Las capacidades estatales son un conjunto de condiciones, características, instrumentos, recursos y posibilidades de acción de los que disponen los gobiernos para hacer frente a los problemas públicos. En los años recientes se ha discutido sobremanera acerca de cómo la ausencia de dichas capacidades puede constituir la existencia de Estados fallidos, débiles, incapaces y fuertes. Si bien es cierto que dicha caracterización puede ser criticable, sobre todo porque su construcción parte de realidades relativas a contextos distintos -al mexicano- como el de Estados Unidos o buena parte de Europa. Empero, éstas sirven para comprender y dimensionar los retos irresueltos para contar con instituciones fuertes y suficientes para implementar políticas públicas y garantizar el libre desarrollo de las personas.
Al respecto, el Dr. José Luis Méndez, profesor investigador de El Colegio de México, en el texto “Naturaleza del Estado en México y perspectivas de reforma institucional”, enlista algunas de las funciones básicas que el Estado debe desarrollar: Estado de Derecho efectivo; el monopolio legítimo de la violencia; control administrativo; manejo efectivo de las finanzas públicas; inversión en capital humano; desarrollo de derechos de la población por medio de la política social; provisión de infraestructura y servicios; creación de un mercado efectivo; manejo efectivo de recursos públicos y un sistema de crédito efectivo. Sumado a estos elementos, resulta inherente a un Estado de Derecho democrático que los gobiernos tengan la capacidad de proteger y garantizar el ejercicio de derechos, por ejemplo, la libertad de expresión.
Al respecto, la crisis de derechos humanos en México coloca en duda la capacidad del Estado y sus fortalezas respecto de las debilidades. En el caso específico del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, los atentados a la integridad de quienes ejercen el periodismo, la crítica toma mayor fundamento con evidencia empírica y refuerza la idea de un Estado incapaz.
A pesar de que el Estado mexicano ha sido objeto de recomendaciones por parte de organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, las capacidades institucionales para proteger el derecho a la libre expresión son muy limitadas. Desde el gobierno federal se desarrolló -tras la alternancia democrática- un mecanismo de protección de periodistas en situación de riesgo, administrado por la Secretaría de Gobernación, no obstante, los resultados son cuestionables. Quizás, en prospectiva, convendría analizar el mecanismo como política pública y avanzar en un proceso comunicativo constante con las Uniones de Periodistas, Gobernación, organismos para la protección de derechos humanos, para lograr la implementación de mejores alternativas y presión suficiente para evitar que los impactos presupuestales afecten la eficiencia de éste.
En ese orden de ideas, es importante destacar la necesidad de generar redes de atención bastas para un problema tan grave como la violencia contra la actividad periodística, por tanto, otorgar responsabilidades a los gobiernos locales es importante. Desde el análisis del orden técnico y operativo, los gobiernos locales podrían avanzar en una mejor cobertura y análisis de las situaciones de riesgo que deben considerarse susceptibles de atención prioritaria. Y, en consecuencia, la supervisión por parte del gobierno federal se convertiría en un filtro de mejoras y análisis de casos específicos.
No es un tema menor consolidar las capacidades del Estado en la atención de problemas públicos de tal gravedad, es un imperativo democrático. Lamentablemente, hay realidades políticas que superan este compromiso, es decir, agendas personales de quien toma decisiones que han impactado en el lento fortalecimiento de las capacidades del Estado y la puesta en duda de que el Estado mexicano sea fuerte o capaz.
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