El compromiso necesario con la política cultural en México

La década de los años 70 del siglo XX, efigie del agotamiento del Estado de bienestar, trajo consigo de manera consecuencial, el redimensionamiento de la vida pública. El llamado neoliberalismo -apelando a la racionalidad de las decisiones- redujo las capacidades y atribuciones del Estado y formó una nueva gestión pública, de la que escapaban varios y diversos servicios, en antaño ofertados desde las organizaciones públicas para pasar a la sujeción del Mercado y la sociedad civil como otros actores de la vida pública.

En tal contexto, la oferta en el sector de la cultura y las artes pasó de la participación estatal por medio de diversas acciones a la preminencia del sector privado; algunas de estas primeras manifestaciones son: el boom de las nuevas editoriales, la conformación de colecciones de arte privadas y la poca estimulación por parte de los gobiernos -en todos sus niveles- para la promoción de la cultura y su amplia manifestación. Además, en el plano del reconocimiento de los derechos como garantías, los derechos culturales se instalaron en un proceso parsimonioso para su reconocimiento, en tanto suponía compromiso y responsabilidad por parte del Estado.

Para el caso de México la tendencia internacional, invariablemente tuvo repercusiones. Sin embargo, el acrecentamiento de las desigualdades exigió la recuperación de la gestión de lo público, incluida la cultura; por lo que la historia nacional ubica acciones estratégicas como: el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fondo de Cultura Económica o el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, en los que la asociación pública privada ha tenido resultados considerablemente importantes. Empero, el reconocimiento de los derechos culturales de las personas, como pueden ser: acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que ofrece el Estado en la materia; participar de manera activa y creativa en la cultura; comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección; se logró hasta la publicación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales el 19 de junio de 1917, con el objeto de:

- Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos;

- Establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales;

- Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones;

- Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural;

- Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales;

- Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de política cultural;

- Establecer mecanismos de participación en los sectores social y privado y;

- Promover entre la población el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Dicha ley abrió paso a la responsabilidad plena del Estado -en tanto garante- con los derechos culturales de las personas. El paradigma garantista emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentado con la Ley General supuso un paso fundamental que, sumado a la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015, describen la prioridad de la política cultural en México, descrito como una nación de composición pluricultural.

Esta característica determina que el gobierno defina y advierta responsabilidad con el ciclo de la política cultural, desde la definición de objetivos y hasta los resultados de ésta. No obstante, el proceso presupuestal es una muestra determinante del compromiso con la política cultural que México no ha manifestado en su totalidad.

Usualmente, el comparativo de los presupuestos anuales se realiza con términos nominales, lo cual es inexacto por la falta de consideración de variables como el de la inflación; también es frecuente el análisis en términos reales (descontando el valor inflacionario) y entonces es verídico señalar que, anualmente, el presupuesto de egresos es mayor y el ramo de cultura cada vez adquiere mayor proporción en la hoja de gastos del Estado mexicano. Sin embargo, si en el análisis consideramos las ampliaciones presupuestales por capítulo y por sector, el resultado dista de la conclusión generalizada: la muestra indica que durante la última década las ampliaciones para cultura han sido inestables y para los últimos cinco años (considerando el año 2019) se ha reducido dramáticamente. La siguiente tabla y gráfica muestran el comportamiento presupuestal en la materia:

Año Monto de ampliación presupuestal a cultura en pesos

• 2010 3,058,500,000
• 2011 3,179,300,052
• 2012 3,841,668,000
• 2013 4,057,861,241
• 2014 1,867,756,042
• 2015 2,111,567,258
• 2016 2,054,788,249
• 2017 1,500,279,607
• 2018 1,200,000,000
• 2019 500,000,000

Este análisis es factible porque el Presupuesto de Egresos de la Federación es la representación gráfica y fáctica de las prioridades e intereses colocados en la agenda de gobierno. Resulta desalentador que, invariablemente el avance constituciones, legal e institucional no sea simultaneo al compromiso con que los gobiernos visualizan una política cultural fortalecida.

Bajo esta tesitura, la idea de que México sea un referente cultural y las personas cuenten con la posibilidad de ejercer sus derechos culturales se vislumbra aún alejada. Todo parece indicar que mientras el compromiso con esta política sea bajo o nulo, los retos serán siempre los mismos: salvaguardar el cúmulo de cultura, hacer llegar la cultura y las artes a todas las personas y brindar espacios para el ejercicio de derechos; ante dichos avatares, la respuesta debe llegar desde la herramienta fundada del gobierno: el presupuesto; en buena medida porque, en muchos sentidos, la cultura engendra progreso.

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