/ sábado 10 de octubre de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | Gobernar y tomar decisiones

Gobernar es tomar decisiones, las cuales afectan o trastocan intereses y generan todo tipo de opiniones favorables u hostiles; sobre todo en una democracia, caracterizada por la pluralidad y las libertades políticas que permiten inconformarse, manifestarse y organizarse en torno a las ideas y proyectos que se crean convenientes. Por eso gobernar es una acción compleja que exige habilidades, conocimientos y sobre todo determinación para decidir.

En una democracia dichas decisiones surgen a partir de la argumentación permanente para generar consenso y alejadas de prácticas autocráticas a partir de visiones unipersonales o de grupo. Quizás la conformación de bloques en entornos democráticos con la capacidad de impulsar y sostener determinaciones a partir de las mayorías sea una consecuencia natural de la práctica política en la que votaciones y voluntad mayoritaria son elementos consustanciales de las tareas de gobierno. A partir de estos razonamientos, las teorías contemporáneas sobre política y gobierno apuntan hacia la apertura en la toma de decisiones y la implementación de las acciones que inciden en la solución de los problemas públicos.

No obstante, de que, en efecto, las características de la sociedad contemporánea exigen de tal apertura, así como de la búsqueda de acuerdos con grupos de interés, partidos políticos, etc., gobernar es también una tarea de firmeza y responsabilidad en la que titubear no es una opción.

En este contexto, destaca la discusión que acaparó a la opinión pública en los días recientes, referida a la desaparición de fideicomisos entre los que destacan: el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Financiera Rural, etc. En total, han sido 109 fideicomisos integrados en el proyecto legislativo aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora se discutirá en el Senado de la República.

Contrario a lo señalado por la oposición política, la cual mayoritariamente ha optado por argumentos endebles, la realidad es que la desaparición de estas figuras jurídicas no necesariamente tiene impacto directo en la existencia de los compromisos del Estado mexicano con el impulso a materias tan importantes como Ciencias y Tecnología o investigación en salud, por mencionar algunos tópicos. Las implicaciones reales están centradas en otra dimensión, por principio, la tarea del Gobierno federal sería reagrupar -vía programas presupuestarios- su inversión en las materias que tocaban los fondos ahora a través del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. La financiación tendrá que encontrar otras vías a partir de la presunción de casos de corrupción, incumplimiento en la consecución de metas y objetivos y planeación plurianual.

La decisión ha sido controversial. Los fideicomisos eran herramientas útiles para aplicar recursos en materias estratégicas, alejados de la planeación de corto plazo generada a partir del ciclo presupuestario, además permitía garantizar la financiación de proyectos. Empero, la desaparición orilla a organizarse mejor a las comunidades afectadas, también a desaparecer cualquier presunción de beneficio de grupo a partir de los recursos agrupados en los fondos. Realmente sucedía.

Por eso opino que gobernar es tomar decisiones, las cuales no necesariamente son gratas porque trastoca los intereses de grupos o beneficia a otros. En México el reto es aún mayor, dada la percepción patrimonial de los recursos públicos; incluso Octavio Paz lo decía en el texto "México: Modernidad y Tradición", textualmente:

"El patrimonialismo sigue vivo en México. Ha cambiado de rostro y de traje ideológico -fue positivista con Porfirio Díaz, socialista con Cárdenas, tercermundista con Echevarría, etcétera- pero no ha cambiado de identidad profunda. Al patrimonialismo le debemos muchas cosas, unas abominables y otras admirables. Entre las primeras está la corrupción y otros vicios de nuestra vida pública"

No es mi intención señalar que la oposición a la desaparición de los fideicomisos responda a una percepción patrimonial, pero es real que la oposición a la decisión no ha empleado los argumentos precisamente técnicos u alejados de la mera defensa de intereses.

Ahora bien, en prospectiva, luce irrisorio pensar que el Estado mexicano renunciará a su capacidad de incidir en materia de carácter estratégico como la ciencia. Si se da la desaparición de los fideicomisos entonces se deberán crear programas y políticas públicas con inversión real, aquí sirven las ideas de Robert Alford en el texto "The Political Economy of Health Care: Dynamics without Change" al señalar que los programas públicos tienen un valor de uso y valor de cambio, en el sentido de que el primero se cumple con el objetivo que su existencia persigue, por ejemplo, innovación tecnológica y el valor de cambio se refiere a la justificación de las funciones de políticos y funcionarios (a partir de resultados). Es decir que las decisiones además de buscar resultados también lo hacen para hallar legitimidad y permanencia en la vida pública.

En síntesis, la decisión (aunque debatida y criticada) responde a tareas de gobierno y al reacomodo de las acciones prioritarias. Habrá que permanecer atentos de los detalles de las decisiones.

