El falso dilema entre despilfarro y austeridad es evidente, se ha colocado en el imaginario colectivo como si el maniqueísmo realmente se situara en posiciones de bueno y malo respecto al ejercicio de los recursos públicos. El dilema plantea que todo aquello fuera de lo definido como “esencial” en materia de gasto público, entonces son erogaciones suntuosas, innecesarias y símbolo de malas prácticas; eso es un error porque hay puntos medios que se logran a través de procesos de planeación y programación estrictos, así como controles y límites de gasto en ciertos rubros de la acción de gobierno.
Esta discusión en México parece haberse librado en favor de una austeridad mal comprendida, pensado en un tono de restricción de gasto y no en uno centrado en la eficiencia de la inversión pública y el mejor desempeña de los programas y políticas que reciben financiamiento a partir de los diferentes presupuestos públicos. Sin embargo, el tema no ha sido superado en buena medida porque se ha aspirado –al menos desde los discursos y declaraciones públicas– a construir un gobierno con una sólida política social que garantice el ejercicio de derechos de las personas, además que logre recuperar sus capacidades de regulación y presencia en la vida social y económica que, en consecuencia, se ha pensado en la expansión de sus funciones, facultades y actividades. Empero, dicho discurso parece no haber impactado del todo en la conformación de presupuestos respondientes a esa lógica y, mucho menos, en la expansión del gasto público como instrumento básico del gobierno para actuar, implementar, estar presente.
Bajo este orden de ideas la austeridad como simple restricción del gasto ha tenido implicaciones severas: el ajuste organizacional de las dependencias y entidades; la desaparición de programas y políticas públicas; entre otras. Es real que la austeridad puede ser positiva. Es irrisorio pensar que alguien se opondría a que los privilegios y gastos onerosos no tengan sitio en un contexto de crisis generalizada, empero, también respondiendo al contexto crítico, los gobiernos pueden articular acciones desde su esfera de responsabilidad. Ahí se presenta un choque frontal con las medidas de restricción del gasto que desemboca en la inacción del gobierno.
Por eso es llamativo que tales medidas aún se perciban como eficaces. Recientemente el Presidente de la República ha comunicado la creación de nuevas medidas de austeridad que siguen respondiendo a la lógica de “dejar de hacer para pasar a ahorrar”. Desde la óptica de juzgar a partir de los grandes objetivos nacionales, centrados en hacerle frente a los problemas públicos más severos, la austeridad traducida en inacción parece ser un contrasentido. En realidad, puede haber mecanismos mejores para garantizar que el gobierno cuente con mejores posibilidades de gasto, por ejemplo: incrementar las capacidades de cobro a grandes contribuyentes; impulsar una reforma fiscal que mejore las perspectivas de ingresos para el Estado mexicano y garantizar que la totalidad de las dependencias y entidades gubernamentales generen procesos de planeación serios que impidan el ejercicio de recursos públicos en medio de la improvisación.
Dichas alternativas de acción tienen más sentido en la construcción de instituciones fuertes y de gobiernos que construyan las condiciones para el desarrollo. Eso no es necesariamente barato, representa un reto y también inversiones estratégicas. El falso dilema de la austeridad y el despilfarro no puede resolverse con la lógica de “dejar de hacer”, casi como un símil a la expresión liberal francesa de “Laissez faire, laissez passer”.
Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
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Es irrisorio pensar que alguien se opondría a que los privilegios y gastos onerosos no tengan sitio en un contexto de crisis generalizada, empero, también respondiendo al contexto crítico, los gobiernos pueden articular acciones desde su esfera de responsabilidad.
