/ sábado 3 de octubre de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | La decisión de la Corte y un Presidente fuerte

El libro “Gobernantes mexicanos” coordinado por el historiador británico Will Fowler es un esfuerzo loable por reconstruir los hechos que configuraron el derrotero político de los presidentes en México del año 1821 al 1910, un período de profunda inestabilidad política.

La narrativa está construida a partir de las relaciones de los titulares del ejecutivo con el legislativo. Justo en la introducción, Fowler apunta que resulta increíble el hecho de que se conciba el desarrollo de un país completo (en el caso de México) a partir de las biografías de individuos en lo particular. De hecho, signa la hipótesis de que el poder presidencial, contrario a lo señalado en análisis simplistas, no está basado en su capacidad consustancial o natural, sino en la formación de dependencias de poder a partir de su relación con otros actores políticos, por ejemplo, el legislativo. Es cierto, la realidad política es mucho más compleja de lo que parece.

Justo en la dimensión de complejidad, yace la necesidad de análisis de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional la materia de la solicitud de consulta popular que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador (esto apenas el 01 de octubre de 2020). Es un asunto complejo, no solamente por los debates eminentemente jurídicos para llegar al razonamiento votado en la Corte y finalmente a la decisión. Va más allá. Esta decisión bien puede ser identificada como fundacional del desdibujamiento de los límites entre Política y Derecho y, en palabras de Fowler, es un aliciente único para encumbrar el poder presidencial a partir de la relación entre el ejecutivo y el poder judicial la cual genera dependencia de poder y no como lo han señalado los análisis más burdos a partir de presiones hacia los Ministros de la Corte.

Si bien es cierto que la decisión de la SCJN profundiza la percepción de que el presidencialismo de antaño, aquel que “lo puede todo todo” ha vuelto y por ello la es fue imposible declarar inconstitucionalidad al proyecto de consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Pienso que la relación es inversa, es decir que la Corte ha establecido (con su decisión) una nueva relación de poderes y con ello ha impulsado la figura del Presidente fuerte, que además de contar con el apoyo popular, no rebasa los límites que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala (eso es lo que políticamente dice entrelíneas la decisión de la SCJN). Comprobadamente, el poder presidencial a partir de su interacción con otros actores políticos, en este caso encargados de los controles de constitucionalidad. Elemento para nada menor.

Ahora bien, si entramos a la materia de la consulta que fue declarada constitucional, la hipótesis de que la Corte ha fortalecida aún más la figura presidencial, se comprueba. Justo en este punto se ha alegado el falso debate, señalando que la postura que defiende la materia de consulta, simultáneamente defiende el derecho a la participación y aquellos en contra de la materia de consulta también lo están del derecho del pueblo a ser consultado. Nada más irrisorio y falso que este versus inexistente. Es válido estar en contra de la materia de consulta y a su vez a favor de la participación a través de instrumentos como la consulta popular. Sobre todo, bajo el entendido de que la procuración de justicia no puede estar sujeto a la voluntad popular sino más bien a las tareas de investigación y acusador público que ostenta el Ministerio Público y la salvaguardar y reparación del daño de las posibles víctimas.

Es innegable, la exigencia de justicia es horizontal a las generaciones; el hecho de contar con consignas gubernamentales de exigencia de investigación y sanción a quienes ejercieron el poder con anterioridad, tendrá siempre muchos adeptos. Todos exigimos investigaciones para sancionar conductas u acciones que derivaron en la formación de grandes problemas públicos en nuestro país o el deterioro de las condiciones para garantizar crecimiento económico, desarrollo social y, en general bienestar para la población. Empero, resulta fundamental visualizar que las resoluciones de la Corte generan antecedentes y referencias para ejercicios de consulta posteriores.

Lo cierto es que la decisión de la Corte fortaleció la figura presidencial (y qué bueno porque necesitamos instituciones y gobernantes sólidos), lo cual no sería necesariamente negativo si eso no significara la disminución o debilidad de la SCJN y los controles de constitucionalidad.

