/ sábado 15 de enero de 2022

Los Avatares de Nuestro Tiempo | Ebrard: política exterior para problemas del interior

El problema de la violencia y el consecuente deterioro del estado de la seguridad pública en México son, en buena medida, asuntos de carácter regional que históricamente han sido abordados en la relación bilateral entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica (EUA). Hay problemas adyacentes a los altos niveles de incidencia delictiva y criminalidad en los que esta responsabilidad regional es notoria, por ejemplo, la comercialización de armas de fuego en los Estados de la Unión en la frontera sur estadounidense y su distribución hacia territorio mexicano; la mayor parte de este ingreso de armas por la vía ilegal.

Es importante destacar las dimensiones -por demás relevantes- de la industria armamentista en EUA. Hay varios factores que explican la enorme producción de armas en el país vecino, algunas de las más relevantes están sujetas a la concepción de dicho país como potencia militar, con una tendencia hacia la intervención en escenarios de conflicto en otras latitudes del mundo, su historia bélica y, además, la política laxa o -incluso- desregulación del comercio de armas en su territorio. Sin embargo, este contexto doméstico tiene incidencia directa en el resto del mundo y, con mayor acento, en los países cercanos como México y aquellos que integran Centroamérica que, además, enfrentan problemas sociales vinculados al control de la criminalidad. En este sentido, tener la mayor producción de armas del mundo con políticas libertarias para su control, genera que el tráfico sea un asunto de interés por parte de los países receptores que, en más de una ocasión han planteado la exigencia y necesidad de mejores controles.

A pesar de que los argumentos a favor de controles más efectivos a la comercialización y distribución de armas en la región son lógicos y captan el interés de las mayorías, la discusión se decanta a partir del balanceo de los intereses.

  • Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el comercio ilegal de armas ocupa el segundo de lugar en cuanto a volumen económico de las transacciones de entre todas las actividades ilícitas.

Es decir que la regulación atentaría contra los intereses económicos de una industria fortalecida a lo largo de la historia.

La fortaleza de la industria armamentista en EUA no radica únicamente en su capacidad económica, también en su organización estratégica y su participación política. Destaca la Asociación Nacional del Rifle, la cual ejerce presión ante los intentos de legislación y políticas reguladoras e, incluso, genera financiamiento para campañas electorales sobre todo en los Estados de la frontera sur estadounidense. Otro de la capacidad política está en el dominio del lobby de negociación en la Cámara de Representantes y el mantenimiento de un férreo equipo de cabilderos encargados de monitorear y detener los intentos de una política orientada hacia el prohibicionismo o -por lo menos- con visos de evitar el descontrol actual.

En este contexto, resulta importante destacar la demanda que el Estado Mexicano interpuso en contra de las 11 empresas principales productoras de armas; justo con el argumento de que tienen responsabilidad directa en el deterioro del estado actual de la seguridad pública. Apenas ayer, el canciller Marcelo Ebrard, en su calidad de Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, fue reconocido por la Arms Control Association (Asociación de Control de Armas) en EUA como persona del año 2021, a causa de la demanda interpuesta contra la industria de armas que deliberadamente las comercia. Es un reconocimiento al liderazgo, pero, sobre todo, es un atento recordatorio de que existe una agenda humanista a favor del control de la violencia y todas sus causales. Además, representa un fuerte mensaje político demostrativo de otros intereses circundantes en el problema.

Si a este escenario comunicativo se le suma el activismo en el exterior y la presentación del tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se visualiza una conjunción estratégica de actores clave para que el tema supere la barrera de la inscripción en la agenda pública y espere respuestas institucionales en el ámbito de la toma de decisiones tanto desde el ámbito local como regional. Son los buenos resultados de la política exterior para resolver problemas del interior; así se ha desarrollado la toma de decisiones en los últimos años.

El problema de la violencia y el consecuente deterioro del estado de la seguridad pública en México son, en buena medida, asuntos de carácter regional que históricamente han sido abordados en la relación bilateral entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica (EUA). Hay problemas adyacentes a los altos niveles de incidencia delictiva y criminalidad en los que esta responsabilidad regional es notoria, por ejemplo, la comercialización de armas de fuego en los Estados de la Unión en la frontera sur estadounidense y su distribución hacia territorio mexicano; la mayor parte de este ingreso de armas por la vía ilegal.

Es importante destacar las dimensiones -por demás relevantes- de la industria armamentista en EUA. Hay varios factores que explican la enorme producción de armas en el país vecino, algunas de las más relevantes están sujetas a la concepción de dicho país como potencia militar, con una tendencia hacia la intervención en escenarios de conflicto en otras latitudes del mundo, su historia bélica y, además, la política laxa o -incluso- desregulación del comercio de armas en su territorio. Sin embargo, este contexto doméstico tiene incidencia directa en el resto del mundo y, con mayor acento, en los países cercanos como México y aquellos que integran Centroamérica que, además, enfrentan problemas sociales vinculados al control de la criminalidad. En este sentido, tener la mayor producción de armas del mundo con políticas libertarias para su control, genera que el tráfico sea un asunto de interés por parte de los países receptores que, en más de una ocasión han planteado la exigencia y necesidad de mejores controles.

A pesar de que los argumentos a favor de controles más efectivos a la comercialización y distribución de armas en la región son lógicos y captan el interés de las mayorías, la discusión se decanta a partir del balanceo de los intereses.

  • Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el comercio ilegal de armas ocupa el segundo de lugar en cuanto a volumen económico de las transacciones de entre todas las actividades ilícitas.

Es decir que la regulación atentaría contra los intereses económicos de una industria fortalecida a lo largo de la historia.

La fortaleza de la industria armamentista en EUA no radica únicamente en su capacidad económica, también en su organización estratégica y su participación política. Destaca la Asociación Nacional del Rifle, la cual ejerce presión ante los intentos de legislación y políticas reguladoras e, incluso, genera financiamiento para campañas electorales sobre todo en los Estados de la frontera sur estadounidense. Otro de la capacidad política está en el dominio del lobby de negociación en la Cámara de Representantes y el mantenimiento de un férreo equipo de cabilderos encargados de monitorear y detener los intentos de una política orientada hacia el prohibicionismo o -por lo menos- con visos de evitar el descontrol actual.

En este contexto, resulta importante destacar la demanda que el Estado Mexicano interpuso en contra de las 11 empresas principales productoras de armas; justo con el argumento de que tienen responsabilidad directa en el deterioro del estado actual de la seguridad pública. Apenas ayer, el canciller Marcelo Ebrard, en su calidad de Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, fue reconocido por la Arms Control Association (Asociación de Control de Armas) en EUA como persona del año 2021, a causa de la demanda interpuesta contra la industria de armas que deliberadamente las comercia. Es un reconocimiento al liderazgo, pero, sobre todo, es un atento recordatorio de que existe una agenda humanista a favor del control de la violencia y todas sus causales. Además, representa un fuerte mensaje político demostrativo de otros intereses circundantes en el problema.

Si a este escenario comunicativo se le suma el activismo en el exterior y la presentación del tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se visualiza una conjunción estratégica de actores clave para que el tema supere la barrera de la inscripción en la agenda pública y espere respuestas institucionales en el ámbito de la toma de decisiones tanto desde el ámbito local como regional. Son los buenos resultados de la política exterior para resolver problemas del interior; así se ha desarrollado la toma de decisiones en los últimos años.