/ sábado 30 de mayo de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | El uso de las fuerzas armadas en tiempos de crisis

Las raíces históricas de la formación del Estado-Nación como organización política de la sociedad se han identificado en diferentes momentos históricos, uno de los que destaca mayormente es la "Paz de Westfalia" que marcó el fin de la Guerra de los 30 años, aquella que tuvo lugar en el seno de Europa y que enfrentó -por causas territoriales, pero sobre todo religiosas- a los Habsburgo y al Sacro Imperio Romano del año 1618 al 1648.

En este sentido, la firma de la paz significó quizás uno de los arreglos políticos más importantes de la historia mundial, en buena medida porque sentó las bases de la formación de organizaciones sólidas, burocráticas, con identidad nacional (sustentada en mitos, creencias, tradiciones, raíces étnicas, etc.) pero sobre todo formó la idea de autoridad en territorios determinados: los Estados. Bajo esa tesitura, éstos contarían con ejércitos ex profeso creados para la defensa de esa nueva organización estatal y por tanto del territorio, la población y la autoridad.

Esta concepción limitada de los ejércitos se arrastró hasta la modernidad, sobre todo en regímenes democráticos no así, por ejemplo, en Latinoamérica del siglo XX caracterizada por el sostenimiento de regímenes militares con marcadas tendencias autocráticas. Para el caso de México, la formación de un partido político de cuadros, suficientemente representativo de los sectores, entre ellos el militar, evitó que la tendencia de gobiernos militares se consumara, aunque contó con la presencia de militares en activo en el ejercicio del servicio público. La situación cambió, al grado de que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se fijó la imposibilidad de que personal castrense fuera electo para cargos de elección popular y las fuerzas armadas (compuestas por el Ejército, la Fuerza Área y la Marina Armada) tuvieran como responsabilidad principal la salvaguarda de la seguridad nacional, no así de la seguridad pública, el cual ha sido artilugio principal para cambiar funcionamiento del ejército y colocarlo como efigie de la estrategia para reducir la criminalidad en el país, es cierto, no había más opciones.

Ahora, en tiempos evidentemente críticos en los que la conjugación del difícil panorama económico, social y de seguridad en México, se suma el estado de indefensión en el que la Covid-19 ha colocado a prácticamente todo el mundo y ha impulsado a la utilización máxima de las fuerzas armadas en tareas que en escenarios normales estarían a cargo de autoridades civiles: gobiernos municipales, por mencionar algunos. Sin embargo, la falta de capacidades en el entorno subnacional ha propiciado también el desvío de las funciones de los ejércitos en Estados modernos y democráticos es como dijera Macron (presidente de Francia) "la quiebra del orden westfeliano". Vaya dilema, si bien es un contrasentido poco democrático que las fuerzas armadas tengan más responsabilidades públicas; desde el punto de vista de la eficiencia la decisión está justificada.

En México, ahora el ejército -por mencionar algunos ejemplos- se ha encargado de la construcción del perímetro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía) y las tareas de seguridad pública, bajo el diseño institucional de la Guardia Nacional. En resumidas cuentas, las Fuerzas Armadas aglutinan cada vez más responsabilidades, fincadas en sus capacidades, pero también en su legitimidad al ser una institución en la que 8 de cada 10 mexicanos confía. Empero, esta confianza prácticamente sin comparativa en la realidad nacional debe cuidarse y no dinamitarla.

El deterioro de la confianza en las fuerzas puede ser fatal, sobre todo en las funciones de seguridad que actualmente desempeñan; cargar de compromisos y responsabilidades públicas a las fuerzas castrenses también puede ser contraproducente. El camino está trazado y, aunque es trillado señalarlo también es necesario reiterarlo; el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad civil es un requisito indeclinable para no vulnerar la formación de nuestro régimen democrático, mejorar la eficiencia en la administración de los asuntos públicos y delinear el uso de las fuerzas armadas exclusivamente en tareas de seguridad nacional. Este cometido tomará de bastante tiempo, incluso muy probablemente tendrá que ser uno de los retos por sortear para mi generación o, incluso algunas aún más jóvenes.

Mientras tanto, en tiempo críticos como los nuestros, el Estado mexicano debe optar por su fortalecimiento, la propia pandemia es una amenaza importante al estado de seguridad nacional y, junto con los importantes problemas sostenidos desde hace mucho tiempo, se conforman en un escenario no deseado y que se debe enfrentar.

