El Federalismo y el problema competencial en México

Luis Enrique Bermúdez

Durante mucho tiempo el debate sobre la conformación del Estado de centró en cómo gestionar su organización interna, por un lado, desde la óptica del acomodo territorial: Estados y municipios en el caso de México, provincias o departamentos en otros; y, por otro lado, el cómo organizar el poder y gestar la distribución de competencias entre los niveles, ahí el Estado unitario y el federal son polos opuestos.

Nuestro país optó por un sistema federal, un poco inspirado por “El Federalista” de la autoría de Hamilton y Madison, pero también como resultado de historia propia (la Constitución de Cádiz) y considerando al federalismo como el sistema ideal para aliviar las tensiones regionales y lograr cohesión e identidad nacional, al tiempo que las entidades federativas (libres y soberanas) podrían gestionar sus propios asuntos con el referente inmediato de un gobierno federal.

Esta discusión sobre cuál es el estado actual de la Federación es pertinente, no es ociosa. Sin embargo, puede generar dudas sobre su factibilidad, sobre todo ante la urgencia de atención a problemas realmente graves como la inseguridad. Es ahí que la distribución de competencias para la Federación, los Estados y los municipios dada desde la Constitución General y las leyes generales, toma mayor sentido y oportunidad.

Además, el acuerdo al que el gobierno mexicano llegó con el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump -apenas la semana pasada-, que en resumidas cuentas obliga a México a aumentar el número de detenciones de personas en condición de migrantes en nuestra frontera sur y a recibir a las personas que esperan la resolución de su situación migratoria en EUA en la frontera norte, abre el debate sobre cómo México (como un Estado nacional) debe enfrentar el problema -que es una crisis humanitaria- es decir, qué papel jugarán los Estados y municipios en la conformación de una política de Estado que tiene implicaciones en el desarrollo de la cotidianeidad de las personas.

La respuesta más sencilla es señalar que, en cuanto a política migratoria, la federación tiene competencia; sin embargo, los Estados y municipios bajo el artículo 21 constitucional también tienen la función en materia de seguridad pública. Bajo esta tesitura, la creación de la Guardia Nacional rompe el paradigma y genera un estadio de centralización de la seguridad, el despliegue de este nuevo cuerpo de seguridad en el sur del país es, indiscutiblemente, una acción de fortalecimiento de las capacidades del Estado. Empero, genera dudas sobre la capacidad de la Federación para garantizar seguridad en otras regiones del país, no necesariamente afectadas por los grandes flujos migratorios irregulares, pero sí por la ola de violencia de los últimos años.

El condicionamiento que ahora vive México -bajo la presión del presidente estadounidense- puede desembocar en un problema de características mayores, porque mientras ahora nos concentramos -como nunca, es cierto, en el fortalecimiento de la frontera sur- se aleja la atención a otras zonas del país con problemas de seguridad igualmente importantes. El diseño del sistema federal prevé eso, por ello la distribución de competencias y facultades, incluso algunas concurrentes, por la consideración de falta de capacidades institucionales para gestionar todos los problemas públicos.

Dicho sea, la tendencia centralizadora y no la federalización (distribución hacia Estados y municipios), sea por la cesión conveniente de competencias o por el despojo de éstas desde el rompimiento de la estabilidad competencial de la Constitución por la formación de leyes generales a inicios del siglo XXI, sitúa al gobierno federal (reducido y falto de capacidades) ante problemas de proporciones descomunales.

La salida no es sencilla y ha sido reiterada durante muchos años: nuestro sistema federal requiere de mecanismos sólidos de coordinación en diversas materias entre Federación, Estados y Municipios; para lograrlo las entidades federativas y las municipalidades deben generar capacidades institucionales notables dado que, ante la centralización de responsabilidades, siempre está el riesgo de fallas o faltas en la atención. Esta consecuencia de la centralización no es un bosquejo teórico, más bien, en la realidad tiene implicaciones fuertes: la protección y seguridad de las personas puede ser una de tantas.

Por esta razón es que, fundamentalmente, el federalismo mexicano debe alejarse de la complejidad para solucionar el problema competencial existente, marcar los límites de acción de cada uno de los niveles y señalar cuáles y en qué materias existe la posibilidad de coordinación o de concurrencia en la atención de los problemas públicos y la oferta de servicios.

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