/ sábado 14 de noviembre de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | Dilemas éticos y la reivindicación laboral en México

El proceso de toma de decisiones supone el enfrentamiento a dilemas éticos. Por esta razón, el gobernante tiene el deber de considerar la información de la que dispone y orientar las decisiones desde la evidencia y con la búsqueda innegable del bien común. Dicho desde la estulticia todo parece sencillo o fácil. Sin embargo, el enfrentamiento de estos dilemas éticos está casi siempre acompañado de la afectación de intereses relevantes que riñen y constriñen unos con otros y que, en muchos casos son prácticamente irreconciliables. La complejidad de los asuntos se convierte también en un límite de la acción individualizada o vertical para entonces tratar de generar consensos y búsquedas de información fidedigna que garanticen que las decisiones generen impactos deseados y positivos.

Justamente en este contexto, los gobiernos mexicanos anteriores y el actual, se enfrentan a un dilema ético generado a partir de dos posibilidades; por un lado, optar por la generación de empleos bajo la flexibilización de la legislación laboral y, por otro, el respeto estricto de los derechos y demás condiciones laborales ganadas desde el artículo 123 constitucional, aunque esto represente menores incentivos a la inversión privada. Este dilema ético presentó falsos argumentos en la década de los años 80, y entonces el país inauguró una nueva etapa de las relaciones laborales caracterizada por la flexibilización.

Discursivamente la flexibilización permitiría generar una mayor cantidad de empleos, proporcionales al incremento de la fuerza laboral disponible, el incremento en la esperanza de vida, así como de las edades de retiro en los mercados laborales. Empero, las reformas de la última mitad del siglo XX solamente derivaron en la precarización laboral, la pérdida de derechos laborales y, en general, el detrimento de las capacidades de organización y exigibilidad de derechos por parte de los trabajadores.

En México, la flexibilización de la legislación laboral abrió la puerta a prácticas de gestión y contratación del personal por medio de outsourcing. Dicho mecanismo comenzó con servicios básicos de asistencia, por ejemplo, limpieza y se profundizó a partir del año 2012 hacia tareas sustantivas en las organizaciones, por ejemplo, en informática, gestión de datos, diseño, etc. Orgánicamente los cambios en la ley fueron orientados a partir de la idea de mejores condiciones para la inversión, pero los datos demuestran que las prácticas de outsourcing tuvieron consecuencias terribles, entre las que destacan: el registro de trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben, la simulación laboral respecto a quién es el verdadero patrón (empleador), la evasión de impuestos y cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como las del Infonavit.

La subcontratación también permitió a las empresas y empleadores romper la continuidad de la relación laboral y con ello evadir responsabilidad sobre todo en cuanto a las aportaciones patronales en los diferentes regímenes especiales de ahorro para el retiro. Con atrevimiento podría señalar que la excesiva ocupación de la población económicamente activa bajo esquemas de subcontratación también tuvo como consecuencia la depreciación del costo de la fuerza de trabajo, dado que se genera una competencia desleal al abaratar artificialmente la mano de obra en rezón de la evasión de impuestos y de cuotas de seguridad social. Es decir, la flexibilidad en términos genéricos construyó prácticamente un estado de indefensión para los trabajadores. Nada más injusto, quizás la resolución del dilema ético planteado con anterioridad, decidió respectar estrictamente los intereses de inversores y abandonar aquellos que pertenecen a la mayor parte de la población, la de los trabajadores. Las cifras así lo demuestran, en la actualidad según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el 16.6% del total de la población económicamente activa se encuentra subcontratada.

Por esta razón, destaca la reforma laboral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dilema ético entre flexibilización laboral y el respeto estricto a los derechos laborales, está resuelto. Optar por la flexibilización solamente generó la precarización laboral y la disminución de condiciones favorables para la movilidad social, la reducción de desigualdades sociales y de la pobreza en México. Se requiere de la reivindicación de una agenda de derechos laborales progresivos, es el momento.

