/ sábado 15 de febrero de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | El Índice de Estado de Derecho

  • En el análisis para la toma de decisiones en materia de inversión, los grandes capitales sostienen una tendencia a la búsqueda de espacios en los que exista el menor nivel de incertidumbre y, por consecuencia, riesgos controlados.

Por esta razón, en los últimos veinte años los estudios estratégicos y de prospectiva han adquirido relevancia incalculable, cada vez son más los grupos de la iniciativa privada quienes generan estudios y análisis de los riesgos políticos, financieros, etc., para medir la factibilidad de invertir. Esta condición ha generado un escenario beneficioso para las empresas y, en contraparte, ha situado a los gobiernos en la permanente duda y expectativa para tomar decisiones y escalar posiciones en los múltiples índices de competitividad y reducir los riesgos y amenazas.

También han surgido esquemas de colaboración ente los sectores público, privado y social para la medición de tópicos que, en materia de política pública, deben adquirir prioridad en la construcción de la agenda, ese es el caso de los índices en materia de corrupción, acceso a la información, protección de derechos humanos, etc. Sin embargo, la comunicación política de los resultados ha influenciado el cómo se deben entender dichas mediciones; en ocasiones, para los casos de datos numéricos que no favorecen la imagen o podrían generar controversia en la opinión pública, se prefiere dejarlos pasar inadvertidos o descalificarlos, lejos de tomar decisiones, definir estrategias e implementar acciones para la mejora en los rubros en que se manifiesten deficiencias, errores o fallas.

Al respecto, resulta conveniente rescatar la reciente publicación del Índice de Estado de Derecho por parte de World Justice Project, organización internacional para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, el cual es entendido desde la definición de 4 principios fundamentales: la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Básicamente el sustantivo está referido al cumplimiento de lo señalado en el marco jurídico y la formación de instrumentos efectivos para el mantenimiento del orden social y el ejercicio de derechos fundamentales.

El mencionado Índice, edición 2019-2020, es una muestra de los niveles de Estado de Derecho a nivel subnacional. Muchas de las entidades federativas enfrentan retos importantes, sobre todo en materia de corrupción y generación de mecanismos y políticas públicas para la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en la materialización del modelo de gobierno abierto, el cual agrupa temas como rendición de cuentas, participación ciudadana, transparencia e innovación tecnológica para la gestión pública.

El método de recolección de información para la construcción del índice, fue mediante encuesta, para el análisis pormenorizado de 42 subvariables para medir qué tanto se cumple la ley desde el ánimo de la percepción de quienes respondieron. Esta puede ser la explicación lógica de la reducción severa en 19 Estados de la República, dado que el tema de seguridad ha permeado de manera definitiva en la percepción de las personas; así lo demuestra esta medición y muchas otras más generadas por distintas instituciones.

Reitero, los gobiernos deben poner especial atención en la publicación de trabajos de esta naturaleza, en términos de políticas públicas las mediciones cualitativas y cuantitativas son insumos de valor infinito para la toma de decisiones orientadas estratégicamente a revertir o cambiar una tendencia, a mejorar escenarios o, también es real, buscar la estabilidad del indicador o la variable para evitar el empeoramiento. Contrario a las posiciones escépticas (¡en pleno 2020!) acerca de del grado de confianza de trabajos como este, pienso que es fundamental tenerlos en consideración. Es más, me atrevería a señalar la necesidad de que los gobiernos locales cuenten con un área especializada en análisis estratégico, de coyuntura, medición de riesgos y monitoreo de índices, indicadores y demás instrumentos que reflejen los resultados de la gestión pública y su acción en la resolución de los problemas comunes y su intervención para la mejora permanente de la calidad de vida de las personas, así como del incremento de la competitividad de determinado lugar.

La propuesta está en la mesa, mientras la iniciativa privada cada vez analiza de manera más minuciosa sus potenciales destinos de inversión, varios actores políticos aún son escépticos de la utilidad de estos análisis, ahí el error circular y permanente; es momento de utilizar las herramientas contemporáneas para hacer frente a los retos del presente y del futuro.

  • Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
  • Twitter: @EnriqueBermC
  • En el análisis para la toma de decisiones en materia de inversión, los grandes capitales sostienen una tendencia a la búsqueda de espacios en los que exista el menor nivel de incertidumbre y, por consecuencia, riesgos controlados.

Por esta razón, en los últimos veinte años los estudios estratégicos y de prospectiva han adquirido relevancia incalculable, cada vez son más los grupos de la iniciativa privada quienes generan estudios y análisis de los riesgos políticos, financieros, etc., para medir la factibilidad de invertir. Esta condición ha generado un escenario beneficioso para las empresas y, en contraparte, ha situado a los gobiernos en la permanente duda y expectativa para tomar decisiones y escalar posiciones en los múltiples índices de competitividad y reducir los riesgos y amenazas.

También han surgido esquemas de colaboración ente los sectores público, privado y social para la medición de tópicos que, en materia de política pública, deben adquirir prioridad en la construcción de la agenda, ese es el caso de los índices en materia de corrupción, acceso a la información, protección de derechos humanos, etc. Sin embargo, la comunicación política de los resultados ha influenciado el cómo se deben entender dichas mediciones; en ocasiones, para los casos de datos numéricos que no favorecen la imagen o podrían generar controversia en la opinión pública, se prefiere dejarlos pasar inadvertidos o descalificarlos, lejos de tomar decisiones, definir estrategias e implementar acciones para la mejora en los rubros en que se manifiesten deficiencias, errores o fallas.

Al respecto, resulta conveniente rescatar la reciente publicación del Índice de Estado de Derecho por parte de World Justice Project, organización internacional para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, el cual es entendido desde la definición de 4 principios fundamentales: la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Básicamente el sustantivo está referido al cumplimiento de lo señalado en el marco jurídico y la formación de instrumentos efectivos para el mantenimiento del orden social y el ejercicio de derechos fundamentales.

El mencionado Índice, edición 2019-2020, es una muestra de los niveles de Estado de Derecho a nivel subnacional. Muchas de las entidades federativas enfrentan retos importantes, sobre todo en materia de corrupción y generación de mecanismos y políticas públicas para la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en la materialización del modelo de gobierno abierto, el cual agrupa temas como rendición de cuentas, participación ciudadana, transparencia e innovación tecnológica para la gestión pública.

El método de recolección de información para la construcción del índice, fue mediante encuesta, para el análisis pormenorizado de 42 subvariables para medir qué tanto se cumple la ley desde el ánimo de la percepción de quienes respondieron. Esta puede ser la explicación lógica de la reducción severa en 19 Estados de la República, dado que el tema de seguridad ha permeado de manera definitiva en la percepción de las personas; así lo demuestra esta medición y muchas otras más generadas por distintas instituciones.

Reitero, los gobiernos deben poner especial atención en la publicación de trabajos de esta naturaleza, en términos de políticas públicas las mediciones cualitativas y cuantitativas son insumos de valor infinito para la toma de decisiones orientadas estratégicamente a revertir o cambiar una tendencia, a mejorar escenarios o, también es real, buscar la estabilidad del indicador o la variable para evitar el empeoramiento. Contrario a las posiciones escépticas (¡en pleno 2020!) acerca de del grado de confianza de trabajos como este, pienso que es fundamental tenerlos en consideración. Es más, me atrevería a señalar la necesidad de que los gobiernos locales cuenten con un área especializada en análisis estratégico, de coyuntura, medición de riesgos y monitoreo de índices, indicadores y demás instrumentos que reflejen los resultados de la gestión pública y su acción en la resolución de los problemas comunes y su intervención para la mejora permanente de la calidad de vida de las personas, así como del incremento de la competitividad de determinado lugar.

La propuesta está en la mesa, mientras la iniciativa privada cada vez analiza de manera más minuciosa sus potenciales destinos de inversión, varios actores políticos aún son escépticos de la utilidad de estos análisis, ahí el error circular y permanente; es momento de utilizar las herramientas contemporáneas para hacer frente a los retos del presente y del futuro.

  • Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
  • Twitter: @EnriqueBermC