Las raíces históricas de la formación del Estado-Nación como organización política de la sociedad se han identificado en diferentes momentos históricos, uno de los que destaca mayormente es la "Paz de Westfalia" que marcó el fin de la Guerra de los 30 años, aquella que tuvo lugar en el seno de Europa y que enfrentó -por causas territoriales, pero sobre todo religiosas- a los Habsburgo y al Sacro Imperio Romano del año 1618 al 1648.

En este sentido, la firma de la paz significó quizás uno de los arreglos políticos más importantes de la historia mundial, en buena medida porque sentó las bases de la formación de organizaciones sólidas, burocráticas, con identidad nacional (sustentada en mitos, creencias, tradiciones, raíces étnicas, etc.) pero sobre todo formó la idea de autoridad en territorios determinados: los Estados. Bajo esa tesitura, éstos contarían con ejércitos ex profeso creados para la defensa de esa nueva organización estatal y por tanto del territorio, la población y la autoridad.

Esta concepción limitada de los ejércitos se arrastró hasta la modernidad, sobre todo en regímenes democráticos no así, por ejemplo, en Latinoamérica del siglo XX caracterizada por el sostenimiento de regímenes militares con marcadas tendencias autocráticas. Para el caso de México, la formación de un partido político de cuadros, suficientemente representativo de los sectores, entre ellos el militar, evitó que la tendencia de gobiernos militares se consumara, aunque contó con la presencia de militares en activo en el ejercicio del servicio público. La situación cambió, al grado de que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se fijó la imposibilidad de que personal castrense fuera electo para cargos de elección popular y las fuerzas armadas (compuestas por el Ejército, la Fuerza Área y la Marina Armada) tuvieran como responsabilidad principal la salvaguarda de la seguridad nacional, no así de la seguridad pública, el cual ha sido artilugio principal para cambiar funcionamiento del ejército y colocarlo como efigie de la estrategia para reducir la criminalidad en el país, es cierto, no había más opciones.

Ahora, en tiempos evidentemente críticos en los que la conjugación del difícil panorama económico, social y de seguridad en México, se suma el estado de indefensión en el que la Covid-19 ha colocado a prácticamente todo el mundo y ha impulsado a la utilización máxima de las fuerzas armadas en tareas que en escenarios normales estarían a cargo de autoridades civiles: gobiernos municipales, por mencionar algunos. Sin embargo, la falta de capacidades en el entorno subnacional ha propiciado también el desvío de las funciones de los ejércitos en Estados modernos y democráticos es como dijera Macron (presidente de Francia) "la quiebra del orden westfeliano". Vaya dilema, si bien es un contrasentido poco democrático que las fuerzas armadas tengan más responsabilidades públicas; desde el punto de vista de la eficiencia la decisión está justificada.

En México, ahora el ejército -por mencionar algunos ejemplos- se ha encargado de la construcción del perímetro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía) y las tareas de seguridad pública, bajo el diseño institucional de la Guardia Nacional. En resumidas cuentas, las Fuerzas Armadas aglutinan cada vez más responsabilidades, fincadas en sus capacidades, pero también en su legitimidad al ser una institución en la que 8 de cada 10 mexicanos confía. Empero, esta confianza prácticamente sin comparativa en la realidad nacional debe cuidarse y no dinamitarla.

El deterioro de la confianza en las fuerzas puede ser fatal, sobre todo en las funciones de seguridad que actualmente desempeñan; cargar de compromisos y responsabilidades públicas a las fuerzas castrenses también puede ser contraproducente. El camino está trazado y, aunque es trillado señalarlo también es necesario reiterarlo; el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad civil es un requisito indeclinable para no vulnerar la formación de nuestro régimen democrático, mejorar la eficiencia en la administración de los asuntos públicos y delinear el uso de las fuerzas armadas exclusivamente en tareas de seguridad nacional. Este cometido tomará de bastante tiempo, incluso muy probablemente tendrá que ser uno de los retos por sortear para mi generación o, incluso algunas aún más jóvenes.

Mientras tanto, en tiempo críticos como los nuestros, el Estado mexicano debe optar por su fortalecimiento, la propia pandemia es una amenaza importante al estado de seguridad nacional y, junto con los importantes problemas sostenidos desde hace mucho tiempo, se conforman en un escenario no deseado y que se debe enfrentar.