En la teorización política mexicana correspondiente al siglo XX, fue recurrente el concepto de presidencialismo para categorizar no solamente el sistema de gobierno confeccionado -con raíces históricas- en la propia Constitución de 1917 (la misma que actualmente nos rige), sistema distinto al parlamentario, en el que la soberanía agrupada en el congreso tiene un mayor poder de decisión; también se empleó el concepto de presidencialismo para describir el poder incluso metaconstitucional que en la práctica ejercía el presidente de la República. De tal suerte, los estudiosos de la política señalaron el sostenimiento de la concentración en el titular del Poder Ejecutivo como una malformación de nuestra incipiente democracia o incluso como una de sus causas fundamentales.
Sin embargo, también hay posturas que desmienten la idea del poder presidencial da facto y alimentan la ida de que la toma de decisiones en ese momento histórico respondía a incentivos institucionales, política y sociales, positivos y negativos que posibilitaban que las decisiones de trascendencia pública estuvieran en el arbitrio del presidente en turno. Con cierta gradualidad ese andamiaje que instalaba el sistema presidencial, más allá de su función gubernamental constitucional, como un esquema de funcionamiento de la política, ha ido cambiando, para bien.
Esta idea de cambio orientada desde principios democráticos como el consenso, la división de poderes, la limitación a la arbitrariedad y la discrecionalidad, etc., ha transformado sobremanera el poder de decisión del presidente de la República, lo ha limitado, le ha instalado controles más eficaces, por ejemplo: la aprobación y modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación, la reducción de los ramos del presupuesto sujetos a negociaciones políticas, la posibilidad de que el Congreso funja como contrapeso a través de las comparecencias de los gabinetes legal y ampliado en el marco de los informes anuales. Incluso, desde el Poder Judicial, los controles constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad, son elementos que configuran una nueva manera de entender el poder decisional del presidente y el nuevo presidencialismo mexicano.
Es nuevo, sobre todo porque el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo ha configurado, dados los resultados electorales con los que fue electo y el alto nivel de aceptación y popularidad, le otorgan legitimidad (no más porque este se tiene o no) y mayor probabilidad de impulsar cambios y tomar decisiones con un amplio apoyo popular. Justo aquí está sustentado el poder decisional del nuevo presidencialismo mexicano, deriva ya no tanto de esquemas institucionales sino desde lo que genera la imagen personal del presidente y la opinión que de él tiene la población.
Este escenario no impide que ahora, además de los límites legales y constitucionales, se formen nuevos contrapesos a las decisiones, por ejemplo, la efectiva organización de los sectores de la población, de la sociedad civil, de los empresarios, etc., etc. Resulta ilustrativo de esta idea dos decisiones tomadas por el presidente: la primera es la referida a la eliminación de muchos de los fideicomisos públicos (propuesta turnada al poder legislativo) y, la segunda se centra en la decisión de reducir las inversiones en energías limpias como la eólica o la solar. En ambas, aunque muchas parecieran pasar desapercibidas en función de que el grueso de la población no les ha prestado la atención requerida, se ha catalizado la organización efectiva de grupos diversos.
Para el caso de la eliminación de los fideicomisos públicos, la decisión tiene que pasar por el Congreso en función de que hay legislación en la materia que debe ser modificado para cumplir con la petición ejecutiva, por ejemplo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entre los fondos y fideicomisos que se propone suprimir se encuentran: Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Fondo para la Prevención de Desastres, Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por las Contingencias Climatológicas, el Fideicomiso para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE). Sobre este último, diferentes personas relacionadas con la industria cinematográfica se organizaron y la presión fue tal que, la Cámara de Diputados decidió convocar antes de dictaminar la iniciativa, a un ejercicio de parlamento abierto en los que participen las partes involucradas en los fondos y fideicomisos que se proponen derogar en el cuerpo de la Ley. Respecto al tema de energías, el Consejo Coordinador Empresarial también ha alertado del impacto que esto generará en la realidad mexicana y, ante la opinión pública ha colocado en juicio la decisión del presidente.
Este par de ejemplos, ponen de manifiesto los nuevos límites del nuevo presidencialismo mexicanos. Esto no responde al grado a de afinidad con el proyecto ideológico, política y gubernamental que, legítimamente toma las decisiones en el Gobierno federal, más bien responde directamente a la aspiración democrática y a la toma de decisiones orientada desde el consenso y la evidencia y demás instrumentos técnicos. También a la necesidad de abandonar estilos autocráticos en el proceso de toma de decisiones que, tarde o temprano generarán impacto o repercusiones en el desarrollo de nuestro país.
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