/ jueves 28 de febrero de 2019

Los avatares de nuestro tiempo

En defensa de la sociedad civil

Desde la ciencia política, existen dos tendencias para estudiar a las democracias, la primera intenta remarcar la separación entre la esfera del Estado y la de la sociedad; la segunda -incluso más actual, con el texto de “Estados fuertes, Estados débiles de Joel Migdal- ha sugerido identificar al Estado en la sociedad, es decir, en un contexto en que como cualquier otro actor tiene que consensuar, colaborar, y reñir o constreñir con otros tantos actores más: como el mercado o la propia sociedad civil. Indudablemente esta discusión no es un tema sencillo, por el contrario, la profundidad de este análisis del papel del Estado y la sociedad tiene una serie de consecuencias relevantes; por ejemplo, si se considera que todos y cada uno de los temas de la vida pública deben estar centrados en el monopolio del Estado a través del gobierno, parece ser una contradicción con el sostenimiento de un sistema democrático, y en el sentido opuesto, si se considera que el Estado debe ser mínimo, se cae en una contradicción fundamental de la democracia representativa y del propio funcionamiento de la sociedad contemporánea, que sí requiere de un centro de poder público definido y investido de legitimidad.

Tales consideraciones surgidas desde el estudio de la política han delineado la discusión actual sobre si deben existir contrapesos en el ejercicio del poder público, y consecuentemente sobre cuáles debe ser, cuántos y hasta qué grado pueden fungir como una suerte de dique ante un poder exacerbado. Desde las consideraciones liberales, siempre se pensó a la política como una actividad humana para “moderar y regular el dominio del hombre sobre el hombre”; por lo que se infiere la necesidad de que aquellos que detentan el poder, a fin de evitar abusos y arbitrariedades, cuenten con contrapesos lo suficientemente sólidos.

La República, y su pilar fundamental que es la división clásica del poder público del Estado, en: legislativo, judicial y ejecutivo, generó el primer sistema de contrapesos y controles entre sí. Sin embargo, las democracias actuales, exigen mayores controles y contrapesos, a la acción del gobierno instalado en el poder ejecutivo, por las consecuencias que sus acciones pueden tener en la cotidianidad de las personas. Además de que los contrapesos tienen un objetivo político (evitar el autoritarismo) también tienen una finalidad funcional, que es la mejorar los rendimientos en el ejercicio de los recursos y atribuciones que el gobierno cuenta para la resolución de los problemas públicos, es decir, señalar qué se recomienda, qué soluciones se plantean, etc.

Retomando la primera parte de este texto, el poder del gobierno, en un régimen democrático está sujeto al escrutinio público de muchos actores, además de los otros dos poderes sustentados en la Constitución, por ejemplo: los propios partidos políticos, los sindicatos, los grupos empresariales e incluso, las organizaciones internacionales. Sin embargo, otro grupo es la sociedad, que mediante organizaciones de la sociedad civil se agrupan en torno a objetivos e intereses para incidir en la formación de la agenda de gobierno, para colaborar en la implementación de políticas públicas, etc.

Este último grupo, actualmente ha sido señalado por su presuntamente “desvirtuarse” y representar intereses que no necesariamente coinciden con el bienestar común. Empero, considero que no deben realizarse generalizaciones aventuradas sobre la sociedad civil que, en muchos casos actúa como contrapeso al poder del gobierno y, en muchas otras, como una suerte de supletoriedad a las deficiencias del Estado para garantizar el ejercicio de derechos de las personas (salud, educación, entre otros).

El actual gobierno debe optar por el respeto a los contrapesos naturales a su acción, además fortalecer a la sociedad civil organizada y entrar a la interacción productiva que garantiza la consideración y la participación de los grupos de la sociedad, que cuentan con un cúmulo de conocimiento que bien puede ser benéfico para la obtención de los grandes objetivos nacionales. Por otra parte, los grupos de la sociedad civil organizada deben defender su papel como contrapeso en una democracia en que el gobierno debe comprender que la legitimidad no se obtiene únicamente desde las urnas y el mantenimiento de esta es una tarea permanente.

