La vida humana se mueve en entornos de incertidumbre permanente y riesgos. Dichas condiciones suponen que las vulnerabilidades definen un estado endeble de equilibrio de la cotidianidad del mundo. Algunos avezados han sugerido que dicho orden frágil de las cosas puede ser protegido mediante la organización para la protección y reducción de los riesgos. Por tanto, los Estados nacionales, los gobiernos y las propias leyes son ejemplos de organización que intentan ofrecer certezas en un mundo siempre expuesto a las crisis de todo tipo: económicas, humanitarias, ecológicas, etc.
Sin embargo, la pretensión de que los riesgos pueden controlarse ha generado una tendencia perniciosa en el mundo: la de encontrar responsables ante las fallas para controlar los riesgos. Esa tendencia presenta dos facetas; la primera es –quizás– acertada, en el sentido de que en efecto las dimensiones de las crisis pueden controlarse si la gestión de los riesgos y amenazas se hace eficazmente; la segunda faceta es equivocada, sobre todo recuperando casos críticos provocados por la naturaleza y los desastres naturales que provocan crisis y en los que difícilmente pueden otorgarse responsabilidades totales. Ahí, los controles de crisis tienen impactos positivos más marginales. En muchos casos los desastres naturales acontecidos por diferentes fenómenos solamente pueden ser enfrentados desde una óptica de la reacción eficiente para reparar los daños.
Ahora bien, si bien es cierto que los fenómenos naturales –muchos de ellos impredecibles– colocan siempre a la población –casi– en estado de indefensión, también es real que hay muchas acciones por realizar para reducir el impacto negativo de los desastres. Esta ha sido una discusión álgida y frecuente en el mundo. Tal ha sido el interés puesto en este tema que, la Organización para las Naciones Unidas definió que el 13 de octubre de cada año sea el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La prevención del riesgo considera elementos diversos de gestión pública en contextos de complejidad. Algunas de las acciones más relevantes son: el diseño de instituciones para la prevención de desastres; el proceso para la elaboración de presupuestos suficientes; y la formulación de planes de acción para los eventos contingentes y críticos. Aunque es -por decirlo de alguna manera- difícil asignar responsabilidades cuando los sistemas de prevención y reacción ante los riesgos fallan, es factible señalar la relevancia que tienen los trabajos de las instituciones centradas en este objetivo.
En el caso de México, dada la ubicación geográfica, las condiciones de territorio y la distribución poblacional, los retos en materia de prevención de desastres son numerosos. De hecho, los Atlas de riesgos califican a buena parte del país con altas vulnerabilidad. Estas condiciones son explicativas de la larga historia institucional en el país para generar espacios técnicos y de atención ante los hechos que la naturaleza plantea (sismos, huracanes, etc.).
Sobre la trayectoria institucional en la atención de las consecuencias de desastres, destacan: la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Plan DN-III en el que participan las Fuerzas Armadas en tareas de rescate y asistencia. Dichos proyectos gubernamentales han construido un estado de alerta ante los fenómenos naturales. Además, permitieron en muchos casos reaccionar favorablemente ante escenario tan complejos.
En el caso del Cenapred fue creado justo después del sismo de 1985, con el objetivo de lograr políticas de prevención de los desastres. El Fonden también creado en ese contexto en 1986, persiguió la meta de asegurar una bolsa de recursos económicos para la atención en estos momentos de crisis y garantizar que los procesos de recuperación sean más estables, con mayores probabilidades de éxito y en menor cantidad de tiempo. Sin embargo, estos proyectos gubernamentales no son infalibles y requieren de procesos de mejora.
Tan es así que la proyección presupuestal para la atención de desastres fue transferida del Fonden a una partida del Presupuesto de Egresos Anual. Esta decisión técnica y política puede tener argumentos diversos, pero lo cierto es que tiene impacto en el diseño institucional de cómo se atienden las eventualidades de la naturaleza. Si se realiza un análisis de los efectos del cambio, entonces tendríamos que evaluar la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante los eventos como el ocurrido en las costas de Guerrero de manera reciente.
En el corto plazo, el gobierno federal y los gobiernos locales deberán avanzar en la conjunción de una agenda de políticas públicas centrada en cómo tener mejores previsiones ante los fenómenos naturales. También se deberá discutir -a la luz de los resultados en Guerrero- cuáles pueden ser los procesos de mejora en el diseño institucional de atención de desastres. Es una máxima responsabilidad porque se trata de la vida de las personas y de la protección de su patrimonio, básicamente de salvaguardar las condiciones propias para el desarrollo individual y social.
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