La próxima reforma laboral en México

Recientemente se intensificó la discusión de una nueva reforma laboral en el poder legislativo. La propuesta es uno de los compromisos que el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adquirió durante la campaña electoral del año pasado; es también una de las mayores necesidades en México, sobre todo tras las últimas modificaciones que tanto el artículo 123 constitucional, como la Ley Federal del Trabajo (reglamentaria del apartado A del mencionado artículo) han sufrido en los últimos 19 años, las cuales han dejado tanto a trabajadores como a empleadores, con serias dudas; además ha impedido el incremento en los niveles de competitividad del país frente a otra economía con otros mercados laborales. Por esta razón es que es trascendental abonar al debate político sobre el trabajo y la cuestión laboral, como un tópico central para lograr el desarrollo de nuestro país.

En la era contemporánea, la relación directa entre trabajo e ingreso está rota. Dicha afirmación ha sido demoledora para la realidad actual, para el proyecto de vida de las nuevas generaciones y, sucintamente, para el anhelo de desarrollo que dado el cataclismo del paradigma del binomio trabajo-bienestar se ha vislumbrado prácticamente como una utopía; todo esto en función del entorno de crisis que, dicho sea, ha derivado en el sostenimiento de niveles de desigualdad que, ética y moralmente resultan inaceptables.

Resulta fundamental señalar que esta es una realidad global, la mutación o transformación del “trabajo” ha tenido espacio en las sociedades más desarrolladas, pero, también en aquellos países con economías emergentes o, peor aún, en aquellos situados en franca crisis, en los que el resultado de la ruptura entre trabajo e ingreso ha desencadenado graves afectaciones sobre la población, expectante de qué posibilidades tienen de realizar el gran escape de la pobreza y desigualdad, si los ingresos son bajos y las condiciones laborales son deplorables.

El dramático contexto bajo el que se sitúa el tema del trabajo, puede ser resultado de varios hechos históricos: la salida del Estado como actor económico preponderante; la desregulación de los mercados (principal empleador) o, la creación de legislaciones alejadas de las demandas laborales y cercanas a la idea de acumulación de capital como idea de crecimiento y desarrollo económico; así como la búsqueda de atracción de inversiones provenientes del exterior a costa de la pérdida de condiciones laborales favorables para los trabajadores.

En buena medida esta crisis de lo laboral, también tiene un asidero importante en la legislación con que los países cuentan para reglamentar el trabajo. Para el caso de México, la Ley Federal del Trabajo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 y ha contado con múltiples reformas importantes, como lo son: la de 1972, en materia de habitaciones para los trabajadores; la de 1974, sobre la creación del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores; la de 1975, referida al pago de aguinaldo proporcional al tiempo trabajado; en 1978, en materia de capacitación para los trabajadores; en 1980, en materia de derecho procesal laboral; en 1988, se introduce la figura de la empresa que ejecuta obras o servicios para otra y que no dispone de elementos propios suficientes; en 2006 y en 2012, cuando se incorporó la figura de la subcontratación o “outsourcing”.

Dadas estas modificaciones sustantivas de la legislación en materia de trabajo, se llegó al estadio actual, caracterizado por los bajos ingresos; la pérdida de derechos laborales como el sistema de retiro que hoy se basa en el esquema de cuentas individuales y coloca a nuevas generaciones en un entorno de incertidumbre. También en materia de organización sindical, así como de justicia laboral.

Por estas razones, era previsible que la reforma para este año fuera amplia y minuciosa, con propuestas como: la creación del Centro Nacional de Conciliación; la democracia sindical; un régimen especial para trabajadoras del hogar; eliminación del “outsourcing”; y la implantación del principio de igualdad de género.

Incluso los compromisos internacionales de México lo han orillado a buscar una solución a la crisis y recomponer la realidad del trabajo actual. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, manifiestan como un objetivo el “trabajo decente y crecimiento económico”, y las metas de: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad; Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización.

El futuro del trabajo en México, ligado a la idea de bienestar será promisorio, en tanto se opte por la mejora de las condiciones de trabajo, la capacitación, la gobernanza laboral y la generación de espacios de trabajo, así como el incremento de salarios. Por ello es esperanzador el planteamiento de análisis en la materia y una nueva reforma laboral ampliamente discutida por empleadores, trabajadores, académicos y expertos, para lograr una reforma equilibrada y que ofrezca resultados en el mediano plazo con incidencia tanto el crecimiento económico como en el desarrollo social, que en conjunto forman el paradigma del bienestar.

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Luis Enrique Bermúdez Cruz

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