Los atavismos actuales en el mundo parecen evocar, con cierta dinámica circular permanente, las formas autocráticas y de ejercicio del poder como forma de control social y neutralización ante manifestaciones o movimientos sociales, exigencia de derechos o incluso el surgimiento de grupos políticos organizativos contrapuestos. Es decir, la irrupción de la organización en torno a causas y consignas sigue enfrentando barreras y obstáculos con el fin de detenerla; por ello el surgimiento de las redes sociales y el uso extendido de internet se concibieron como un instrumento de concientización y movilización política sobre todo en contextos con regímenes autoritarios. Ahora mismo, la capacidad arcaica de los gobiernos por dinamitar estos movimientos organizativos parece añorarse con cierto pragmatismo.
Es un despropósito pensar, como hace apenas una década, que las redes sociales efectivamente son un factor toral de la organización política de las sociedades contemporáneas. Sobre todo, en el contexto de la era de posverdad y la populación de noticias falsas y contenido viral meramente intrascendente. Quizás la idealización de las redes sociales a partir de movimientos como la primavera árabe; movimiento reivindicatorio de la compatibilidad cultural entre las naciones árabes con la democracia como régimen político y que logró derrocar a los autócratas de Túnez, Libia, Egipto y Yemen; derivó en la desilusión o la caída de las expectativas, sobre todo en un contexto, reitero, de añoranza de tiempos en los que todo espacio era sobre regulado, las redes sociales como un espacio emancipado de la censura no podía perdurar en el tiempo.
Actualmente las redes sociales no son el mismo espacio abierto que en 2011. Por un lado, es un acierto si pensamos en los riesgos que navegar por internet conlleva, por ejemplo: sustracción de datos personales, usurpación de identidad personal, difusión de contenidos discriminatorios, etc.; sin embargo, es evidente que los límites cada vez crecen más. Alarmantemente los límites éticos y también legales de la interacción en redes sociales no necesariamente son colocados por los Estados a través de los gobiernos. No es un tema menor.
Si bien es cierto que en las sociedades contemporáneas los Estados no son las organizaciones únicas o preponderantes en la vida pública, es real que su legitimidad derivada de un contrato social (constitución) y de procesos (en el caso de regímenes democráticos) electorales, los dota de la capacidad de confeccionar las reglas del juego. En el ámbito referido al internet y las redes sociales, si bien el ámbito se reduce a un acuerdo entre particulares (en tanto dichas redes, sea Facebook, Twitter o cualquier otra son empresas privadas) me parece que hay herramientas del derecho público que sí pueden tener aplicabilidad. Hoy, las compañías de redes sociales son un monstruo invisible transnacional. Tienen poder y están dispuestas a usarlo, quizás en las causas que todos consideramos benéficas, por ejemplo, la protección de los ecosistemas en el mundo y en general temas de agenda progresista, pero ¿Y sí no?
La pregunta acerca de la compatibilidad de los intereses de las empresas de redes sociales con el colectivo es pertinente. Es un supuesto que debe plantearse. Además, es actual en función de lo ocurrido en días pasados, cuando las redes sociales de Trump fueron bloqueadas. Por un lado, la euforia fundada en el hecho de la innecesaria y perturbadora actitud de Donald, por otro, con cierto escepticismo dimensionar el silenciamiento del Presidente del país más poderoso del orbe.
Justo en esta discusión contemporánea acerca de si es conveniente dejar al arbitrio de las empresas de redes sociales, la "censura afirmativa" de la voz y el micrófono hacia la población, incluso de gobernantes y dirigentes políticos, a partir de un análisis y toma de decisiones internas y privadas; recupero el libro de Béatrice Hibou titulado "De la privatización de las economías a la privatización de los Estados". En dicho texto se sostiene la idea que, en los Estados contemporáneos, los grupos de interés (entre ellos las empresas) se integran al ejercicio del poder, es decir que ahora no solamente se encargan de recuperar algunas de las funciones que los Estados consideran no estratégicas, sino que están dispuestas a desplazar de jure o de facto del ejercicio de sus atribuciones más sustantivas.
Filias y fobias aparte, resulta preocupante que los actos de censura en el espacio autorregulado de las redes sociales, esté al arbitrio de agenda e intereses privados. Creo que el mundo en general debe comenzar a discutir más acerca de los alcances del derecho público en al ámbito del internet y la regulación del poder fantasmagórico pero real de las empresas de redes sociales. Tal vez también es conveniente comenzar la discusión sobre la ética en la era de la tecnociencia, como esfuerzo por constituir una "racionalidad moderna que sepa dirimir, con equidad y justicia, los siempre presentes conflictos de la condición humana" como los señala Francisco Piñón Gaytán, mi entonces profesor en la UNAM, en su libro "Ética y modernidad en la era de la tecnociencia".
El poder es ensimismo un atributo dado (a partir de procesos legítimos) o arrebatado a partir de la renuncia al ejercicio de éste. No es factible que las empresas de redes sociales se conviertan en el juzgador permanente de los contenidos permitidos en el espacio público, porque el internet es eso, público y no privado. Aún es una discusión pendiente.
