/ sábado 6 de junio de 2020

Los avatares de nuestro tiempo | La necesidad de contar con verdaderos cuerpos de seguridad


La complejidad de las sociedades contemporáneas ha degradado -en cierto sentido- el epicentro de autoridad antes ubicado única y exclusivamente en el Estado (en consecuencia, en los gobiernos y administraciones públicas) para mantener el orden y preservar los derechos de los individuos relacionados unos con otros en la sociedad. Algunos teóricos como Joel Migdal, incluso han apuntalado la idea descriptiva de que actualmente el Estado es una organización más en la sociedad, una que compite, riñe y constriñe con otras, las cuales responden a la misma pluralidad de las sociedades modernas y por tanto pueden ser benéficas, benignas o francamente negativas, por ejemplo: las empresas transnacionales, las organizaciones de la sociedad civil -las cuales son un aditamento necesario para la democracia real- pero también casos como organizaciones centradas en la delincuencia.


En este sentido se ha generado un entorno de disputa por el poder, el Estado, otrora monopolio del uso legítimo de la fuerza, ahora busca remarcarlo no solamente desde el establecimiento del Estado de Derecho sino también por la fuerza, así se explica el fortalecimiento de las fuerzas armadas. Sin embargo, esta búsqueda por reivindicar el poder del Estado ha generado escenarios de máxima tensión en los que el uso desmedido de la violencia ha despertado voces y generado movimientos sociales, profundamente legítimos y válidos. Tal es el caso de lo sucedido en la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos, en el que una persona de origen afroamericano perdió la vida a causa de la brutalidad policial (quizás explicada desde raíces de discriminación racial), también el caso de Giovanni quién, también por uso desmedido de la fuerza policial perteneciente al municipio de Ixtlahuacán en Jalisco perdió la vida.


Estos dos escenarios de extrema violencia abonan a la construcción de un debate muy importante sobre la importancia de generar verdaderos cuerpos de seguridad en el orden civil (policías estatales y municipales de proximidad). La disputa incluso por la legitimidad para ejercer el poder -el cual padecen los gobiernos actuales- no tendrá lugar si el actuar de las fuerzas policiales está orientada desde el estricto respeto a los derechos humanos; la legitimidad de origen con que cuenta el Estado podrá ser fortalecida si se suprime cualquier asomo de discriminación de cualquier tipo y el uso mortal de la fuerza pública.


Los paralelismos entre los casos suscitados en México y Estados Unidos sirven bien para reflexionar sobre el estado actual de la sociedad, caracterizada por la altivez al señalar lo injusto. Ahí está el nivel de las protestas en Washington y el grado de indignación internacional.


El reto en la realidad mexicana es mayúsculo, tan sólo las recientes estadísticas publicadas en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi, demuestran que solamente el 22.1% de los encuestados manifestó conformidad o satisfacción con el trato recibido en su contacto con autoridades de seguridad pública. Además, el grado de confianza -por ejemplo- en la Guardia Nacional (cuerpo de las fuerzas armadas encargado de tareas de seguridad pública) solamente cuenta con el 62.8% de confianza, por debajo del 86.8% de las personas que confían más en sus familiares que en cualquier otra institución u organización de la sociedad. Vaya problema, que la confianza en los otros se circunscriba en el círculo reducido de parentesco o familiar.


En tanto, sucesos como los presentados esta semana abonan la baja confianza y la pérdida de legitimidad. También hacen más fuerte el reclamo de institucionalidad, derechos humanos, eliminación de cualquier forma de discriminación, respeto a la vida y mejora de los protocolos seguidos por los cuerpos de seguridad. Ese bien puede ser un compromiso gubernamental, sobre todo de un gobierno que asume como transformados de un régimen y un sistema. La revisión del Protocolo de Actuación (Primer Respondiente) generado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, debe entrar a un proceso de revisión, evaluación y mejora con el enfoque de derechos humanos y consecuentemente de erradicación de la discriminación, por ejemplo, por causas raciales o de género.


Hasta en tanto no se cuente con mejores cuerpos de seguridad, verdaderos, la disputa por el monopolio del uso de la fuerza persistirá. Ojalá pronto no contemos con sucesos tan desafortunado, esa debe ser una aspiración transformadora y democrática.


