Una de las máximas de la modernización administrativa de los gobiernos es lograr que las organizaciones encargadas de ofrecer servicios públicos, generar políticas públicas y en general atender los problemas públicos a los que las sociedades se enfrentan. Por esta razón se ha generado -en el pasado reciente- diferentes reformas encaminadas a este objetivo general: por ejemplo: el servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como la implementación de nuevos organismos que a partir del conocimiento técnico especializado atiendan materias estratégicas como la realización de procesos electorales o la protección de los derechos humanos.
Este argumento economicista y racional, también tiene una explicación político-histórica en México. Es causalidad y no casualidad que se haya optado por construir organismos constitucionalmente autónomos para la atención de materias antes desarrolladas por el gobierno centralizado o, en el peor de los casos, inexistentes. Para muestra el instituto garante del derecho de acceso a la información, el actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) o el propio Instituto Nacional Electoral (INE).
Hasta la última parte del siglo XX se definió la factibilidad de generar un organismo ciudadano encargado de organizar las elecciones y sobre todo que estuviera alejado de la toma de decisiones encumbradas en el grupo político en el poder. Esto derivó en contar con procesos más imparciales y con menores riesgos de incertidumbre o crisis política como la generada en 1988. Por el lado del INAI, el derecho de acceso a la información contenido en el artículo 6 de la Constitución, refuerza la idea de que se requiere, en un contexto eminentemente democrático, de contar con instituciones que salvaguarden un derecho fundamental como el conocer qué, cómo, cuánto, dónde, por qué de las decisiones, los recursos, los programas, las políticas públicas que se generan desde las instituciones del Estado.
Dichas estas dos razones: la modernización administrativa y la política. Se suma un argumento contextual, en el sentido de que en la realidad mexicana no existe -aún- otra posibilidad para administrar estos procesos, en el caso específico de la transparencia y acceso a la información. Es decir, si bien es cierto que los organismos autónomos son una excepción a la organización tradicional del Estado y la división del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial) es real que cuentan con mecanismos republicanos que garantizan su actuar en favor de los intereses colectivos: por ejemplo, la designación de los comisionados, la cual pasa por un tamiz en el Senado de la República, la propia discusión de su presupuesto, la cual se realiza en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las evaluaciones y procesos de fiscalización de las cuales son parte a través de la Auditoría Superior de la Federación o, incluso, por parte de organizaciones de la sociedad civil que, dicho sea, son cada vez más especializadas en el tema y en mayor número.
En síntesis, los organismos constitucionalmente autónomos garantizan el cumplimiento de obligaciones del Estado mexicano y salvaguardan derechos fundamentales. En términos generales, la propuesta realizada en días pasados por el Presidente de la República para “desaparecerlos”, representaría un retroceso indudable en el diseño institucional de las organizaciones públicas. Además, se constituiría como una afrenta a la convicción democrática de nuestro país y al largo proceso histórico de construcción de tales instituciones. El argumento central de la propuesta se concentra, prácticamente de manera exclusiva, en aludir el impacto que representaría para las finanzas públicas el “ahorrar” las erogaciones que hoy realiza el INAI y que sus funciones fueran absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Esto es, a todas luces endeble. Realmente el dinero público que recibe el INAI solamente representa el 0.02% respecto del total del Presupuesto de Egresos de la Federación y por el lado de las funciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) al ser una Secretaría de Estado, tiene atribuciones para actuar como parte de la Administración Pública Federal, la interrogante si la desaparición del INAI también acarrearía la difuminación del Sistema Nacional de Transparencia y con ello la búsqueda legal por hacer de la SFP un órgano que duplicaría o triplicaría su estructura actual.
No es inverosímil señalar preocupación ante la ignominia que orienta la propuesta de esta semana. El INAI además de ser el órgano garante del derecho de acceso a la información es, indudablemente, un triunfo hacia la apertura y de combate a la opacidad con que -en antaño- se tomaban las decisiones. No obstante, es evidente que se requiere de una intensa labor de reestructuración del instituto, para acercarlo efectivamente a la vida cotidiana de las personas para hacer evidente su utilidad social y práctica. Quizás solamente para eso sirva esta coyuntura; generar debate acerca de cómo mejorar una institución tan importante en el sistema de pesos y contrapesos de la vid democrática mexicana.
Ávido de encontrar respuestas, en el libro “Corrupción y Transparencia. Debatiendo las fronteras entre el Estado, Mercado y Sociedad”, el cual contó como coordinadora con la Dra. Irma Eréndira Sandoval, actual Secretaria de la Función Pública, señaló, según su interpretación sobre uno de los textos que integran lo obra, que “una moralización exagerada de los asuntos de la corrupción nos pueden alejar de la construcción de políticas públicas concretas que la combatan, dejándonos simplemente en el nivel de la retórica vacía”. Totalmente cierto. Evidentemente, desde el liderazgo político de la toma decisiones el discurso es vital, sin embargo, en las tareas de gobierno las declaraciones radicales deben contar con una justificación total. En este sentido, la desaparición de organismos autónomos es viable discursivamente e inviable desde la óptica de los resultados, los derechos y la democracia.
Celebro el debate público y la defensa que desde la academia se realiza a la autonomía constitucional. Reitero que la máxima de la modernización administrativa, orientada desde la eficiencia es requerida en nuestra realidad mexicana siempre suigéneris, bizarra o un poco surrealista.
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