En los regímenes democráticos, los gobiernos y las administraciones públicas justifican institucional, política y socialmente, el diseño, la implementación y el mantenimiento de programas públicos. En esa lógica tienen especial relevancia la generación de datos, evidencia material y registros del impacto y cumplimiento de los objetivos que los programas y políticas públicas persiguen a partir de la definición de metas y actividades para alcanzarlas. Bajo esta tesitura, es deseable que los gobiernos orienten sus acciones a la lógica del escrutinio público por parte de la sociedad (es decir, una rendición de cuentas vertical) y, simultáneamente, el monitoreo cotidiano y evaluación por parte de otras agencias públicas (rendición de cuentas horizontal) que buscan disuadir la preeminencia del poder autocrático que busca mantener políticas a pesar de la muestra ineficacia.
Bajo ese orden de ideas, los gobiernos por iniciativa propia han empleado herramientas e instrumentos sistematizados para controlar su gestión, conocer sus resultados preliminares y, en consecuencia, tomar de decisiones para reorientas, modificar o cancelar la implementación de ciertas acciones de gobierno. Sin embargo, ese escenario de la autoevaluación y control interno es, cuando menos, idealista. Para evitar evaluaciones con sesgo o con criterios eminentemente políticos, el Estado mexicano conformó un sólido sistema de evaluación y monitoreo en el que -directa o indirectamente- se ven involucradas diversas instituciones, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se realización auditorías al desempeño de los programas públicos; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) o la propia Secretaría de la Función Pública, en el caso del Gobierno federal.
Sin embargo, la existencia de dicho marco institucional parece haber entrado en una suerte de dinámicas de repetición de procesos y no ha existido la suficiente replicación del modelo a nivel de las entidades federativas de la República.
- Es indudable la calidad y técnica de los trabajos de la ASF o el CONEVAL, empero, sus pares en las entidades federativas están capturados por los intereses políticos de los grupos de poder vigentes.
Es necesario que los resultados de los trabajos técnicos (en el caso del nivel federal y de aquel ejercicio del gasto proveniente de recursos de carácter federal) tengan máxima publicidad, se pueda acceder a los documentos de trabajo desde datos abiertos para analizar a profundidad. Resulta pernicioso que en las entidades federativas no se desarrolle tal cultura de la evaluación y monitoreo del desempeño, sobre todo bajo el entendido de que mucho del ejercicio del gasto público en el país, se ejerce desde los niveles subnacionales.
Es un tema trascendental. Su desarrollo determinará -en buena medida- las posibilidades que los gobiernos tienen para enfrentar los problemas públicos que, ciertamente, crecen en cuanto a complejidad se refiere. Además, las consecuencias de no contar con suficiente y válidos instrumentos de evaluación y monitoreo del desempeño, van más allá de la imposibilidad de alcanzar resultados públicos positivos; también incide en el nivel de confianza institucional y, en consecuencia, es determinante de la democracia en el país.
Dado este contexto, es argumentativamente válido señalar la necesidad imperiosa de fortalecer los sistemas de evaluación e individualmente a las instituciones que tienen a su cargo funciones de evaluación de los resultados, impacto y desempeño de las políticas y programas públicos. La naturaleza del ejercicio del poder en la sociedad contemporánea no permite espacios a la discrecionalidad, requiere de una posición de apertura al escrutinio y la revisión permanente de las capacidades ejercidas para cumplir con las metas y objetivos planteados en las etapas de planeación y diseño de las acciones de gobierno.
A partir del fortalecimiento de dichas capacidades se podrá contar con mejores administraciones, capacidades y prospectivas de éxito en la atención de los problemas públicos.
