/ jueves 11 de abril de 2019

LOS AVATARES DE NUESTRO TIEMPO

Derechos humanos, un compromiso indeclinable

  • El reto fundamental para México en el corto plazo está en generar las suficientes capacidades instaladas en las instituciones de gobierno para: garantizar el derecho fundamental a la vida, mejorar los indicadores de seguridad y contar con un sistema robusto de atención a víctimas de la violencia.

Hanna Arendt identificaba a la violencia o el conflicto como la ausencia de la política, es decir, de la capacidad para dirimir diferencias o problemas por medio de la palabra, el diálogo e, indudablemente, la civilidad -entendida propiamente desde la modernidad, en que la idea de derechos y libertades inundó la construcción de los Estados y las leyes- sumado a la idea del humanismo, que plantea a hombres y mujeres bajo la premisa de existencia de valores trascendentales como la libertad, la justicia y el respeto que, consecuentemente, llevan a la paz social.

Es desde esa lógica que la violencia se constituye como un fenómeno deshumanizante, que vulnera la paz social, el Estado de Derecho y los derechos y libertades inherentes a condición de ser humano.

Actualmente, es fundamental recurrir al análisis y la reflexión sobre los derechos humanos y los obstáculos que se enfrentan para su ejercicio real, a razón de eventos como la violencia, la desigualdad social y económica o la inseguridad. Este acercamiento a la realidad actual de los derechos humanos, para el caso de México, corresponde a los gobiernos, en función de que funge como garante de éstos.

En este marco, la visita a nuestro país por parte de Michelle Bachelet, en su condición de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abre la posibilidad de hallar nuevas rutas para construir un garantismo acorde a las condiciones sociales de México, donde la inseguridad y la violencia, desafortunadamente, tienen presencia y entorpece el libre desarrollo de las personas, así como el ejercicio de sus derechos.

El reto fundamental para México en el corto plazo está en generar las suficientes capacidades instaladas en las instituciones de gobierno para: garantizar el derecho fundamental a la vida, mejorar los indicadores de seguridad y contar con un sistema robusto de atención a víctimas de la violencia; en este tenor es que se refirió la representante de la ONU.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece señales de comprensión del problema y de compromiso para su solución, por lo que resulta reconfortante la apuesta por intentar el abordaje de la problemática desde la óptica de la cooperación con organismos internacionales, como lo es la Organización de las Naciones Unidas.

Esta característica específicas sobre cuál es la hoja de ruta que el gobierno mexicano seguirá para cumplir con el compromiso democrático de la protección de los derechos humanos, es fuertemente influenciada por la gobernanza global de los derecho fundamentales, elemento que, incluso, ha llegado a colocar estas consideraciones como imprescindibles en los marcos jurídicos nacionales; la supremacía de los derechos humanos incluso por encima de normas nacionales es la razón por la que la gobernanza global -representada por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar algunos ejemplos- tenga incidencia directa en las realidades -todas muy distintas- de varios países en el mundo.

Por esta razón, es un acierto del actual gobierno buscar la colaboración y cooperación en estos temas tan sensibles y delicados, no solamente para compartir responsabilidad sino para contar con asesorías y orientación de indudable calidad técnica-profesional.

El reto es garantizar la presencia del Estado -por medio de las leyes- en las relaciones que se dan en el espacio público y que son -naturalmente- susceptibles de desencuentros y conflictos. También está en preservar los derechos fundamentales de las personas, incluso como una condición “sine qua non” de la democracia; el establecimiento de la paz social como condición de normalidad, abre paso a la respuesta para implantar el derecho a una vida libre de violencia por parte de mujeres y hombres.

Ahora bien, los gobiernos estatales también deben entrar en sintonía y comprender la relevancia de los derechos humanos para la vida pública de México, su protección debe considerarse una política de Estado, la cual es indeclinable.

Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC


Derechos humanos, un compromiso indeclinable

  • El reto fundamental para México en el corto plazo está en generar las suficientes capacidades instaladas en las instituciones de gobierno para: garantizar el derecho fundamental a la vida, mejorar los indicadores de seguridad y contar con un sistema robusto de atención a víctimas de la violencia.

Hanna Arendt identificaba a la violencia o el conflicto como la ausencia de la política, es decir, de la capacidad para dirimir diferencias o problemas por medio de la palabra, el diálogo e, indudablemente, la civilidad -entendida propiamente desde la modernidad, en que la idea de derechos y libertades inundó la construcción de los Estados y las leyes- sumado a la idea del humanismo, que plantea a hombres y mujeres bajo la premisa de existencia de valores trascendentales como la libertad, la justicia y el respeto que, consecuentemente, llevan a la paz social.

Es desde esa lógica que la violencia se constituye como un fenómeno deshumanizante, que vulnera la paz social, el Estado de Derecho y los derechos y libertades inherentes a condición de ser humano.

Actualmente, es fundamental recurrir al análisis y la reflexión sobre los derechos humanos y los obstáculos que se enfrentan para su ejercicio real, a razón de eventos como la violencia, la desigualdad social y económica o la inseguridad. Este acercamiento a la realidad actual de los derechos humanos, para el caso de México, corresponde a los gobiernos, en función de que funge como garante de éstos.

En este marco, la visita a nuestro país por parte de Michelle Bachelet, en su condición de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abre la posibilidad de hallar nuevas rutas para construir un garantismo acorde a las condiciones sociales de México, donde la inseguridad y la violencia, desafortunadamente, tienen presencia y entorpece el libre desarrollo de las personas, así como el ejercicio de sus derechos.

El reto fundamental para México en el corto plazo está en generar las suficientes capacidades instaladas en las instituciones de gobierno para: garantizar el derecho fundamental a la vida, mejorar los indicadores de seguridad y contar con un sistema robusto de atención a víctimas de la violencia; en este tenor es que se refirió la representante de la ONU.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece señales de comprensión del problema y de compromiso para su solución, por lo que resulta reconfortante la apuesta por intentar el abordaje de la problemática desde la óptica de la cooperación con organismos internacionales, como lo es la Organización de las Naciones Unidas.

Esta característica específicas sobre cuál es la hoja de ruta que el gobierno mexicano seguirá para cumplir con el compromiso democrático de la protección de los derechos humanos, es fuertemente influenciada por la gobernanza global de los derecho fundamentales, elemento que, incluso, ha llegado a colocar estas consideraciones como imprescindibles en los marcos jurídicos nacionales; la supremacía de los derechos humanos incluso por encima de normas nacionales es la razón por la que la gobernanza global -representada por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar algunos ejemplos- tenga incidencia directa en las realidades -todas muy distintas- de varios países en el mundo.

Por esta razón, es un acierto del actual gobierno buscar la colaboración y cooperación en estos temas tan sensibles y delicados, no solamente para compartir responsabilidad sino para contar con asesorías y orientación de indudable calidad técnica-profesional.

El reto es garantizar la presencia del Estado -por medio de las leyes- en las relaciones que se dan en el espacio público y que son -naturalmente- susceptibles de desencuentros y conflictos. También está en preservar los derechos fundamentales de las personas, incluso como una condición “sine qua non” de la democracia; el establecimiento de la paz social como condición de normalidad, abre paso a la respuesta para implantar el derecho a una vida libre de violencia por parte de mujeres y hombres.

Ahora bien, los gobiernos estatales también deben entrar en sintonía y comprender la relevancia de los derechos humanos para la vida pública de México, su protección debe considerarse una política de Estado, la cual es indeclinable.

Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC