El impulso de la educación para el desarrollo para ser un lugar común, es decir, está presente prácticamente en la totalidad de los discursos políticos de quienes aspiran a ejercer el poder, también es identificada como una de las soluciones certeras a una innumerable cantidad de problemas públicos. Sin embargo, esa frecuencia de aparición no está acorde a la inversión real y seria que se realiza sobre el sector educativo.
En México, han abundado los artilugios discursivos para señalar que la educación es una prioridad, empero los programas diseñados deficientemente, los presupuestos limitados, la designación de funcionarios alejados de lo ideal en funciones directivas de educación y la nula observación a las evaluaciones y diagnósticos que ubican al país en franca desventaja frente a otros y a la población con rezago educativo considerable, indica que la educación ha estado en abandono.
Este escenario es preocupante; sobre todo por las repercusiones sociales y económicas que un mal sistema educativa puede generar. Dichas consecuencias están centradas en la perpetuidad de las desigualdades y el deterioro de la movilidad social que –aunque limitada– puede impulsar con cierto ritmo generacional el incremento de los niveles educativos entre la población. Por ello, llama poderosamente la atención que, tras la gran crisis por la pandemia en el mundo, el gobierno mexicano haya mirado poco y erróneamente el sector educativo y confeccionado planes que pudiesen revertir las tendencias negativas en cuanto a: aprendizaje óptimo, rezago y deserción escolar.
Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó recientemente el informe “COVID-19 y Educación en México: primeras aproximaciones de una desigualdad agudizada” en la ubican las determinantes del problema actual tras la crisis pandémica y emiten una serie de recomendaciones para mejorar en prospectiva. Dichas pautas y criterios de política pública requieren, al menos, de dos elementos insustituibles: fortaleza organizaciones y eficacia directiva. Es decir que, la educación en México debe mejorar las capacidades de atención en las aulas y también aquellas vinculada con la toma de decisiones en el sector; con la ausencia de tales ejes torales, los resultados persistirán en el espacio de la incapacidad y la desigualdad perpetuada –quizás– arbitrariamente.
No obstante, las decisiones de políticas públicas están inmersas en espacios de poder, es decir, en arenas de decisión en la que diferentes actores presentan sus intereses y se disponen a defenderlos. Quizás para algunos –tal como lo muestra la historia reciente de nuestro país– puede tener mayor importancia la lógica de acumulación de poder político aún sobre la educación pública y todas las virtudes atribuidas. Con esta argumentación se han confeccionado las principales críticas a la gestión de la actual secretaria de Educación Pública federal, por dos razones fundamentales: su inacción o pasividad ante la crisis del sector educativo y (más recientemente) su salida para competir por la gubernatura del Estado de México, sobre todo porque indica que su gestión más centrada en construir un escenario político favorable que a ejercer sus facultades y atribuciones en favor de la educación.
Las críticas están justificadas si el ejercicio de análisis y evaluación se sostiene en las estadísticas de México frente al mundo en la materia, así como en la comparación de los resultados obtenidos en el pasado y los del presente. Ha sido, para los más optimistas, una continuidad en la administración del problema, para los críticos, la formación de una problemática mayor de la que aún no se toman decisiones para contener. En el corto plazo, el nuevo nombramiento al frente de la SEP deberá responder directamente al interés superior de la niñez que ejerce su derecho a la educación y a la lógica discursiva –que seguramente se presentará– de señalar a la educación como una salida automática a los problemas que el país enfrenta.
Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz
Twitter: @EnriqueBermC
Quizás para algunos –tal como lo muestra la historia reciente de nuestro país– puede tener mayor importancia la lógica de acumulación de poder político aún sobre la educación pública y todas las virtudes atribuidas.
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