Los procesos electorales en México deben tener un viraje hacia la generación de diálogo circular y activismo político para la construcción de una agenda pública amplia. Sobre todo, convocar a los ciudadanos a las urnas bajo un esquema de evaluación de las propuestas de política pública y también posicionamientos ideológicos, los cuales son relevantes en nuestra realidad, sobre todo para evitar lo sucedido en otras latitudes del mundo con el ascenso al poder de personajes meramente improvisados o sin ningún viso de vocación o profesionalismo político.
La agenda pública construida en consenso y derivada en la selección de los temas trascendentales para el desarrollo es también una necesidad política democrática. Esto porque en un régimen democrático, el dialogo entre diferentes es más bien una máxima o regla. También una agenda amplia permite abordar, de mejor manera, el tratamiento de los problemas públicos y representar a todos los grupos de interés involucrados en los temas organizativos de la sociedad. Además, desde la óptica de la mera competencia electoral, la construcción de una agenda amplia permite generar redes eficientes de distribución de información, impacto directo en la opinión pública, mejor focalización discursiva y de propuestas programáticas con públicos objetivo perfectamente definidos.
En nuestra realidad, los discursos de apropiación de las soluciones y la monopolización del conocimiento están rebasadas, hoy se debe reconocer que desde la sociedad en general pueden surgir grandes ideas para administrar los asuntos públicos, es decir, que el conocimiento está disperso y aquella persona que toma decisiones con impacto en la colectividad debe convocar a este dialogo circular. La política de la ingenuidad es la visión pasada de concebir los procesos electorales como algo monolítico en donde la población solamente elige de entre algunas opciones aquella que mejor lo represente. Ahora los roles más bien están entremezclados y la participación en el proceso debe ser más abierto sobre todo, reitero, en la construcción de la agenda pública.
No obstante del discurso de apertura generalizada, Tlaxcala debe entrar verdaderamente a un estadio de co-creación. Considero que este proceso electoral es una oportunidad valiosa para entrar a esa dinámica y generar la mencionada agenda pública amplia. Es una necesidad.
En este sentido, la agenda pública en Tlaxcala debe considerar temas como: el desarrollo de las juventudes, la profesionalización de los servidores públicos sobre todo de servidores públicos con funciones directivas en áreas sustantivas o prioritarias, la mejora de los programas de desarrollo social, la mejor inversión en educación superior para mejorar las capacidades laborales en la entidad, la generación de un ambicioso programa de infraestructura que incentive el dinamismo económico por medio de la inversión pública, la mejora de los servicios de salud en la entidad, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales sobre todo en lo que refiere al cumplimiento de las obligaciones constitucionales sobre servicios públicos. Otro elemento es el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 como uno de los compromisos internacionales.
Estas líneas generales de problemáticas a resolver y también previsiones de política pública pueden ser abordadas desde diferentes áreas y justo esas definiciones son las requeridas en una efectiva propuesta electoral que logre convencer a los diversos grupos sociales.
El proceso electoral ya iniciado, es la oportunidad perfecta para que la población más y con mejor grado de incidencia en la construcción de la agenda pública y en general, en la formulación de diagnósticos de nuestra situación actual y formulación de propuestas viables.
Por ejemplo en el tema de juventud se requiere de una política integral que mejore sus proyecciones de desarrollo integral. Los jóvenes y sus retos, sobre todo en su incorporación al mercado laboral y también en el sector educativo para la formación de capacidades y conocimientos. Hasta hoy, es un sector de la población que aún no se organiza suficientemente para garantizar la exigibilidad de derechos y la creación de programas que efectivamente estén centrados en potenciar su desarrollo. La agenda pública amplia es necesaria.
