La pandemia colocó al mundo en un estado de crisis permanente. Bajo este contexto los gobiernos tomaron decisiones con una base de información corta, imprecisa y marginal en términos de efectividad. Incluso los ejercicios de prospectiva realizados por organismos internacionales resultaron deficientes al momento de definir posibles escenarios detonados por el problema de salud pública y qué decisiones en materia de política pública se podrían tomar.
En términos generales, el problema rebasó el dimensionamiento planteado inicialmente y, en consecuencia, generó: acentuación de las desigualdades globales por ejemplo en el acceso a las vacunas, profundización de las desigualdades sociales al interior de los Estados Nacionales, Desaceleración Económica reflejada en la disminución de los niveles de producción interna de los países y, por añadidura, debilitamiento de la estabilidad de las finanzas públicas.Los Estados y por tanto gobiernos y administraciones públicas no estaban preparados para generar respuestas institucionales al problema. No es un tema menor. La incapacidad para que las exigencias de la sociedad ante un asunto de tales dimensiones adquieran el carácter prioritario de atención pública, ahora mismo han devenido en la movilización, el encono e incluso la violencia.
En el libro “La Edad de la Ira” de Pankaj Mishra se aborda con mucha genialidad el problema de la violencia contemporánea. A pesar de que el planteamiento central en la primera parte es una crítica rigurosa a la uniformidad y aspiración global del pensamiento occidental sin la menor consideración cultural de otras regiones en el mundo y cómo esto ha detonado que la violencia sea un síntoma de descontento con tal fenómeno; hay una parte que refiere cómo aquellos menos favorecidos por las prácticas occidentales del liberalismo económico y la propia democracia pueden llegar a emplear la violencia como forma radical de cambio. Es cierto y el mundo post-pandémico está experimentando esta realidad.
Para demostrar lo anterior basta con observar los sucesos en Colombia. En dicho país latinoamericano, ahora mismo sostiene protestas sociales y una escalada en los actos de represión. Todo surgió a partir de los estragos por la pandemia y la necesidad del gobierno central por fortalecer sus capacidades a partir de mejor recaudación fiscal. El presidente de Colombia propuso una reforma fiscal teniendo en consideración que el año 2020 representó una caída de 6.8% del Producto Interno Bruto, 15.9% en el indicador de desempleo y la pobreza monetaria cerró en un 42.5%. Escenario caótico. Por ello la propuesta de reforma fiscal y la Ley de Solidaridad Sostenible tenían cierta lógica en términos de recuperación económica y fortalecimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, la población más afectada por la pandemia parecía ser simultáneamente la fracción de sociedad más señalada con cargas tributarias en la propuesta, por mencionar algunas: el incremento del IVA del 39% al 43% y el aumento de la base de contribuyentes vía impuestos sobre la renta.
Es quizás sintomático de la crisis, el reacomodo social y económico, y por tanto, la presencia de la movilización política y cuando ésta no es atendida eficazmente por las instituciones del Estado. Entonces la violencia que, como bien decía Hannah Arendt, es el fin (fracaso) de la política.
El caso de Colombia despierta las alarmas sobre todo en los países de renta media en los cuales la crisis pandemia ha multiplicado sus efectos negativos. Esta realidad sonora de los efectos de la ineficacia pública gubernamental debe llegar a los oídos de quienes ejercen el poder público. En nuestro país, justo en medio de procesos electorales locales y también federales para renovar la Cámara de Diputados, debe haber suficiente resonancia de la importancia de resolver los problemas inmediatos e iniciar con toda seriedad la recuperación económica por medio también de la inversión pública. Quizás en este escenario pierde lugar la austeridad entendida como recortes a programas y políticas públicas y ahora se dimensiona como una herramienta para reorientar el gasto desde una perspectiva estratégica.
Mirar al exterior, conocer y analizar los problemas a los que se enfrentan otros países, genera mayores probabilidades de éxito en las decisiones tomadas. En México es necesario que los tomadores de decisiones miren más hacia el exterior. Esto puede ser determinante entre salir, permanecer o agudizar las crisis.