Facebook:

Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC

En defensa de la sociedad civil

Desde la ciencia política, existen dos tendencias para estudiar a las democracias, la primera intenta remarcar la separación entre la esfera del Estado y la de la sociedad; la segunda -incluso más actual, con el texto de “Estados fuertes, Estados débiles de Joel Migdal- ha sugerido identificar al Estado en la sociedad, es decir, en un contexto en que como cualquier otro actor tiene que consensuar, colaborar, y reñir o constreñir con otros tantos actores más: como el mercado o la propia sociedad civil. Indudablemente esta discusión no es un tema sencillo, por el contrario, la profundidad de este análisis del papel del Estado y la sociedad tiene una serie de consecuencias relevantes; por ejemplo, si se considera que todos y cada uno de los temas de la vida pública deben estar centrados en el monopolio del Estado a través del gobierno, parece ser una contradicción con el sostenimiento de un sistema democrático, y en el sentido opuesto, si se considera que el Estado debe ser mínimo, se cae en una contradicción fundamental de la democracia representativa y del propio funcionamiento de la sociedad contemporánea, que sí requiere de un centro de poder público definido y investido de legitimidad.

Tales consideraciones surgidas desde el estudio de la política han delineado la discusión actual sobre si deben existir contrapesos en el ejercicio del poder público, y consecuentemente sobre cuáles debe ser, cuántos y hasta qué grado pueden fungir como una suerte de dique ante un poder exacerbado. Desde las consideraciones liberales, siempre se pensó a la política como una actividad humana para “moderar y regular el dominio del hombre sobre el hombre”; por lo que se infiere la necesidad de que aquellos que detentan el poder, a fin de evitar abusos y arbitrariedades, cuenten con contrapesos lo suficientemente sólidos.

La República, y su pilar fundamental que es la división clásica del poder público del Estado, en: legislativo, judicial y ejecutivo, generó el primer sistema de contrapesos y controles entre sí. Sin embargo, las democracias actuales, exigen mayores controles y contrapesos, a la acción del gobierno instalado en el poder ejecutivo, por las consecuencias que sus acciones pueden tener en la cotidianidad de las personas. Además de que los contrapesos tienen un objetivo político (evitar el autoritarismo) también tienen una finalidad funcional, que es la mejorar los rendimientos en el ejercicio de los recursos y atribuciones que el gobierno cuenta para la resolución de los problemas públicos, es decir, señalar qué se recomienda, qué soluciones se plantean, etc.

Retomando la primera parte de este texto, el poder del gobierno, en un régimen democrático está sujeto al escrutinio público de muchos actores, además de los otros dos poderes sustentados en la Constitución, por ejemplo: los propios partidos políticos, los sindicatos, los grupos empresariales e incluso, las organizaciones internacionales. Sin embargo, otro grupo es la sociedad, que mediante organizaciones de la sociedad civil se agrupan en torno a objetivos e intereses para incidir en la formación de la agenda de gobierno, para colaborar en la implementación de políticas públicas, etc.

Este último grupo, actualmente ha sido señalado por su presuntamente “desvirtuarse” y representar intereses que no necesariamente coinciden con el bienestar común. Empero, considero que no deben realizarse generalizaciones aventuradas sobre la sociedad civil que, en muchos casos actúa como contrapeso al poder del gobierno y, en muchas otras, como una suerte de supletoriedad a las deficiencias del Estado para garantizar el ejercicio de derechos de las personas (salud, educación, entre otros).

El actual gobierno debe optar por el respeto a los contrapesos naturales a su acción, además fortalecer a la sociedad civil organizada y entrar a la interacción productiva que garantiza la consideración y la participación de los grupos de la sociedad, que cuentan con un cúmulo de conocimiento que bien puede ser benéfico para la obtención de los grandes objetivos nacionales. Por otra parte, los grupos de la sociedad civil organizada deben defender su papel como contrapeso en una democracia en que el gobierno debe comprender que la legitimidad no se obtiene únicamente desde las urnas y el mantenimiento de esta es una tarea permanente.

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