La complejidad de las sociedades contemporáneas ha degradado -en cierto sentido- el epicentro de autoridad antes ubicado única y exclusivamente en el Estado (en consecuencia, en los gobiernos y administraciones públicas) para mantener el orden y preservar los derechos de los individuos relacionados unos con otros en la sociedad. Algunos teóricos como Joel Migdal, incluso han apuntalado la idea descriptiva de que actualmente el Estado es una organización más en la sociedad, una que compite, riñe y constriñe con otras, las cuales responden a la misma pluralidad de las sociedades modernas y por tanto pueden ser benéficas, benignas o francamente negativas, por ejemplo: las empresas transnacionales, las organizaciones de la sociedad civil -las cuales son un aditamento necesario para la democracia real- pero también casos como organizaciones centradas en la delincuencia.


En este sentido se ha generado un entorno de disputa por el poder, el Estado, otrora monopolio del uso legítimo de la fuerza, ahora busca remarcarlo no solamente desde el establecimiento del Estado de Derecho sino también por la fuerza, así se explica el fortalecimiento de las fuerzas armadas. Sin embargo, esta búsqueda por reivindicar el poder del Estado ha generado escenarios de máxima tensión en los que el uso desmedido de la violencia ha despertado voces y generado movimientos sociales, profundamente legítimos y válidos. Tal es el caso de lo sucedido en la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos, en el que una persona de origen afroamericano perdió la vida a causa de la brutalidad policial (quizás explicada desde raíces de discriminación racial), también el caso de Giovanni quién, también por uso desmedido de la fuerza policial perteneciente al municipio de Ixtlahuacán en Jalisco perdió la vida.


Estos dos escenarios de extrema violencia abonan a la construcción de un debate muy importante sobre la importancia de generar verdaderos cuerpos de seguridad en el orden civil (policías estatales y municipales de proximidad). La disputa incluso por la legitimidad para ejercer el poder -el cual padecen los gobiernos actuales- no tendrá lugar si el actuar de las fuerzas policiales está orientada desde el estricto respeto a los derechos humanos; la legitimidad de origen con que cuenta el Estado podrá ser fortalecida si se suprime cualquier asomo de discriminación de cualquier tipo y el uso mortal de la fuerza pública.


Los paralelismos entre los casos suscitados en México y Estados Unidos sirven bien para reflexionar sobre el estado actual de la sociedad, caracterizada por la altivez al señalar lo injusto. Ahí está el nivel de las protestas en Washington y el grado de indignación internacional.


El reto en la realidad mexicana es mayúsculo, tan sólo las recientes estadísticas publicadas en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi, demuestran que solamente el 22.1% de los encuestados manifestó conformidad o satisfacción con el trato recibido en su contacto con autoridades de seguridad pública. Además, el grado de confianza -por ejemplo- en la Guardia Nacional (cuerpo de las fuerzas armadas encargado de tareas de seguridad pública) solamente cuenta con el 62.8% de confianza, por debajo del 86.8% de las personas que confían más en sus familiares que en cualquier otra institución u organización de la sociedad. Vaya problema, que la confianza en los otros se circunscriba en el círculo reducido de parentesco o familiar.


En tanto, sucesos como los presentados esta semana abonan la baja confianza y la pérdida de legitimidad. También hacen más fuerte el reclamo de institucionalidad, derechos humanos, eliminación de cualquier forma de discriminación, respeto a la vida y mejora de los protocolos seguidos por los cuerpos de seguridad. Ese bien puede ser un compromiso gubernamental, sobre todo de un gobierno que asume como transformados de un régimen y un sistema. La revisión del Protocolo de Actuación (Primer Respondiente) generado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, debe entrar a un proceso de revisión, evaluación y mejora con el enfoque de derechos humanos y consecuentemente de erradicación de la discriminación, por ejemplo, por causas raciales o de género.


Hasta en tanto no se cuente con mejores cuerpos de seguridad, verdaderos, la disputa por el monopolio del uso de la fuerza persistirá. Ojalá pronto no contemos con sucesos tan desafortunado, esa debe ser una aspiración transformadora y democrática.