En el estudio del gobierno y las políticas públicas se identifican elementos que están al alcance de los tomadores de decisiones y otras que escapan de su esfera de acción. Sin embargo, hay herramientas para poder incidir en determinado comportamiento que impacta en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, para el caso de la generación de empleos y el crecimiento económico, si bien es cierto que el Estado (a través de los gobierno) abandonó la postura de ser el empleador principal y el agente más importante de la interacción económica, aún conserva herramientas de política económica e inversión pública que pueden mejorar estos indicadores de calidad de vida, crecimiento y bienestar. Empero, hay algunos otros temas en los que las decisiones políticas no tiene injerencia directa, por ejemplo, los rasgos culturales de la sociedad.
Por esta razón, en el estudio de la corrupción como problema público, fue tan desacertado señalar a ésta como un elemento cultural o consustancial de la sociedad mexicana. De ser así, su tratamiento para prevención y control sería un despropósito. En cierto sentido, la corrupción es posible y se hace extensiva por fallas estructurales en la relación sociedad-gobierno y viceversa.
Bajo este orden de ideas, el combate y control de la corrupción ha cobrado especial relevancia, a la luz de las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil por enfrentar este peligroso fenómeno que tienen causas multifactoriales y los efectos adversos que genera tiene un efecto multiplicador y perpetua otros problemas como: las débiles capacidades institucionales en gobiernos municipales, la baja accesibilidad a servicios públicos básicos y el incremento de la desigualdad social. El combate a la corrupción, por tanto, se visualiza como una política de Estado porque debe estar sujeta a la institucionalidad y superar una visión de revanchismo político o discurso popular, para pasar a ser una serie de acciones permanentes que garanticen -tanto para servidores público como para particulares- los límites requeridos a su interacción en beneficio de bienestar común.
En este sentido, destaca que tras la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los respectivos sistemas locales en las entidades federativas, estén tratando de orientar sus esfuerzos institucionales desde la óptica de la coordinación estratégica, a través de la formulación de Políticas Anticorrupción. Para el caso de Tlaxcala, el cual se convirtió en apenas el quinto Estado de la República en contar con un documento de esta naturaleza que, sin duda, deberá impactar en los registros de incidencia y percepción de la corrupción. Además, desde el SNA se apunta a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como big data y, en general análisis de datos poo medio de la implementación y operación de la Plataforma Digital Nacional, la cual concentrará información superlativa para generar inteligencia anticorrupción y prevenir o detectar casos de corrupción.
Todo este contexto es respuesta a una nueva interacción entre sociedad y gobierno y, sobre todo una concepción renovada del problema público, ante el que las instituciones gubernamentales deben actuar y lo hacen. En la agenda de atención pública siguen estando presentes las consignas por suprimir cualquier viso de utilización de herramientas y recursos públicos para beneficio personal o de grupo. La visión a largo plazo determinará el éxito de las políticas públicas que se implementen.
Al respecto, el proceso de conformación del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala debe considerar estos elementos programáticos que, para ofrecer resultados y garantizar su funcionamiento deberá contar con las previsiones presupuestales necesarias. El reto es doblemente importante, sobre todo con la consideración de presiones económicas que enfrentarán las finanzas públicas por la baja recaudación y la pérdida de aceleración económica en el país.
Mientras tanto también el debate político está permeado del tema. Tan sólo el año 2021 y el proceso que se avecina, probablemente sea también una competencia en la que la presunción de hechos de corrupción limite la competitividad de determinados perfiles. Mientas tanto el control de la corrupción es una prioridad.
