Los liderazgos que ejercen el poder desde los espacios de decisión pública, como el caso de los gobiernos, sostienen agendas políticas propias: intereses personales, aspiraciones grupales o partidistas, convicciones programáticas e ideológicas. Es normal, sobre todo bajo la consideración de que en un régimen democrático la competencia por el poder es así de abierta, expresiva y transparente. Sería positivo que dichos intereses fueran mostrados con apertura a la población y, sobre todo, que tales elementos no obstaculicen, nublen u ofusquen a quienes orientan las decisiones que afectan a la totalidad de las personas. Es decir que al interés público se anteponga -aún- sobre los personales. Esa es la ética de la responsabilidad.
Es poco usual que eso suceda. Frecuentemente se obnubilan con sus propias palabras y las críticas o cualquier voz que -parezca- contraria a lo planteado por quien ejerce el poder, genera escozor o incomodidades. Este fenómeno ocurre uniformemente tanto en los discursos opositores políticos como en las construcciones serias (con propósitos distintos al de generar contrastación o crítica evidente) relacionadas con la evaluación de políticas públicas, la comunicación de indicadores sobre la realidad en temas de seguridad, corrupción o eficacia en la atención de problemas públicos. Desde la óptica del poder ensimismado todo aquello que resulte diferente, no puede ser escuchado porque persigue intereses distintos.
Bajo este orden de ideas, resulta relevante destacar la necesidad de que los gobernantes sepan digerir la realidad cuando ésta los confronta. Es decir que, en el caso de la narración orientada a hacer notar los errores, áreas de oportunidad y deficiencias en las tareas de gobierno, éstas deben ser escuchadas para actuar en consecuencia. Quizás las áreas técnicas especializadas en políticas públicas dimensionan que la publicación de indicadores y evaluaciones, más que evidenciar los yerros de quienes toman decisiones, intentan generar rutas de mejora continua.
En ese espacio cobra especial atención la publicación del Índice de Estado de Derecho 2021, generado por la organización internacional World Justice Project (WJP). Dicho documento reporta el comportamiento de los principios de Estado de Derecho en varios países del mundo, bajo el entendido de que el concepto está basado en: accountability, entendido como la responsabilidad ante la ley por parte de los gobiernos y también de los privados ante la ley; just law, definido como la aplicación de la ley de manera uniforme y apegada a derechos humanos; open government, como la apertura y eliminación de la discrecionalidad en el ejercicio del poder y la aplicación de la ley; y accesible and impartial justice, que es el acceso a la justicia de manera libre e imparcial. El Índice es importante en tanto, el Estado de Derecho, se ha convertido en un indicador relevante del desarrollo de las sociedades y, en el mundo, existe el consenso de generar regímenes democráticos apegados a este concepto.
A partir de tal definición, la recolección de información por parte de la organización se realiza en función de dimensiones medibles y comprobables, como lo son: los controles formales al poder gubernamental; la ausencia de corrupción; el gobierno abierto; el ejercicio de los derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento normativo; justicia y persecución criminal. Estas dimensiones construidas a partir de los datos nacionales generan valores que califican el estado actual de cada país. En la edición recientemente publicada, nuestro país aparece en el lugar 113 de un total de 139 países evaluados. En la región ocupamos el lugar 27 de 32. Esto representó la pérdida de una posición global respecto de la medición del Índice en la edición inmediata anterior.
La publicación seria de WJP puede abundar en orientaciones para la toma de decisiones, por tanto, es evidente que el gobierno mexicano y también los de las entidades federativas, deben generar rutas de acción claras en términos de políticas públicas para acelerar el proceso de México como un país en el que el Estado de Derecho sea algo observable a través de mediciones como esta. La publicación del índice mostró una realidad poco alentadora, el trabajo gubernamental está deberá centrarse en escuchar este tipo de evaluaciones y mediciones para orientar la toma de decisiones, por ejemplo, en la generación de mejores controles de la corrupción. La clave está en escuchar.