El proceso de toma de decisiones supone el enfrentamiento a dilemas éticos. Por esta razón, el gobernante tiene el deber de considerar la información de la que dispone y orientar las decisiones desde la evidencia y con la búsqueda innegable del bien común. Dicho desde la estulticia todo parece sencillo o fácil. Sin embargo, el enfrentamiento de estos dilemas éticos está casi siempre acompañado de la afectación de intereses relevantes que riñen y constriñen unos con otros y que, en muchos casos son prácticamente irreconciliables. La complejidad de los asuntos se convierte también en un límite de la acción individualizada o vertical para entonces tratar de generar consensos y búsquedas de información fidedigna que garanticen que las decisiones generen impactos deseados y positivos.

Justamente en este contexto, los gobiernos mexicanos anteriores y el actual, se enfrentan a un dilema ético generado a partir de dos posibilidades; por un lado, optar por la generación de empleos bajo la flexibilización de la legislación laboral y, por otro, el respeto estricto de los derechos y demás condiciones laborales ganadas desde el artículo 123 constitucional, aunque esto represente menores incentivos a la inversión privada. Este dilema ético presentó falsos argumentos en la década de los años 80, y entonces el país inauguró una nueva etapa de las relaciones laborales caracterizada por la flexibilización.

Discursivamente la flexibilización permitiría generar una mayor cantidad de empleos, proporcionales al incremento de la fuerza laboral disponible, el incremento en la esperanza de vida, así como de las edades de retiro en los mercados laborales. Empero, las reformas de la última mitad del siglo XX solamente derivaron en la precarización laboral, la pérdida de derechos laborales y, en general, el detrimento de las capacidades de organización y exigibilidad de derechos por parte de los trabajadores.

En México, la flexibilización de la legislación laboral abrió la puerta a prácticas de gestión y contratación del personal por medio de outsourcing. Dicho mecanismo comenzó con servicios básicos de asistencia, por ejemplo, limpieza y se profundizó a partir del año 2012 hacia tareas sustantivas en las organizaciones, por ejemplo, en informática, gestión de datos, diseño, etc. Orgánicamente los cambios en la ley fueron orientados a partir de la idea de mejores condiciones para la inversión, pero los datos demuestran que las prácticas de outsourcing tuvieron consecuencias terribles, entre las que destacan: el registro de trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben, la simulación laboral respecto a quién es el verdadero patrón (empleador), la evasión de impuestos y cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como las del Infonavit.

La subcontratación también permitió a las empresas y empleadores romper la continuidad de la relación laboral y con ello evadir responsabilidad sobre todo en cuanto a las aportaciones patronales en los diferentes regímenes especiales de ahorro para el retiro. Con atrevimiento podría señalar que la excesiva ocupación de la población económicamente activa bajo esquemas de subcontratación también tuvo como consecuencia la depreciación del costo de la fuerza de trabajo, dado que se genera una competencia desleal al abaratar artificialmente la mano de obra en rezón de la evasión de impuestos y de cuotas de seguridad social. Es decir, la flexibilidad en términos genéricos construyó prácticamente un estado de indefensión para los trabajadores. Nada más injusto, quizás la resolución del dilema ético planteado con anterioridad, decidió respectar estrictamente los intereses de inversores y abandonar aquellos que pertenecen a la mayor parte de la población, la de los trabajadores. Las cifras así lo demuestran, en la actualidad según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el 16.6% del total de la población económicamente activa se encuentra subcontratada.

Por esta razón, destaca la reforma laboral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dilema ético entre flexibilización laboral y el respeto estricto a los derechos laborales, está resuelto. Optar por la flexibilización solamente generó la precarización laboral y la disminución de condiciones favorables para la movilidad social, la reducción de desigualdades sociales y de la pobreza en México. Se requiere de la reivindicación de una agenda de derechos laborales progresivos, es el momento.