/ sábado 6 de julio de 2019

LOS AVATARES DE NUESTRO TIEMPO

De los sistemas anticorrupción en México

La corrupción, definida como un problema de origen multifactorial y de impacto con efecto multiplicador; en tanto puede distorsionar la vida pública, social y hasta privada de las personas, ha sido abordada desde una taxonomía y léxico propio, en los que abundan las terminologías propias del Derecho y la Administración Pública. Empero, la magnitud del problema solamente puede ser entendida, más allá de esas barreras (taxonomía y léxico) a través de las consecuencias negativas en la cotidianeidad.

Derivado de una coyuntura política, no exclusiva para México, el fenómeno de la corrupción irrumpió en la opinión pública y se instaló como un problema en la agenda de los gobiernos. Las manifestaciones del fenómeno desencadenaron, en varios países de América Latina, agudas crisis de confianza en las instituciones gubernamentales, en los representantes políticos e, incluso, en la democracia misma. Ante este contexto, las protestas escalaron al punto de generar cambios en los gobiernos (Perú y Argentina son un ejemplo) o, más profundamente, modificaciones sustanciales en el sistema político (donde Guatemala y Brasil se muestran claramente).

Para el caso de México, la discusión sobre la corrupción tomó el cause de la institucionalidad y se buscaron soluciones dentro de las organizaciones públicas y, por medio de políticas públicas existentes en la materia, como lo son: la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Sin embargo, el punto nodal de la transformación ante la crisis fue la reforma a la Constitución Política en el año 2015 que dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, como un esfuerzo por lograr coordinación entre las instituciones que -mediante sus atribuciones- tienen incidencia en el combate a la corrupción y en la formación de un Estado abierto.

En consecuencia, se formuló la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha decisión colocó como compromiso para las entidades federativas, replicar el modelo del sistema; en Tlaxcala la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala fue publicada en 2018 y el Sistema local comenzó con una etapa germinal y de aprendizaje y formación de dinámicas y apropiación de funciones y responsabilidades.

El aprendizaje institucional señaló la necesidad de generar una agenda común, manifestada en el diseño e implementación de una política pública en materia anticorrupción que, simultáneamente, fuera capaz de involucrar a los sectores de la sociedad que se hallan inmersos (como víctimas) en el problema de la corrupción. Por este razonamiento, la noción de participación ciudadana ha sido orientador y catalizador del proceso de política pública y de compromiso institucional desde el sector público, privado y sociedad civil.

La idea de la formación de sistemas ha sido ampliamente explorada desde la Teoría de la Organización, la Ciencias Política y la Administración Pública. En lo referido a la implementación, en México se han formado: el Sistema Nacional de Transparencia y el de Fiscalización. No obstante, la operatividad ha sido uno de los elementos clásicos en el señalamiento a esta estructura. Sin embargo, el propósito central de generar coordinación e interrelación entre instituciones -antes aisladas en el desarrollo de sus funciones- resulta beneficioso a efectos de cumplir el objetivo general de una política pública.

De tal suerte, los sistemas -tanto nacional como locales- anticorrupción, integrados por distintos comités, comisiones y un órgano ejecutivo, son un artífice para prevenir y erradicar actos de corrupción. Si las instituciones se dimensionan como reglas del juego que, generan certidumbre e instalan una serie de incentivos positivos y negativos para la actividad humana, consecuentemente, las reglas y políticas anticorrupción emanadas desde los sistemas, deben estar orientadas desde la evidencia y el acercamiento -metódico y ordenado- al problema público.

Mientras en el discurso político actual, el ejemplo del actuar personal basta para erradicar la corrupción (es necesario, pero no suficiente); desde el ámbito académico siempre se ha señalado la necesidad de contar con una política en la materia. La institucionalización de dicha política especializada es muestra clara de que existen respuestas sólidas a la previsible crisis en que se encontraba México, como muchos otros Estados alrededor del mundo.

Bajo esta tesitura, la política anticorrupción requiere se la co-creación y la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno; esta es la característica referencial de las sociedades contemporáneas democráticas y de la formación de gobiernos abiertos y cercanos a la ciudadanía que, participativa, debate y delibera acerca de lo que es conveniente en los asuntos públicos; justo en este eje de participación se medirá el éxito, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como del Sistema Estatal en Tlaxcala.

  • Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
  • Twitter: @EnriqueBermC

De los sistemas anticorrupción en México

La corrupción, definida como un problema de origen multifactorial y de impacto con efecto multiplicador; en tanto puede distorsionar la vida pública, social y hasta privada de las personas, ha sido abordada desde una taxonomía y léxico propio, en los que abundan las terminologías propias del Derecho y la Administración Pública. Empero, la magnitud del problema solamente puede ser entendida, más allá de esas barreras (taxonomía y léxico) a través de las consecuencias negativas en la cotidianeidad.

Derivado de una coyuntura política, no exclusiva para México, el fenómeno de la corrupción irrumpió en la opinión pública y se instaló como un problema en la agenda de los gobiernos. Las manifestaciones del fenómeno desencadenaron, en varios países de América Latina, agudas crisis de confianza en las instituciones gubernamentales, en los representantes políticos e, incluso, en la democracia misma. Ante este contexto, las protestas escalaron al punto de generar cambios en los gobiernos (Perú y Argentina son un ejemplo) o, más profundamente, modificaciones sustanciales en el sistema político (donde Guatemala y Brasil se muestran claramente).

Para el caso de México, la discusión sobre la corrupción tomó el cause de la institucionalidad y se buscaron soluciones dentro de las organizaciones públicas y, por medio de políticas públicas existentes en la materia, como lo son: la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Sin embargo, el punto nodal de la transformación ante la crisis fue la reforma a la Constitución Política en el año 2015 que dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, como un esfuerzo por lograr coordinación entre las instituciones que -mediante sus atribuciones- tienen incidencia en el combate a la corrupción y en la formación de un Estado abierto.

En consecuencia, se formuló la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha decisión colocó como compromiso para las entidades federativas, replicar el modelo del sistema; en Tlaxcala la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala fue publicada en 2018 y el Sistema local comenzó con una etapa germinal y de aprendizaje y formación de dinámicas y apropiación de funciones y responsabilidades.

El aprendizaje institucional señaló la necesidad de generar una agenda común, manifestada en el diseño e implementación de una política pública en materia anticorrupción que, simultáneamente, fuera capaz de involucrar a los sectores de la sociedad que se hallan inmersos (como víctimas) en el problema de la corrupción. Por este razonamiento, la noción de participación ciudadana ha sido orientador y catalizador del proceso de política pública y de compromiso institucional desde el sector público, privado y sociedad civil.

La idea de la formación de sistemas ha sido ampliamente explorada desde la Teoría de la Organización, la Ciencias Política y la Administración Pública. En lo referido a la implementación, en México se han formado: el Sistema Nacional de Transparencia y el de Fiscalización. No obstante, la operatividad ha sido uno de los elementos clásicos en el señalamiento a esta estructura. Sin embargo, el propósito central de generar coordinación e interrelación entre instituciones -antes aisladas en el desarrollo de sus funciones- resulta beneficioso a efectos de cumplir el objetivo general de una política pública.

De tal suerte, los sistemas -tanto nacional como locales- anticorrupción, integrados por distintos comités, comisiones y un órgano ejecutivo, son un artífice para prevenir y erradicar actos de corrupción. Si las instituciones se dimensionan como reglas del juego que, generan certidumbre e instalan una serie de incentivos positivos y negativos para la actividad humana, consecuentemente, las reglas y políticas anticorrupción emanadas desde los sistemas, deben estar orientadas desde la evidencia y el acercamiento -metódico y ordenado- al problema público.

Mientras en el discurso político actual, el ejemplo del actuar personal basta para erradicar la corrupción (es necesario, pero no suficiente); desde el ámbito académico siempre se ha señalado la necesidad de contar con una política en la materia. La institucionalización de dicha política especializada es muestra clara de que existen respuestas sólidas a la previsible crisis en que se encontraba México, como muchos otros Estados alrededor del mundo.

Bajo esta tesitura, la política anticorrupción requiere se la co-creación y la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno; esta es la característica referencial de las sociedades contemporáneas democráticas y de la formación de gobiernos abiertos y cercanos a la ciudadanía que, participativa, debate y delibera acerca de lo que es conveniente en los asuntos públicos; justo en este eje de participación se medirá el éxito, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como del Sistema Estatal en Tlaxcala.

  • Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
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