El principal reto en el mundo sigue siendo lograr la disminución de las desigualdades sociales. Desde la perspectiva meramente económica, la profundización y mejora de las condiciones que faciliten las actividades comerciales es la salida al gran problema contemporáneo pero histórico; sin embargo, la visión economicista está rebasada y el bienestar de las personales solamente se puede alcanzar desde una óptica integral, es decir: garantizar condiciones favorables para el desarrollo de las actividades económicas, pero también la oferta de bienes y servicios públicos.
Justo en este contexto tiene especial relevancia el caso de economías emergentes como el caso de México o todo el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, entre otros), los cuales han logrado que los montos totales económicos de producción, importaciones-exportaciones y comercialización interna representen volúmenes realmente altos sin necesariamente reflejarse en mejorar sustantivas en los ingresos de su población y de condiciones generales de vida. Tan solo nuestro país, el cual es parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, así como del grupo del G20, cuenta con una economía basta que lo posiciona en el lugar 16 del mundo. No obstante, la cantidad de inversiones y flujo monetario circulante en el país no ha significado disminución de la desigualdad, por ejemplo, de ingresos entre la población.
Esta desproporcionalidad entre el tamaño de la economía y el sostenimiento de contrastes y sociales y económicos son notorios. En México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2018 se registraron un total de 52.4 millones de personas en situación de pobreza y 9.3 millones de ellas en pobreza extrema. Vaya disparidad con una economía de 1.26 billones de dólares, la más grande de Hispanoamérica y la segunda de Latinoamérica.
La situación ha sido acentuada por la ausencia o debilidad de los mecanismos gubernamentales para la distribución de la riqueza, por ejemplo, política fiscal.
La desigualdad propiciada a partir de la concentración de la riqueza generada sostiene estadísticas inmorales. Según la organización internacional Oxfam, en nuestro país 120 mil personas que representan el 1 % de la población total concentran alrededor de 43 % de la riqueza nacional. Las mediciones lo hacen estar detrás de países como El Salvador o Chile, los cuales han logrado reducir la concentración y con ello la desigualdad. El caso de México es poco entusiasta, sobre todo bajo el análisis de la actuación gubernamental en el combate a la pobreza y la desigualdad, es decir, existe una larga historia institucional de inversión en programas sociales que no han resultado suficientes para revertir esta situación tan compleja, pero de urgente atención (aunque parezca un cliché por su referencia discursiva permanente).
En este contexto resulta conveniente destacar el incremento del salario mínimo en los últimos dos años; sobre todo teniendo en cuenta que éste no presentaba ascenso (salto en términos nominales) desde 30 años. Esto colocó el salario mínimo mexicano muy por debajo del promedio salarial de la OCDE y con variaciones anuales de solamente 0.6 %. Este es otro de los factores con incidencia directa en el sostenimiento de desigualdades terribles. Aunque los usureros nacionales lo presentaban como una ventaja competitiva del país para la captación de inversiones extranjeras y para consolidar el sector productivo nacional. Nada más falso. El estancamiento de los salarios solamente produjo la precarización laboral, el crecimiento de la economía informal y mayor desigualdad y pobreza.
Por estas razones el incremento aprobado también la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un aliciente para hacer frente al que quizás el problema contemporáneo de mayor urgencia por resolver; sobre todo en el contexto de que el país y el mundo enfrentarán una recuperación económica postpandemia.
Las estadísticas de cierre de año, según el CONEVAL, indican la pérdida del poder adquisitivo real per cápita de 6.7 % entre el tercer trimestre del 2019 y el tercero de 2020. En este sentido, la discusión amplia del salario mínimo como herramienta de regulación de ingresos por actividades laborales en el país, resulta indispensable con miras, reitero, a la recuperación económica y el combate a la desigualdad.
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