Las políticas públicas –en tanto decisiones y acciones de gobierno– están imbuidas en procesos políticos más amplios. En democracias, dado que la competencia por el poder está institucionalizada, las diferentes posiciones ideológicas están en colocados en el péndulo permanente del consenso y el disenso. Por tanto, los grupos, dirigentes y actores políticos fijan posiciones públicas y elaboran narrativas para persuadir, en consecuencia, dichas narrativas se enfrentan, compiten.
Dicha competencia política y encuentros y desencuentros entre actores y grupos también se traslada al ejercicio de gobierno. Bajo esta lógica es previsible que las políticas públicas tengan –en mucho– funciones más allá de lo meramente técnico para resolver problemas públicos, también tienen contenido político y funciones discursivas. Las políticas –como resultado de la interacción política– son mensajes y portan las posiciones políticas de manera clara o implícita. Este asunto es fundamental en el análisis de las políticas, permite entender los macroprocesos en los que se insertan las acciones de gobierno.
Bajo esta argumentación teórica es posible analizar varios de los programas y políticas diseñadas e implementadas por el actual gobierno federal. Este caso de análisis es especialmente relevante dado que se presume que –al juicio de los principales críticos– muchos de los movimientos progresistas en América Latina sostienen sus posiciones políticas y popularidad entre la población a partir de la consistencia discursiva. Esto es parcialmente cierto, a la ecuación debe agregarse que –en efecto– el discurso central para entender el ascenso de Lula en Brasil, Petro en Colombia o Andrés Manuel López Obrador en México, pero el discurso y las narrativas también están en los programas y políticas que seleccionan como prioritarios en su agenda.
Dichos movimientos políticos han puesto énfasis en la necesidad de revertir el escenario de pobreza y desigualdad. En consecuencia, han implementado programas en esa dirección: en el caso de Brasil el programa de Bolsa Familia y en el caso del México actual, los programas de pensión para adultos mayores o programas de empleabilidad como Jóvenes Construyendo el Futuro. Estas acciones de gobierno, además de constituirse como un esfuerzo –criticable o debatible en términos de diseño– son muestra fehaciente del discurso político.
En la coyuntura política del país, en la que se cumplen cinco años de gobierno federal y el proceso sucesorio de la Presidencia de la República está francamente avanzado, el funcionamiento cotidiano gubernamental y las políticas públicas comunican permanentemente. Esto explica –en buena medida– los esfuerzos comunicaciones para transmitir los logros institucionales y demeritas las áreas de oportunidad o deficiencias de la gestión pública actual.
Las políticas públicas son discurso y refuerzan narrativas. Además, obligan al resto de los actores políticos a posicionarse frente a asuntos institucionales de la más alta relevancia; por eso poco sorprende que actualmente –quienes aspiran a dirigir el país– tengan que fijar postura frente a temas como la continuidad de los programas sociales o la exposición de cómo entienden o a partir de cuál diagnóstico entienden los principales problemas públicos del país. En el corto plazo –más precisamente en el proceso electoral– las propuestas de política pública serán el centro del discurso político y fijarán el encontronazo político.
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