los tópicos sobre los que el gobierno debe sostener una posición de respeto a las decisiones autónomas.

La autonomía de estas instituciones sobre temas tan relevantes para la vida nacional tiene una importancia política para evitar la filtración de la vida partidista en la cotidianidad de estas organizaciones y, de esa forma, brindarle estabilidad ante los vaivenes políticos. Además, dicha autonomía constitucional, tiene importancia funcional para lograr dirigir políticas públicas alineadas a decisiones técnicas y a la responsabilidad del Estado de garantizar el ejercicio de derechos por parte de la población.

Además, las experiencias de casi todos los organismos autónomos han sido exitosas; sobre todo porque la mayor parte de las funciones y atribuciones de estos, en antaño se encontraban en la administración pública federal, y algunos otros surgieron para cumplir con necesidades gubernamentales, por ejemplo:

-La regulación y supervisión de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión: antes la unidad responsable era la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, tras la reforma en la materia del año 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones agrupo tales funciones.

-La generación de información estadística para la toma de decisiones: en 1983 se creó mediante decreto presidencial el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para lograr la generación de información estadística confiable para tomar decisiones de gobierno más acertadas.

-La organización de procesos electorales: desde 1973 y hasta la elección de 1988 la Comisión Federal Electoral, dirigida por la Secretaría de Gobernación, era la encargada de la organización de las elecciones; para el año 1990 tras la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se crea el Instituto Federal Electoral y para el año 2014 dicha institución adquiere el carácter nacional como Instituto Nacional Electoral. Dichas transformaciones garantizaron el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y consecuentemente de la democracia, que en tantas ocasiones (1988 y 2006 sobre todo) se había puesto en predicamento.

El rasgo distintivo de cada uno de los organismos autónomos es que se han constituido como una válvula de escape para el Estado mexicano y, en general, para las instituciones del sector público, para recuperar y aliviar la tensión descrita inicialmente: la eficiencia, la eficacia y la legitimidad. La defensa de estas instituciones es la protección de luchas históricas y de una organización de las instituciones del Estado que ha dado resultados.

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