/ sábado 22 de mayo de 2021

Los Avatares de Nuestro Tiempo | La necesidad de programas sociales

Los niveles de pobreza y desigualdad social en México son ética y políticamente insostenibles. Es la explicación causal de la creación de innumerables programas sociales que –en ocasiones- funcionan más bien como paliativos lejos de constituirse como soluciones estructurales a estos problemas contemporáneos que cada vez se agudizan más. Si la eficiencia de los programas sociales con incidencia en la reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad funcionaran como un silogismo lógico, sería entender que: a mayor presencia gubernamental en la atención del problema, mejores resultados y por tanto reducción gradual de la inversión en política social.

Sin embargo, en México no ha existido relación proporcional entre la inversión y existencia de programas de política social y la reducción de la población total en situación de pobreza. Al menos hasta el año 2016 se registraba la misma cantidad de población en situación de pobreza que en el año 1992. Este dato contrasta con el incremento exponencial de los presupuestos destinados a la suficiencia en programas sociales de transferencias directas a las personas.

Esta inquietante realidad de los resultados de la política social puede ser explicada, como lo señala el texto de “Política Social y combate a la pobreza en México. Análisis de la cartilla social“ de la autoría de Raymundo Campos, por dos razones fundamentales: la primera es que los programas podrían estar ofreciendo apoyos marginales o insuficientes para que las familias o individuos logren mejores condiciones de vida y alcanzar la línea de bienestar mínima; la segunda está relacionada con la posibilidad de que los programas podrían no estar respondiendo a los grupos de población más vulnerables, tanto por deficiencias en términos de ingreso como por condiciones estructurales como la región la región geográfica en la que habitan o el difícil acceso a bienes y servicios públicos.

Ahora mismo el Gobierno federal ha impulsado una agenda amplia de política social. Ha invertido una cantidad considerable del Presupuesto de Egresos de la Federación en una estructura programática centrada en el otorgamiento de montos fijos a población específica: adultos mayores, jóvenes sin oportunidad de estudiar o trabajar. También existe el diferencial de que la mayor parte de los programas están centrados en transferencias directas y no en la generación de capacidades productivas. Salvo, quizás, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Esto no es una crítica a la política social actual. Más bien es la reafirmación de que los programas con incidencia en la reducción de desigualdad social y pobreza son necesarios y los gobiernos deben invertir adecuadamente en la implementación de estas estrategias y elementos indispensables en la gestión pública contemporánea.

Las fallas de progresividad en la atención de los grupos más vulnerables a partir de la consideración, por ejemplo, de elementos de ubicación geográfica, es un área de oportunidad para el replanteamiento de varios programas. Es decir, los montos únicos o uniformes en el país, difícilmente lograran reducir los indicadores, en cambio montos diferenciados en zonas con mayor marginalidad podrían ser más eficaces en el objetivo de alcanzar la línea del bienestar.

Además de puntualizar estos factores modernizadores de la política social, es indispensable reafirmar el rol protagónico del Estado (como organización política) para garantizar la seguridad, bienestar y desarrollo de los individuos inscritos en una sociedad diversa. Este rol requiere de la generación de capacidades e instituciones para lograr configurar un verdadera Estado de Bienestar que ofrezca servicios y bienes relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, etc., pilares indisociables del bienestar y desarrollo humano.

Los programas de la política son importantísimo, necesarios e insustituibles en este momento. Sin embargo, el sostenimiento de éstos sin la generación de resultados solamente es el fenómeno de residualización en la atención de la pobreza y la desigualdad social.

Por esta razón, las y los candidatos a los cargos de elección popular deben tener en cuenta la necesidad de generar políticas públicas eficaces en la atención del problema público que identifican, la imperiosa demanda de legislar en diversas materias para fortalecer las instituciones que dirigen la política social y para lograr financiar los proyectos, programas y política de esta naturaleza. Es un deber político y ético contemporáneo.

Los niveles de pobreza y desigualdad social en México son ética y políticamente insostenibles. Es la explicación causal de la creación de innumerables programas sociales que –en ocasiones- funcionan más bien como paliativos lejos de constituirse como soluciones estructurales a estos problemas contemporáneos que cada vez se agudizan más. Si la eficiencia de los programas sociales con incidencia en la reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad funcionaran como un silogismo lógico, sería entender que: a mayor presencia gubernamental en la atención del problema, mejores resultados y por tanto reducción gradual de la inversión en política social.

Sin embargo, en México no ha existido relación proporcional entre la inversión y existencia de programas de política social y la reducción de la población total en situación de pobreza. Al menos hasta el año 2016 se registraba la misma cantidad de población en situación de pobreza que en el año 1992. Este dato contrasta con el incremento exponencial de los presupuestos destinados a la suficiencia en programas sociales de transferencias directas a las personas.

Esta inquietante realidad de los resultados de la política social puede ser explicada, como lo señala el texto de “Política Social y combate a la pobreza en México. Análisis de la cartilla social“ de la autoría de Raymundo Campos, por dos razones fundamentales: la primera es que los programas podrían estar ofreciendo apoyos marginales o insuficientes para que las familias o individuos logren mejores condiciones de vida y alcanzar la línea de bienestar mínima; la segunda está relacionada con la posibilidad de que los programas podrían no estar respondiendo a los grupos de población más vulnerables, tanto por deficiencias en términos de ingreso como por condiciones estructurales como la región la región geográfica en la que habitan o el difícil acceso a bienes y servicios públicos.

Ahora mismo el Gobierno federal ha impulsado una agenda amplia de política social. Ha invertido una cantidad considerable del Presupuesto de Egresos de la Federación en una estructura programática centrada en el otorgamiento de montos fijos a población específica: adultos mayores, jóvenes sin oportunidad de estudiar o trabajar. También existe el diferencial de que la mayor parte de los programas están centrados en transferencias directas y no en la generación de capacidades productivas. Salvo, quizás, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Esto no es una crítica a la política social actual. Más bien es la reafirmación de que los programas con incidencia en la reducción de desigualdad social y pobreza son necesarios y los gobiernos deben invertir adecuadamente en la implementación de estas estrategias y elementos indispensables en la gestión pública contemporánea.

Las fallas de progresividad en la atención de los grupos más vulnerables a partir de la consideración, por ejemplo, de elementos de ubicación geográfica, es un área de oportunidad para el replanteamiento de varios programas. Es decir, los montos únicos o uniformes en el país, difícilmente lograran reducir los indicadores, en cambio montos diferenciados en zonas con mayor marginalidad podrían ser más eficaces en el objetivo de alcanzar la línea del bienestar.

Además de puntualizar estos factores modernizadores de la política social, es indispensable reafirmar el rol protagónico del Estado (como organización política) para garantizar la seguridad, bienestar y desarrollo de los individuos inscritos en una sociedad diversa. Este rol requiere de la generación de capacidades e instituciones para lograr configurar un verdadera Estado de Bienestar que ofrezca servicios y bienes relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación, etc., pilares indisociables del bienestar y desarrollo humano.

Los programas de la política son importantísimo, necesarios e insustituibles en este momento. Sin embargo, el sostenimiento de éstos sin la generación de resultados solamente es el fenómeno de residualización en la atención de la pobreza y la desigualdad social.

Por esta razón, las y los candidatos a los cargos de elección popular deben tener en cuenta la necesidad de generar políticas públicas eficaces en la atención del problema público que identifican, la imperiosa demanda de legislar en diversas materias para fortalecer las instituciones que dirigen la política social y para lograr financiar los proyectos, programas y política de esta naturaleza. Es un deber político y ético contemporáneo.