El libro “Gobernantes mexicanos” coordinado por el historiador británico Will Fowler es un esfuerzo loable por reconstruir los hechos que configuraron el derrotero político de los presidentes en México del año 1821 al 1910, un período de profunda inestabilidad política.

La narrativa está construida a partir de las relaciones de los titulares del ejecutivo con el legislativo. Justo en la introducción, Fowler apunta que resulta increíble el hecho de que se conciba el desarrollo de un país completo (en el caso de México) a partir de las biografías de individuos en lo particular. De hecho, signa la hipótesis de que el poder presidencial, contrario a lo señalado en análisis simplistas, no está basado en su capacidad consustancial o natural, sino en la formación de dependencias de poder a partir de su relación con otros actores políticos, por ejemplo, el legislativo. Es cierto, la realidad política es mucho más compleja de lo que parece.

Justo en la dimensión de complejidad, yace la necesidad de análisis de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional la materia de la solicitud de consulta popular que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador (esto apenas el 01 de octubre de 2020). Es un asunto complejo, no solamente por los debates eminentemente jurídicos para llegar al razonamiento votado en la Corte y finalmente a la decisión. Va más allá. Esta decisión bien puede ser identificada como fundacional del desdibujamiento de los límites entre Política y Derecho y, en palabras de Fowler, es un aliciente único para encumbrar el poder presidencial a partir de la relación entre el ejecutivo y el poder judicial la cual genera dependencia de poder y no como lo han señalado los análisis más burdos a partir de presiones hacia los Ministros de la Corte.

Si bien es cierto que la decisión de la SCJN profundiza la percepción de que el presidencialismo de antaño, aquel que “lo puede todo todo” ha vuelto y por ello la es fue imposible declarar inconstitucionalidad al proyecto de consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Pienso que la relación es inversa, es decir que la Corte ha establecido (con su decisión) una nueva relación de poderes y con ello ha impulsado la figura del Presidente fuerte, que además de contar con el apoyo popular, no rebasa los límites que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala (eso es lo que políticamente dice entrelíneas la decisión de la SCJN). Comprobadamente, el poder presidencial a partir de su interacción con otros actores políticos, en este caso encargados de los controles de constitucionalidad. Elemento para nada menor.

Ahora bien, si entramos a la materia de la consulta que fue declarada constitucional, la hipótesis de que la Corte ha fortalecida aún más la figura presidencial, se comprueba. Justo en este punto se ha alegado el falso debate, señalando que la postura que defiende la materia de consulta, simultáneamente defiende el derecho a la participación y aquellos en contra de la materia de consulta también lo están del derecho del pueblo a ser consultado. Nada más irrisorio y falso que este versus inexistente. Es válido estar en contra de la materia de consulta y a su vez a favor de la participación a través de instrumentos como la consulta popular. Sobre todo, bajo el entendido de que la procuración de justicia no puede estar sujeto a la voluntad popular sino más bien a las tareas de investigación y acusador público que ostenta el Ministerio Público y la salvaguardar y reparación del daño de las posibles víctimas.

Es innegable, la exigencia de justicia es horizontal a las generaciones; el hecho de contar con consignas gubernamentales de exigencia de investigación y sanción a quienes ejercieron el poder con anterioridad, tendrá siempre muchos adeptos. Todos exigimos investigaciones para sancionar conductas u acciones que derivaron en la formación de grandes problemas públicos en nuestro país o el deterioro de las condiciones para garantizar crecimiento económico, desarrollo social y, en general bienestar para la población. Empero, resulta fundamental visualizar que las resoluciones de la Corte generan antecedentes y referencias para ejercicios de consulta posteriores.

Lo cierto es que la decisión de la Corte fortaleció la figura presidencial (y qué bueno porque necesitamos instituciones y gobernantes sólidos), lo cual no sería necesariamente negativo si eso no significara la disminución o debilidad de la SCJN y los controles de constitucionalidad.