Gobernar es tomar decisiones, las cuales afectan o trastocan intereses y generan todo tipo de opiniones favorables u hostiles; sobre todo en una democracia, caracterizada por la pluralidad y las libertades políticas que permiten inconformarse, manifestarse y organizarse en torno a las ideas y proyectos que se crean convenientes. Por eso gobernar es una acción compleja que exige habilidades, conocimientos y sobre todo determinación para decidir.

En una democracia dichas decisiones surgen a partir de la argumentación permanente para generar consenso y alejadas de prácticas autocráticas a partir de visiones unipersonales o de grupo. Quizás la conformación de bloques en entornos democráticos con la capacidad de impulsar y sostener determinaciones a partir de las mayorías sea una consecuencia natural de la práctica política en la que votaciones y voluntad mayoritaria son elementos consustanciales de las tareas de gobierno. A partir de estos razonamientos, las teorías contemporáneas sobre política y gobierno apuntan hacia la apertura en la toma de decisiones y la implementación de las acciones que inciden en la solución de los problemas públicos.

No obstante, de que, en efecto, las características de la sociedad contemporánea exigen de tal apertura, así como de la búsqueda de acuerdos con grupos de interés, partidos políticos, etc., gobernar es también una tarea de firmeza y responsabilidad en la que titubear no es una opción.

En este contexto, destaca la discusión que acaparó a la opinión pública en los días recientes, referida a la desaparición de fideicomisos entre los que destacan: el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Financiera Rural, etc. En total, han sido 109 fideicomisos integrados en el proyecto legislativo aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora se discutirá en el Senado de la República.

Contrario a lo señalado por la oposición política, la cual mayoritariamente ha optado por argumentos endebles, la realidad es que la desaparición de estas figuras jurídicas no necesariamente tiene impacto directo en la existencia de los compromisos del Estado mexicano con el impulso a materias tan importantes como Ciencias y Tecnología o investigación en salud, por mencionar algunos tópicos. Las implicaciones reales están centradas en otra dimensión, por principio, la tarea del Gobierno federal sería reagrupar -vía programas presupuestarios- su inversión en las materias que tocaban los fondos ahora a través del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. La financiación tendrá que encontrar otras vías a partir de la presunción de casos de corrupción, incumplimiento en la consecución de metas y objetivos y planeación plurianual.

La decisión ha sido controversial. Los fideicomisos eran herramientas útiles para aplicar recursos en materias estratégicas, alejados de la planeación de corto plazo generada a partir del ciclo presupuestario, además permitía garantizar la financiación de proyectos. Empero, la desaparición orilla a organizarse mejor a las comunidades afectadas, también a desaparecer cualquier presunción de beneficio de grupo a partir de los recursos agrupados en los fondos. Realmente sucedía.

Por eso opino que gobernar es tomar decisiones, las cuales no necesariamente son gratas porque trastoca los intereses de grupos o beneficia a otros. En México el reto es aún mayor, dada la percepción patrimonial de los recursos públicos; incluso Octavio Paz lo decía en el texto "México: Modernidad y Tradición", textualmente:

"El patrimonialismo sigue vivo en México. Ha cambiado de rostro y de traje ideológico -fue positivista con Porfirio Díaz, socialista con Cárdenas, tercermundista con Echevarría, etcétera- pero no ha cambiado de identidad profunda. Al patrimonialismo le debemos muchas cosas, unas abominables y otras admirables. Entre las primeras está la corrupción y otros vicios de nuestra vida pública"

No es mi intención señalar que la oposición a la desaparición de los fideicomisos responda a una percepción patrimonial, pero es real que la oposición a la decisión no ha empleado los argumentos precisamente técnicos u alejados de la mera defensa de intereses.

Ahora bien, en prospectiva, luce irrisorio pensar que el Estado mexicano renunciará a su capacidad de incidir en materia de carácter estratégico como la ciencia. Si se da la desaparición de los fideicomisos entonces se deberán crear programas y políticas públicas con inversión real, aquí sirven las ideas de Robert Alford en el texto "The Political Economy of Health Care: Dynamics without Change" al señalar que los programas públicos tienen un valor de uso y valor de cambio, en el sentido de que el primero se cumple con el objetivo que su existencia persigue, por ejemplo, innovación tecnológica y el valor de cambio se refiere a la justificación de las funciones de políticos y funcionarios (a partir de resultados). Es decir que las decisiones además de buscar resultados también lo hacen para hallar legitimidad y permanencia en la vida pública.

En síntesis, la decisión (aunque debatida y criticada) responde a tareas de gobierno y al reacomodo de las acciones prioritarias. Habrá que permanecer atentos de los detalles de las decisiones.